Teuchitlán ha evidenciado la crisis de derechos humanos y el funcionamiento descoordinado y revictimizante de las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó rápidamente al presentar acciones. Sin embargo, se precisa un acuerdo nacional para impulsar una política de Estado sobre la base la revisión integral de las fiscalías, la desmilitarización y la paz, todo ello con acuerdo de los colectivos: #SinLasFamiliasNo.
Las medidas no se construyeron con la participación de las personas a las que van dirigidas: los colectivos que han asumido en años recientes el rol del Estado, llegando incluso a desarrollar mayores capacidades en la búsqueda que la institucionalidad constituida. Cualquier política que no involucre a las familias buscadoras, pierde legitimidad.
Además, algunas son reiterativas, como la Base Única de Información Forense. El Banco Nacional de Datos Forenses previsto actualmente en la ley no opera por la falta de voluntad de la FGR. Acciones como no condicionar búsquedas a 72 horas, ya son obligaciones legales e incluso materia de sentencias internacionales desde hace varios años. Al respecto, hay que revisar los resultados institucionales de años recientes. En la administración de López Obrador hubo retroceso en capacidades institucionales, los perfiles de áreas especializadas, la rendición de cuentas y diálogo con las familias y su descalificación, como se da cuenta en el estudio de la IBERO Puebla “Crisis forense e institucional en el contexto de la desaparición en México (2018-2024)”.
Claudia Sheinbaum asumió como “prioridad nacional” la crisis de desaparición y prometió esclarecer Teuchitlán. Sin embargo, resulta preocupante que, en medio de la primera crisis política de la presidenta, voces oficialistas actuaran desacreditando a las madres y padres buscadores. El funcionamiento de campos de reclutamiento forzado y desaparición es muy grave. Pretender diluir el horror con el debate de hornos crematorios, en un lugar que además fue intervenido por las propias autoridades, es parte de un negacionismo agravado por la narrativa violenta contra las familias. La 4T debe hacer un alto a esta política reiterada de descalificación.
El desafío actual es conciliar los intereses de las familias y sus necesidades, bajo el derecho a la verdad y de participación, con las obligaciones de las Fiscalías y las Comisiones de Búsqueda. La preservación de lugares e indicios, necesarios para los procesos de investigación criminal, no puede desplazar el interés de las familias y su derecho a verificar la actuación de las autoridades. El Comité de Desaparición de la ONU ha llamado a México a garantizar la participación de los colectivos en la identificación e investigación, lo que incluye el resguardo y seguimiento de hallazgos. Si los derechos a la verdad y a los procesos judiciales entran en tensión, las autoridades deben redoblar esfuerzos para conciliarlos. Además, Se debe evitar distorsionar el derecho a la información y el papel de los medios al priorizar a las y los periodistas y desplazar a las familias, como lamentablemente aconteció en Teuchitlán.
En el marco del Día de la Verdad, que se conmemora cada 24 de marzo, es necesario recordar que solo con ella se puede acceder a la justicia. El poeta Juan Gelman expresó que “lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad”. El Estado tiene una deuda profunda con miles de familias en México. Para saldarla, se debe superar la narrativa de descalificación de algunos sectores de la 4T, propiciar el diálogo horizontal con los colectivos, revisar el funcionamiento de las Fiscalías y áreas de investigación y solicitar la asistencia técnica internacional para una política que revierta la violencia, la complicidad gubernamental y la impunidad.
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla. @hele_simon
