En Querétaro se viven dos realidades poco conocidas y turbias. La primera, la representada por una clase política que gobierna para sus propios intereses y concentrada en la zona urbana del estado, y la segunda, representada por la población que ha quedado relegada y excluida del desarrollo del que goza la ciudad, resultado de la denominada segregación socioespacial promovida por los gobiernos del PAN y que, hoy en día, convierte a sus habitantes en ciudadanos de primera y segunda clase.
No siendo suficiente, emprende una serie de acometidas y graves violaciones a los derechos humanos de esta población que amenaza seriamente su propia subsistencia, como la nefanda reforma del PAN a la Ley de Aguas que reduce a 50 litros por día a las familias morosas y que como queretano me da vergüenza, así como la omisión de la clase política de no garantizar el acceso al agua potable en la zona del semidesierto a pesar de que de ahí se abastece el líquido vital a la zona urbana y de la cual dependen las comunidades asentadas para vivir.
Otra situación que refleja las diversas problemáticas sociales que padecen la entidad y que debilita la idea de utopía económica que la clase política quiere hacernos creer, es la agudización de la pobreza laboral. El Coneval reporta que Querétaro ocupa el tercer lugar con el mayor incremento en el país. El índice de trabajadores queretanos cuyos ingresos no son suficientes para la adquisición de una canasta básica pasó del 36.9% entre julio y septiembre al 39.0% en los últimos tres meses de 2023.
Aunado a ello, indicios en el incremento de la percepción de inseguridad y los índices delictivos se hacen patentes. Por un lado, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi reporta que en el segundo semestre de 2023 en Querétaro, el 26.6% de los hogares fue víctima o tuvo un integrante que fue víctima de robo y/o extorsión, cifra mayor a la media nacional con el 25.8%. Ligado con lo anterior, el 59.1% de los residentes de 75 ciudades consideró inseguro vivir en su ciudad. La percepción es mayor en las mujeres con el 64.8% respecto a los hombres con el 52.3%.
Lo que se confirma con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que colocan a Querétaro en el sexto lugar con la mayor tasa de incidencia delictiva del país por cada 100 mil habitantes, lo cual mantiene de manera consecutiva desde 2021 y es motivo de alarma. Este estado de cosas atribuible a la clase política en turno, es decir, el PAN, no hace más que incrementar también la violencia en el marco de las campañas electorales. He denunciado, junto con compañeros de Morena la violencia de que están siendo víctimas las personas que participamos como candidatas, las agresiones sufridas por Alicia Colchado (candidata a diputada local), y sus simpatizantes, las propinadas a brigadistas, como fue el caso de Irma García, ambas situaciones presentadas en El Marqués, o las expresiones ofensivas hacia Héctor Magaña Rentería en Tequisquiapan. Todas muy recientes a medida que se acerca la jornada electoral, incluida la persecución política de la que he sido objeto por parte de la élite del PAN en Querétaro. Es por ello, que he solicitado la intervención de la FISEL para desplegar el blindaje electoral que se requerirá en los próximos comicios del 2 de junio para garantizar la protección de candidatos, simpatizantes y población en general contra el juego sucio y violento de la oposición enquistada en el estado.
Quedaron atrás los tiempos de ciudadanos de segunda clase. #YaSeVan.
