En 1924, durante una asamblea de magistrados lombardos en Como, Italia, el Magistrado Pier Amato Perretta, representante del tribunal de la ciudad, propuso un orden del día en defensa de la autonomía judicial. “Los magistrados (...) declaran (...) que, en el orden de sus votos, el primero de todos es el de la mayor autonomía y la independencia efectiva de su función, no por su prestigio, sino por la máxima garantía común.”
Perretta no pronunciaba estas palabras en abstracto. Eran los años en que buena parte del norte de Italia vivía ya bajo la presión asfixiante de una consolidación fascista que avanzaba sin remedio. Los camisas negras actuaban con impunidad: los diarios independientes eran asediados y los partidos opositores eran disueltos. El desmantelamiento institucional se combinaba con otra estrategia más sofisticada y duradera: la captura del poder judicial. Los jueces incómodos eran trasladados bajo pretextos administrativos, los ascensos dependían de la cercanía con el régimen, y las garantías formales de inamovilidad eran vaciadas desde adentro. Se trataba de un proceso de control progresivo: disciplinar al juez para subordinar a la justicia.
En ese contexto, lo que el juez Perretta defendía no era un privilegio, sino la esencia misma de la función judicial: el deber de proteger al ciudadano frente al poder. El principio que separa a la justicia de la política y al juez del gobierno. Perretta, como es de suponerse, se volvió incómodo para el régimen.
En 1925, ordenó la detención de militantes fascistas implicados en un ataque a una sede socialista. Poco después, firmó una resolución en contra del líder sindical cercano a Mussolini. Estas decisiones bastaron para que el Ministerio del Interior lo señalara como “elemento hostil”. El ministro de Justicia, Alfredo Rocco, aprovechó el momento para solicitar formalmente al Consejo de la Magistratura el traslado de Perretta a otra sede. Para entonces, dicho órgano ya no actuaba con independencia sino subordinado al poder ejecutivo.
Este no fue un episodio aislado sino parte de una estrategia sistemática. El régimen no necesitó reformar la Constitución para debilitar la independencia judicial, la subordinación -o exclusión- de los jueces se logró desde dentro. Lo que estaba en juego era el papel del juez como límite al poder.
Hoy en México resuena el eco de esa historia. La ruta está trazada: el próximo 1 de junio se elegirá, entre otros cargos, a quienes integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Ese órgano, que será clave para sancionar, remover o condicionar la carrera de jueces y magistrados, no será independiente. Morena ha difundido públicamente un “acordeón para votar” que incluye, como candidatos al Tribunal, a personas identificadas con su proyecto político. Como en la Italia de Mussolini, se busca controlar el órgano que decide quién asciende, quién permanece y quién debe irse. El riesgo no es solo la remoción de quienes incomodan, es la transformación del juez en funcionario del régimen, cuyo mérito ya no será la imparcialidad, sino la obediencia y que ahora decidirá no con base en la Constitución sino en la expectativa política.
Esta elección no solo es una farsa democrática que se evidenciará con el fraude del próximo domingo; será, además, uno de los pasos fundacionales del autoritarismo que poco a poco se instala en México. El Poder Judicial independiente era el último bastión institucional capaz de proteger al ciudadano frente a los abusos del poder político. Era la última frontera frente a la desintegración del orden constitucional. Lo que viene es una simulación: un “Poder Judicial del pueblo” donde los jueces, temerosos de sanciones impuestas por leales al régimen en un Tribunal Disciplinario, preferirán la obediencia a la justicia. La ley entonces dejará de ser un límite para el poder, para convertirse en su coartada.
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