El próximo 1º de junio se llevará a cabo una elección inédita en nuestro país. Por primera vez en la historia, la ciudadanía elegirá, mediante voto personal, libre y secreto, a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros.
Este suceso histórico deriva de la reciente reforma al Poder Judicial, que cambió toda una estructura establecida, pero a su vez, cambia también las reglas del juego, caminando hacia un sendero del que se carece de expertise y de un sistema totalmente renovado, mismo que se ha venido adecuando en el camino conforme las necesidades así lo ameritan, pero que mantiene una serie de ambigüedades y claroscuros que dejan a la deriva la adecuada realización del proceso.
Entre estas áreas de oportunidad, quiero señalar una que nos afecta directamente: la prohibición, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), a que los sindicatos realicen o participen en actos de difusión relacionados con las elecciones judiciales.
Esta disposición vulnera de forma concreta el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales. Es fundamental aclarar que los sindicatos no somos partidos políticos, ni recibimos financiamiento público, por lo tanto, esta restricción no garantiza imparcialidad, sino que constituye una forma de censura institucional que atenta contra la autonomía sindical.
Consideramos que es una invasión a los derechos al acceso a la información de la sociedad civil, en particular de las y los trabajadores, quienes también son ciudadanas y ciudadanos, afectando el panorama de diálogo y debate que hemos construido desde la esfera sindical.
Nuestro compromiso con las y los trabajadores no se limita a la defensa de sus derechos laborales y prestaciones; incluye también el acceso a información veraz, plural y oportuna, especialmente en un proceso tan relevante para el rumbo de la nación, como lo es la elección de quienes habrán de impartir justicia.
Dicho esto presenté una impugnación formal ante el INE para que esta medida sea reconsiderada y modificada, privilegiando el deber con la divulgación informativa, reiterando que somos los sindicatos quienes autogestionamos estas reuniones en nuestras propias instalaciones de manera plural y abierta, buscando que este deber democrático y republicano ante el proceso a celebrarse el primero de junio se mantenga, ejerciendo una correcta participación política y ciudadana, misma que está por encima de cualquier censura administrativa.
Las elecciones judiciales representan un ejercicio democrático sin precedentes, al que estamos llamados a participar de manera activa, pero sobre todo informada. Defender el derecho de las y los trabajadores a conocer a sus candidatas y candidatos es garantizar que puedan ejercer un voto consciente sobre quiénes integrarán el Supremo Poder de la Federación, particularmente al Poder Judicial. Sólo así podremos avanzar, desde la unidad, en la construcción de un proyecto de nación que responda a los principios de justicia auténtica, imparcial y verdaderamente al servicio de México.
Secretario general adjunto de la CTM
