La primera semana de campañas judiciales concluye con las peores expresiones del campo electoral y partidista en México. Las y los aspirantes aparecen en redes sociales privilegiando el jingle publicitario, la rima simplista, la proyección de mascotas, el abrazo a la mujer indígena o la arenga en el barrio popular, relegando la difusión de sus resultados, sentencias, casos representados, o críticas a la justicia constitucional.
Es preocupante que, incluso entre personas con trayectoria judicial, se reproduzcan los peores vicios de la democracia electoral. La estrategia que pueda conseguir más votos ha llevado a caricaturizar el proceso, plantear ofertas que no corresponden a los cargos o comprometer sin argumentos mejoras al sistema, los tiempos o la calidad de la justicia.
Candidaturas cimentadas en la apropiación del discurso de género o derechos humanos, que se dicen aliadas de las causas sociales, aunque nunca actuaron así en su trayectoria profesional, judicial o en el quehacer académico. Tenemos aspirantes que, en una pérdida absoluta del decoro, ofrecen aquello que nunca defendieron o que, en aras de conseguir el apoyo oficialista, replican la narrativa que responsabiliza al Poder Judicial de la Federación de la impunidad prevaleciente, aunque sean funcionarios en activo, y, por tanto, parte del problema que hoy denuncian.
No es ilegítimo aspirar a un cargo y participar con las reglas del proceso electoral. Hay aspirantes que se han centrado en las propuestas y en compartir una trayectoria verificable. Existen campañas con dignidad e ideas. Lo que es cuestionable es perder la identidad, apropiarse de un discurso y hacer campaña sobre la base del relativismo ideológico y el pragmatismo político: candidatas y candidatos que pasaron del “'juez votado, corrupto asegurado” a adoptar las prácticas de los partidos políticos.
Con responsabilidad democrática hay que cuestionar a quienes en su trayectoria favorecieron los vicios del sistema de justicia, los formalismos o criterios judiciales anacrónicos y hoy se presentan como paladines de los derechos humanos o del control de convencionalidad, aunque nunca hayan empleado en demandas o sentencias, argumentos del Comité CEDAW, de Relatorías o de la Comisión Interamericana. Más preocupante son las campañas abiertamente partidistas que apelan al bienestar, al pueblo o la transformación para ganar el sentir popular y apoyo del oficialismo. En palabras de José Emilio Pacheco, ahora son todo aquello contra lo que lucharon a los veinte años.
El proceso electoral debería privilegiar la trayectoria profesional, judicial o académica, los casos resueltos o representados, logros verificables en impacto en criterios, sentencias
novedosas en instancias nacionales o internaciones, aunque una estrategia de esta naturaleza sea quizá la que menos voto concite. Las ideas, decía Fidel Castro, son el arma política más poderosa. Si esto es cierto, hoy tenemos, mayoritariamente, candidaturas desarmadas, vacías de contenido. Las y los candidatos enfrentan el dilema de ganar una elección perdiendo los principios. El desafío para la República es tener un poder judicial legitimado por el voto, compuesto por quienes tengan la mejor maquinaria proselitista y partidista y no por las personas con mejores credenciales, perfil idóneo y vocación.
Preservar la dignidad de la función judicial exige recuperar su sentido de servicio. La elección debiera definirse por la autocrítica, trayectorias probadas y propuestas, no por ser el mejor influencer. Es un imperativo ético para las y los candidatos defender los perfiles más idóneos antes que los más populares, y asegurar un mínimo de independencia judicial, elemento necesario para asegurar la calidad democrática y el estado de derecho.
Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
