Luego de abandonar de manera abrupta la reunión del G7 en Kananaskis, Canadá, para atender la escalada de violencia entre Israel e Irán, Donald Trump recurre de nuevo a su táctica predilecta: posponer decisiones. “Decidiré si ir o no (a Irán) en las próximas dos semanas”, lo citó ayer su vocera, dejando, una vez más, en suspenso la respuesta estadounidense ante la crisis.
La urgencia que marcó los días anteriores parece haberse disipado, y ahora, la resolución sobre el conflicto que domina los titulares internacionales puede esperar. La posibilidad de una intervención de Estados Unidos en la región ha estado sobre la mesa durante días, y el propio Trump ha jugado abiertamente con esa carta. Fiel a su estilo, alterna amenazas de ataques inminentes con la insinuación de negociaciones que “puede que ocurran o puede que no”.
Luego de leer el anuncio, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que Irán ya cuenta con todo lo necesario para fabricar un arma nuclear; sólo falta, añadió, “una decisión del líder supremo para hacerlo”. Una declaración que pone en entredicho el plazo de “dos semanas” para decidir. Si Irán realmente estuviera a un paso de obtener el arma nuclear, difícilmente habría margen para otorgar ese periodo de gracia. Una vez más, la retórica trumpista vuelve a jugar con la amenaza (en redes sociales y escritas con mayúsculas) y con el recurso del tiempo extra.
Detrás de ello lo que en realidad hay es un Donald Trump que enfrenta la disyuntiva entre traicionar su promesa de no arrastrar a Estados Unidos a nuevos conflictos y su también demostrado interés en evitar que Irán logre desarrollar un arma nuclear.
El plazo de dos semanas revela una contradicción insalvable: si Irán puede fabricar un arma nuclear a la orden del ayatolá Khamenei, según la Casa Blanca, cualquier ataque preventivo perdería sentido tras el vencimiento de la moratoria autoimpuesta. La ventana estratégica se cierra en el mismo instante que Trump se otorga para decidir. Pero mientras el presidente pospone, el Pentágono prepara el USS Ford para viajar al Mediterráneo y evalúa bombas de 13,600 kg (las llamadas bunker-buster) para destruir Fordow, la segunda planta más importante de enriquecimiento de uranio que posee Irán. Estos movimientos desmienten la narrativa de "paciencia" y exponen la coreografía de tensión calculada.
Sin embargo, para que Washington pueda entrar en el conflicto, Trump enfrenta al menos dos barreras. Primero, el freno constitucional. La Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Poderes de Guerra de 1973 exigen que cualquier acción militar prolongada sea autorizada por el Congreso. En circunstancias limitadas puede ordenar ataques puntuales, pero una operación a gran escala, como la que implicaría atacar infraestructura nuclear iraní, necesitaría respaldo legislativo. Esta semana, legisladores de ambos partidos presentaron una resolución que busca reafirmar esa obligación. Sin aval del Congreso, cualquier acción ofensiva sería ilegal tras 60 días. Atacar instalaciones nucleares no califica como "defensa propia.”
Segundo: el apoyo popular. Solo el 14% de estadounidenses apoya acciones militares contra Irán. A esto se suman las encuestas de aprobación presidencial que ronda solo el 41-46% con la desaprobación superando el 50%. Una guerra alienaría a su base anti-intervencionista y podría erosionar más su respaldo.
El espectáculo trumpista sigue un libreto conocido. Trump vacila ante una decisión que podría arrastrar a su administración a una guerra que no desea y por la que no quiere ser recordado. Pero duda también porque se niega a parecer débil, y teme que, si no actúa, un futuro cercano revele el verdadero alcance del potencial nuclear iraní a través de un ataque. Los movimientos calculados del Pentágono parecen apostar a que una provocación iraní justifique la respuesta. Pero Teherán lo sabe, y difícilmente cometerá ese error.