El proyecto de autopista de Palenque a San Cristóbal de las Casas ha sido impugnado judicialmente por indígenas de distintas comunidades en Chiapas integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE). Reclaman que no se les brindó información sobre el trazo o las localidades que afectará el megaproyecto “Ruta de las Culturas Mayas”, ni la relacionada a impacto sociocultural y ambiental. Además, que antes de las asambleas con las que el gobierno afirma se dio el consentimiento, hubo presión y condicionamiento sobre los programas sociales.
Este proyecto impulsado por el gobierno federal y ejecutado por el gobierno de Chiapas pone a prueba el reconocimiento del Estado mexicano de los pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación, además del estatus de sujetos de derecho público otorgado mediante la reforma al artículo 2 constitucional el año pasado.
La presidenta Sheinbaum afirmó en diciembre pasado que las comunidades participarían no solo en su consulta, sino además en su administración y que el gobernador Eduardo Ramírez realizaría una consulta indígena y popular, que recogiera el sentir de las comunidades. De acuerdo con los amparos, no existió información previa y adecuada a su cultura y lengua, solo contaron con la proyección de un video en las asambleas, en las que la votación se dio a mano alzada y con participación de personas externas para dar una apariencia de consentimiento. Si las consultas se validaron en estas condiciones, representa un problema serio de instrumentalización democrática y el derecho a la consulta.
Al hablar de beneficio social y desarrollo, las comunidades indígenas tienen una cosmovisión diferente a la del resto de la sociedad. En el centro del debate se encuentra la forma particular en que definen su existencia y se entienden en el territorio. Cuando se afirma: “la tierra no se vende, se ama y se defiende” existe una identidad cultural específica con un estatus constitucional de naturaleza colectiva que debe ser respetado.
En el marco del anuncio de las acciones de defensa judicial, las comunidades emitieron la “Declaratoria de pueblos libres de megaproyectos”, en la que señalan que el territorio es cultura viva y merece una especial protección. Esto es una expresión del ejercicio del derecho a determinar su propia forma de existencia y a la preservación de entornos territoriales. De esta forma, el Estado y el Poder Judicial de la Federación enfrentan la obligación de respetar y garantizar estos derechos protegidos en el derecho internacional.
Situaciones de este tipo deben conducir a replantear el concepto de democracia y la justicia constitucional. Si las comunidades afirman que la Madre tierra y el territorio conforman su modo de existencia con una cultura, cosmovisión y una forma única de sentir-pensar la vida, el concepto de deliberación democrática debe trascender la visión estatal de “llevar” desarrollo a las comunidades o señalar que una mayor cantidad de población elije o apoya el proyecto de autopista en aras del crecimiento económico o de la actividad turística.
Por su parte, la justicia constitucional debe replantearse para garantizar los derechos colectivos y asegurar que las decisiones de Estado, la política pública y la gestión de los gobiernos se desarrollen desde una legalidad intercultural en la que las comunidades indígenas se relacionen con el Estado en un plano de horizontalidad y un pluralismo jurídico que asegure incluso el funcionamiento de gobiernos comunitarios. Desde la reforma constitucional de 2001, realizada como consecuencia de los Acuerdos de San Andrés, el poder judicial no ha interpretado el alcance de los derechos a la libre determinación, autonomía y significación cultural especial de los territorios que habitan.
Durante casi 70 años la Constitución invisibilizó el mundo indígena como consecuencia de una relación colonial que limitó su participación política en las acciones del Estado y de una visión paternalista en la que las instituciones han tomado las decisiones sobre los indígenas. Las comunidades han expresado su palabra, corresponde al Estado escucharlos políticamente y garantizar sus derechos en la justicia constitucional.
Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
