Omar García Harfuch declaró esta semana que Jaciel Antonio “N”, El Pelón, reclutó, entrenó y utilizó a un adolescente para asesinar al presidente municipal de Uruapan. La frase es brutal y necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoce públicamente lo que México lleva años evadiendo: nuestras infancias están siendo captadas, manipuladas y utilizadas como armas por el crimen organizado, mientras el Estado carece incluso de un delito para nombrar este fenómeno.
El caso de Víctor Manuel, el adolescente que disparó contra el alcalde, no es una excepción. Es el reflejo de una tragedia nacional: cientos de miles de niñas, niños y adolescentes en México viven hoy la realidad de ser reclutados como carne de cañón, entrenados para matar, sometidos a adicción y desechados cuando dejan de servir. La detención de El Pelón confirma el patrón: jóvenes reclutados en centros de rehabilitación, espacios que deberían sanar, no convertirse en zonas de cacería para grupos criminales.
También supimos que Víctor Manuel, antes de matar, escribió una carta a la hija del alcalde pidiéndole perdón. Él sabía que lo que estaba por hacer lo condenaba. Sabía que ser sicario significa casi siempre lo mismo: matar o morir. Su carta no habla de frialdad; habla de un país que está dejando a sus adolescentes sin futuro y sin alternativas.
En Reinserta lo hemos documentado durante años. Nuestra investigación muestra que 7 de cada 10 adolescentes reclutados por el crimen organizado han cometido actos de sicariato; 7 de cada 10 recibieron entrenamiento formal dentro del cártel; y la mayoría comenzó a consumir drogas antes de los 15 años. No nacieron criminales: fueron captados, moldeados y usados por un sistema que se aprovecha de su vulnerabilidad.
Lo verdaderamente alarmante es que, a pesar de esta realidad, en México todavía no existe el delito de reclutamiento de infancias. Hoy, El Pelón podrá ser juzgado por homicidio, delincuencia organizada o portación de armas, pero no podrá ser procesado por haber reclutado a un menor. No porque no lo haya hecho, sino porque la ley simplemente no lo contempla. Esa omisión deja en completa indefensión a miles de niñas y niños que están siendo utilizados como soldados de una guerra que no les pertenece.
Por eso, lo ocurrido en Uruapan debe ser un punto de quiebre. No basta con indignarnos ante un caso mediático: es momento de asumir que este no es un episodio aislado, sino un síntoma de un país que ha permitido que el crimen organizado ocupe los espacios donde el Estado lleva décadas ausente.
Tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como un delito autónomo es urgente e impostergable. No es un detalle jurídico: es la herramienta mínima para responsabilizar a quienes captan y entrenan menores, para enviar un mensaje claro y para comenzar a frenar una cadena criminal que hoy destruye vidas en silencio.
¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nuestras infancias sean entrenadas para matar? ¿Hasta cuándo permitiremos que sus vulnerabilidades sean utilizadas como armas? ¿Hasta cuándo seguirá el Estado mirando hacia otro lado?
México ya no puede esperar. Es tiempo de nombrar el delito. Es tiempo de proteger a nuestras infancias. En México, las infancias no se tocan.
Presidenta de Reinserta