La reciente crisis diplomática entre México y Ecuador, culminada con el asalto a la Embajada de México en Quito, evidencia un grave fallo en la gestión diplomática de ambas naciones. Lo ocurrido ilustra la complejidad y pertinencia de las normas de las relaciones internacionales, particularmente la inviolabilidad de las misiones diplomáticas
El error inicial provino de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de otorgar asilo a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante la administración del controvertido Rafael Correa, y condenado por corrupción. La Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático (1954) y la Convención de La Habana sobre Asilo (1928) proporcionan el marco jurídico relevante para estos casos.
La Convención de Caracas, en su Artículo 1, permite a las misiones diplomáticas conceder asilo en casos de persecución política, especificando claramente que este derecho no se extiende a las personas perseguidas por delitos comunes. De manera similar, la Convención de La Habana, en su Artículo 3, prohíbe el asilo a individuos acusados de delitos comunes.
Al conceder asilo político a una persona ya condenada en el país anfitrión, México intervino directamente en los asuntos internos de Ecuador, lo que desató una serie de eventos que culminaron en una enérgica condena el día de ayer de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La resolución, aprobada con 29 de 32 votos, evidencia que la mayoría de los países miembros del organismo considera que hubo violaciones al derecho internacional por parte de ambas naciones. Sin mencionar explícitamente a México ni al presidente López Obrador, el texto critica la "falta de respeto a las convenciones diplomáticas al conceder asilo" a Glas. Al mismo tiempo, recuerda que las sedes diplomáticas "no deben utilizarse de manera incompatible con las funciones de la misión" y que los Estados deben evitar "intervenir en los asuntos internos de otras naciones".
La OEA, a pesar de su crítica a ambas partes, apunta hacia una resolución constructiva del conflicto, enfatizando la importancia del diálogo y el respeto mutuo a las normativas internacionales. Luego de que las declaraciones del martes pasado de Matthew Miller, vocero del departamento de Estado de Estados Unidos, y del enérgico posicionamiento del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se sumaran a la lista de condenas contra Ecuador por el allanamiento a la Embajada, el país sudamericano se sumió en el caos politico.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, había contado con el apoyo parlamentario necesario para implementar su programa de gobierno. Sin embargo, el pacto político parece haber llegado a su fin. Para Ecuador parece imperativo terminar con esta crisis que ha puesto sobre la mesa el juicio político para al menos dos ministras del gobierno actual. Así, la matizada resolución final aprobada ayer en la OEA, parecería haber llegado justo a tiempo. La canciller ecuatoriana incluso declaró que a su país le parecía “justa” abriendo la posibilidad para un restablecimiento de relaciones con México. En este contexto, la exigencia de México a Ecuador, de conceder un salvoconducto para el exvicepresidente Glas como condición sine qua non para restaurar las relaciones diplomáticas se antoja, cuando menos, absurda.
Lo ocurrido entre México y Ecuador no es solo el resultado de un acto impulsivo o aislado, sino de una serie de errores diplomáticos y la contaminación de las relaciones por razones de política interna en ambos países. La resolución de esta crisis requiere un enfoque diplomático más reflexivo y respetuoso con las normas internacionales.
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