"John Marshall ha tomado su decisión; ahora, que la haga cumplir". Con estas palabras, el presidente Andrew Jackson desafiaba en 1832 la autoridad de la Corte Suprema. El fallo en cuestión, Worcester v. Georgia, buscaba proteger las tierras cherokee de la codicia de Georgia. Pero Jackson, imbuido de su "destino manifiesto", no permitiría que un puñado de jueces obstaculizara su visión de una América expandida.
Lo que en apariencia era una defensa de la soberanía estatal escondía, en realidad, un ataque frontal a la independencia judicial. Jackson, en su afán por consolidar el control sobre el destino territorial de la nación, estaba dispuesto a ignorar uno de los pilares esenciales de la democracia: la separación de poderes. No es casual que este desafío sentara un precedente, aun cuando muchos lo justificaron como necesario para el "progreso" del país. Los defensores de la Constitución advirtieron los peligros de cruzar esa línea. Sabían bien que la democracia no puede sobrevivir si las decisiones de la Corte Suprema se convierten en meras sugerencias para el Ejecutivo.
El trágico resultado de este desafío, el infame "Sendero de Lágrimas"- la reubicación forzada de aproximadamente 60,000 nativos americanos que causó miles de muertes -, dejó una lección clara: una Corte Suprema cuyas decisiones son respetadas no es un lujo, sino un requisito indispensable para la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio de poder. Sin ese respeto al contrapeso judicial, el riesgo de un gobierno que actúa con impunidad no es solo una posibilidad, es una amenaza real para la democracia misma.
Este episodio oscuro de la historia nos recuerda que la verdadera fortaleza de una nación no reside en la voluntad inquebrantable de su líder, sino en el respeto irrestricto a las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes. Sin ese respeto, el edificio de la democracia se tambalea, amenazando con derrumbarse bajo el peso de la ambición desmedida y la arbitrariedad.
Casi dos siglos después, el eco de las palabras de Jackson resuena en los pasillos del Palacio Nacional de México. "Este plan de reorganización judicial busca infundir nueva sangre y mayor eficiencia en los tribunales", declaraba el presidente López Obrador, al presentar su polémica reforma al Poder Judicial. Una propuesta sin precedentes, que busca elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, reduciendo además el número de estos últimos de 11 a 9.
Lo que en apariencia es una propuesta para "democratizar" el sistema judicial, esconde, en realidad, una amenaza a la independencia del poder judicial tan peligrosa como la de Jackson. AMLO, imbuido de su visión de "transformación", ha dejado claro que no permitirá que un puñado de jueces obstaculice su proyecto político. Al igual que Jackson, López Obrador y su partido, Morena, en su afán por concentrar el poder, están dispuestos a desarticular uno de los pilares esenciales de la democracia: el control del poder y la independencia judicial.
La arrogancia de Morena y sus diputados al ignorar tres suspensiones provisionales al proceso legislativo ordenadas por jueces federales evoca la misma audacia con la que Jackson desafió a la Corte Suprema. En ambos casos, vemos un poder ejecutivo y legislativo que no permiten que las decisiones judiciales obstaculicen sus ambiciones políticas.
El objetivo es claro: asegurar que el poder judicial no frustre las reformas de su ambicioso proyecto, pero el costo para la independencia judicial es altísimo. Aunque justifican su plan como una modernización del sistema judicial, la realidad es que intentan ejercer control sobre la Corte Suprema, transformando un órgano independiente en una extensión del poder ejecutivo. El objetivo es claro: asegurar que el poder judicial no frustre las reformas de su ambicioso proyecto. Pero el costo para la independencia judicial es altísimo.
Si el "Sendero de Lágrimas" fue el trágico resultado del desafío de Jackson, ¿qué sendero oscuro nos espera si permitimos que esta crisis constitucional avance sin oposición? Las protestas de los trabajadores judiciales, las advertencias de juristas y la preocupación de inversionistas son señales de alarma que no podemos ignorar.
La decisión está en manos del Senado. Estamos ante el voto de UN Senador o Senadora en contra de una purga masiva del Poder Judicial. La verdadera fortaleza de una nación no reside en la voluntad inquebrantable de un líder caciquil o de un partido político, sino en el respeto irrestricto a las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes. Sin ese respeto, el edificio de la democracia se tambalea, amenazando con derrumbarse bajo el peso de la ambición desmedida y la arbitrariedad. La historia nos ha enseñado, dolorosamente, que cuando los líderes buscan controlar a los jueces, el estado de derecho se desmorona y la tiranía acecha en las sombras.
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