En la entrega anterior, hablamos acerca del Informe sobre delitos criptográficos 2023 que dio a conocer la plataforma Chainalysis, respecto a las primeras sanciones impuestas por la OFAC en los últimos dos años a entidades que proporcionaban servicios criptográficos, de las cuales destacaron: el mercado de la red oscura Hydra, el intercambio de criptopmonedas, Garantex, ambas de origen ruso y el mezclador descentralizado Tornado Cash, por sus vínculos con diversos delitos como Lavado de Dinero, Tráfico de Drogas, Ranmsoware y Fondos Robados, Estafas, Mercados de la Darknet principalmente. El informe da cuenta también del impacto que tuvieron las sanciones después de su designación.
Ahora bien, siendo el lavado de dinero uno de los principales objetivos de los grupos criminales, el uso de criptomonedas se abre como una oportunidad para mover los fondos a direcciones donde no se puede detectar su origen ilícito y, posteriormente, a un servicio que permita intercambiar por efectivo. De acuerdo al Informe, el lavado de dinero utilizando criptomonedas generalmente involucra dos tipos de entidades y servicios en cadena: a) servicios intermediarios y billeteras: estos pueden incluir billeteras personales, mezcladores, mercados de la red oscura y otros servicios tanto legítimos como ilícitos; y b) rampas de salida de Fiat: se refiere a servicios que permiten intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario. Esta es la parte más importante del proceso de lavado de dinero, ya que los fondos ya no se pueden rastrear mediante el análisis de blockchain una vez que llegan a un servicio.
Una tendencia al alza es que las direcciones ilícitas enviaron casi 23,800 millones de dólares en criptomonedas en 2022, un aumento del 68% con respecto a 2021. Los principales intercambios centralizados fueron los mayores receptores de criptomonedas ilícitas, recibiendo poco menos de la mitad de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas. Esto es notable no solo porque esos intercambios generalmente cuentan con medidas de cumplimiento para informar esta actividad y tomar medidas contra los clientes, sino también porque esos intercambios son rampas de salida fiduciarias, donde la criptomoneda ilícita se puede convertir en efectivo. Además, esta cifra nos indica el uso cada vez más común del uso de criptomonedas para fines criminales.
Un dato revelador es que se enviaron más fondos ilícitos que nunca a los protocolos DeFi, una tendencia que comenzó en 2020. Los ciberdelincuentes envían fondos a los protocolos DeFi no porque sean sea útiles para ocultar el flujo de fondos, de hecho, ocurre todo lo contrario, ya que, a diferencia de los servicios centralizados, toda la actividad se registra en la cadena. Los protocolos DeFi no permiten la conversión de criptomonedas en dinero fiduciario, por lo que la mayoría de esos fondos probablemente se trasladan a otros servicios, incluidas las rampas de salida de dinero fiduciario.
Pero lo que más llama la atención del uso de los protocolos DeFi para el lavado de dinero, es que lo concentra un grupo criminal: los piratas informáticos que roban criptomonedas. Los piratas informáticos que poseen criptomonedas robadas son la única categoría delictiva que envía la mayoría de los fondos a los protocolos DeFi, con un enorme 57%.
Por otro lado, recordemos algunos casos relevantes detectados en el país vinculados con el uso de criptomonedas. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera creó una tipología relacionada con Trata de personas, la cual le valió la mención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La labor de las autoridades que participaron permitió que se detectara una red de trata que utilizaba bitcoines para lavado de dinero procedente de esta actividad ilícita.
Durante 2021, la UIF y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desarticularon una red criminal, liderada por ciudadanos nigerianos, que se dedicaba a la venta de droga y fraude a empresas de Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Su modus operandi para cometer los fraudes, era a través de hackeos cibernéticos a entidades que realizaban transferencias transnacionales como su método de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos. Parte del dinero lo enviaban a Nigeria y a una criptomoneda de ese país. En otro caso también se encontró actividad de criptomonedas en la banda de los hackers de León.
No tengo duda de que el régimen actual de nuestro país en este sector debe estar encaminado a regular que los sujetos obligados apliquen un enfoque basado en riesgos en sus procesos de monitoreo bajo el estándar internacional de debida diligencia del cliente, que requiere saber quiénes son sus clientes y los beneficiarios finales, la naturaleza y el propósito de la relación comercial y conocer la fuente de los recursos.
COMO COLOFÓN
Creo en el Estado de Derecho y demandaré a Cabeza de Vaca y sus abogados por su retórica de mentiras y prácticas de engaños a terceros para pretender involucrarme en hechos ilícitos. Es evidente que su objetivo es atacar mi credibilidad y reducir mis apoyos en el gobierno mexicano y norteamericano. Son tan evidentes que se nota el modus operandi con el que se afectó la vida en Tamaulipas.
Denuncié al menos cinco casos de extorsión cuando estuve en la UIF. Ahora me acusan de hechos que yo denuncié sin mencionar un solo caso. Engañaron a un excolaborador llevándolo a Nueva York con promesas de trabajo. Como el mismo aceptó, mintió por convivir y tener el trabajo, involucrando falsamente al Presidente de la República. De ahí la poca ética con la que se conducen y es por eso que actuaré en consecuencia. Mi trabajo en las instituciones de gobierno donde he tenido la oportunidad de desempeñarme habla por mí, y no descansaré, desde la trinchera donde me encuentre, en seguir trabajando al servicio de mi país y de la gente.
Encargado del despacho de la PGJ de Hidalgo