Las víctimas investigan

María Fernanda fue asesinada el 28 de marzo en Puebla. Han pasado meses. Meses. Y su familia sigue esperando justicia. La principal sospechosa, según la propia familia, tuvo tiempo suficiente para desaparecer mientras las instituciones hacían lo que siempre pasa: los expedientes se acumulan y no hay poder humano que pueda atenderlos todos de forma profesional.

Esa es una de las tragedias más grandes de este país: la ineficiencia, la deshumanización y la burocracia sistematizada de las fiscalías. A las mujeres las matan, las desaparecen. Y la segunda tragedia llega cuando sus familias enfrentan al sistema de justicia penal y descubren la revictimización: convertirse en investigadoras, voceras y abogadas de sus propios casos. La justicia no está diseñada para las víctimas. Está diseñada para que el sistema sobreviva.

Quien ha estado cerca de una víctima en México conoce el mismo patrón: familias empujando diligencias, tocando puertas, mientras la autoridad apenas reacciona a lo que ellas mismas descubrieron por su cuenta. ¿En qué momento normalizamos que una familia destrozada tenga que convertirse también en detective?

Esto no es una defensa de las fiscalías. Es una denuncia: también son víctimas de un sistema que lleva años abandonándolas, con ministerios públicos operando desde hace décadas en condiciones precarias. Pero cuando una fiscalía se rompe, las consecuencias las pagan las víctimas. Las paga María Fernanda. Las paga todo un país. Y sin investigación no hay justicia, sin justicia no hay Estado de derecho, y sin Estado de derecho la delincuencia sigue siendo rentable.

Por eso el caso de María Fernanda importa: no solo por lo que le hicieron, sino porque nos recuerda que en México hay familias enteras haciendo el trabajo que le corresponde al Estado. Y eso debería escandalizarnos.

Porque mientras seguimos acostumbrándonos, alguien más se convierte en investigador de su propio caso. Alguien más se convierte en María Fernanda.

Presidenta de Reinserta

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