México, una República democrática, representativa y federal; un país con todo para ser el mejor del mundo, recursos naturales, clima, apertura económica, gente buena y valiosa, hoy agoniza.
Y es que toda democracia tiene que pasar fuertes pruebas para evitar su extinción. Cuando la debilidad del Estado se hace manifiesta por su falta de resultados, hay factores reales de poder que capitalizan esas áreas frágiles para apoderarse sin derecho y sin consentimiento del pueblo, de lo más valioso que tiene: su libertad.
Este panorama no es nuevo, tenemos antecedentes claros a lo largo y ancho del planeta. En nuestro Continente hay cuatro escalofriantes ejemplos: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Países hermanos donde un grupo con ideales comunistas se apropian de los derechos de los ciudadanos hasta controlarlo todo y ponerlo al servicio de una élite.
Generalmente, los movimientos comienzan con un líder carismático que se agrupa en la búsqueda del monopolio del poder y termina en dictaduras claras, donde los derechos fundamentales desaparecen gradualmente.
El modus operandi de estos regímenes represores continúa con balas certeras al Estado de derecho; como ha sucedido en naciones como Turquía, Israel, Polonia o Hungría, donde la apuesta inicial fue por destruir al único poder democrático que puede proteger a los ciudadanos, es decir, los jueces.
En alguno de esos Estados, como el caso de Hungría empezaron por reducir la edad de jubilación para deshacerse de los juzgadores más experimentados. En otros, la determinación es tajante, como en Turquía, para despedir e incluso encarcelar a los jueces con el pretexto de que son terroristas.
Hoy, México nos da indicios de padecer ya el cáncer del comunismo, ideología de probado fracaso en todo el planeta. Prueba evidente de ello es la franca persecución, sin cuartel, iniciada en contra del Poder Judicial Federal, bajo la consigna de los grupos oficialistas de “la Reforma va porque va”; gente de todo el pueblo mexicano se ha levantado ante la injusta masacre, similar a la que sufrieron los órganos autónomos que ya son historia.
Estudiantes, empresarios, migrantes, indígenas, amas de casa, trabajadores del campo, sociedad civil, abogados postulantes, académicos, politólogos y un largo etcétera se suman cada día al ver la sangrante realidad que no se oculta, sino cínicamente se exhibe.
Hoy, pasando por encima de todos los inconformes, que no son sino el pueblo mismo, el oficialismo muestra los dientes y las garras amenazantes de la represión haciendo un uso silencioso, pero eficaz de la fuerza (granaderos y Guardia Nacional).
El pueblo desesperado pide dialogo, prudencia y respeto ante la votación de una absurda reforma judicial. Los oficialistas cambian de sede al ver bloqueado el Congreso y apresuran el mortal golpe a la división de poderes. Nada parece detenerlos, ni la volatilidad del peso, la tragedia económica que se avecina, ni las alertas de todos los órganos internacionales parecen importarles.
Por el contrario, abiertamente anuncian cambios en la ley fundamental de la Ciudad de México, que inicia la desaparición de la propiedad privada; se habla ya de la “Ley Mordaza” con seis años de prisión para quien se atreva a opinar contra el gobierno, se envían policías discretamente para someter a quien no está de acuerdo e incluso se usa la violencia si es necesario.
Son los mexicanos quienes están en las calles, somos todos, pero da igual, “la Reforma va porque va”; el pueblo ya no importa.
Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa, Veracruz
