En medio de la crisis de desaparición la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la localización de las personas desaparecidas es una “prioridad nacional” y anunció una serie de medidas legislativas y políticas frente a la indignación que produjo Teuchitlán y las movilizaciones del fin de semana en todo el país. El anuncio debe colocar a las víctimas y a los colectivos de familias en el centro de las acciones y en todos los niveles del Estado, para asegurarles de forma coordinada, verdad y justicia.
El cambio del discurso de la presidenta Sheinbaum y la presentación de acciones representan un cambio cualitativo y toma distancia de la narrativa del final de sexenio del presidente López Obrador, en el que los cuestionamientos sobre las desapariciones fueron reducidos a ataques de sectores conservadores y a un legado del periodo neoliberal.
En el contexto del proceso electoral, AMLO rechazó la petición de madres buscadoras para recibirlas argumentando que las reuniones eran empleadas por los medios con “propósitos politiqueros”. Además, descalificó al Comité de Desaparición Forzada de la ONU al expresar que no actuaba con apego a la verdad. Al Centro Prodh –una de las organizaciones civiles de mayor prestigio– se le señaló por supuestamente “magnificar” la violencia para favorecer a los conservadores. Incluso, la acusó de defender a los detenidos del caso Ayotzinapa.
Sobre las medidas anunciadas, si bien es loable que se busque fortalecer al Sistema Nacional de Búsqueda con mayor personal y tecnología, se debe considerar a las familias buscadoras, quienes reaccionaron señalando el desconocimiento de los mecanismos institucionales existentes en la Ley General de Desaparición y su falta de implementación, como los Registro Nacionales de Personas Fallecidas y de Fosas. Así como la resistencia de la Fiscalía General de la República a crear el Banco Nacional de Datos Forenses.
Al respecto, en el libro Balance de sexenio y perspectivas de futuro, la IBERO Puebla señaló que la falta de atención a las recomendaciones de Naciones Unidas y el incumplimiento de mandatos normativos e institucionales de la Ley General agravaban la crisis de desaparición. Además, que la disminución presupuestal, el intento de disminuir la cifra mediante un nuevo registro de personas desaparecidas y el privilegiar actores políticos y no perfiles técnicos en las áreas especializadas, representaban un retroceso de las acciones emprendidas al inicio de la administración de López Obrador.
Los colectivos de madres y padres buscadores señalan que la parálisis institucional no responde a la falta de leyes y de protocolos. En este sentido, no se requiere de más derecho, sino de voluntad para una política de Estado coordinada a todos los niveles de
gobierno, incluyendo entidades federativas y municipios, que supere la inercia para la búsqueda de personas y la complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado.
La presidenta Sheinbaum manifestó que “siempre estará del lado de las víctimas y de la justicia”. Si esto es cierto, su gobierno deberá dialogar de frente con las familias y colectivos, impulsar la agenda de pacificación, superar el encono discursivo y reconocer el aporte de las organizaciones de derechos humanos. De ser necesario, solicitar la asistencia técnica de los organismos internacionales y dar pasos decididos para romper las redes de macrocriminalidad que han proliferado en los últimos años.
Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
