Las finanzas públicas de México han enfrentado grandes retos en este 2025: presiones arancelarias de Estados Unidos, tensiones geopolíticas que han encarecido las materias primas y los desastres naturales causados por el cambio climático que han provocado aumentos de precios de la producción agrícola y daños terribles a la vida y al patrimonio de amplias poblaciones en diversos Estados del país.
En este entorno incierto, el paquete económico 2026 plantea la estrategia del actual gobierno para asegurar los recursos necesarios para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sin recurrir a una reforma fiscal.
La Ley de Ingresos aprobada por el Senado el 29 de octubre prevé recursos por 10.1 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones provendrán de impuestos, 1.6 billones por ventas y servicios del sector público, 641.7 mil millones de cuotas a la seguridad social, 377 mil millones por derechos, productos y aprovechamientos, 39.6 mil millones por mejoras y un techo de endeudamiento de 1.8 billones. Para obtener estos recursos, el gobierno plantea tres ejes: eficiencia recaudatoria, ingresos adicionales y cobro de adeudos fiscales. Una estrategia pragmática pero que tiene límites en el mediano plazo.
En cuanto al primer eje, se plantea reforzar la vigilancia aduanera para reducir el contrabando de hidrocarburos y la simulación de importaciones temporales, así como actualizar deducciones utilizadas por bancos e instituciones financieras. También se busca fortalecer el cumplimiento tributario de las FinTech y plataformas digitales, integrando a más contribuyentes al Régimen Simplificado de Confianza. El objetivo es cerrar espacios a la elusión y a la evasión sin crear nuevos impuestos. En el segundo eje la Ley incorpora gravámenes a importaciones de países sin tratados comerciales —como China—, elimina la deducibilidad de créditos incobrables y sanciona a aseguradoras que reporten indebidamente el IVA de terceros. También incrementa los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos con contenido violento. Aunque estas medidas podrían elevar la recaudación, también podrían impactar el consumo y la competitividad.
El cobro de adeudos fiscales es la novedad más relevante. Se apoya en la reforma al Poder Judicial y en los cambios a la Ley de Amparo. La primera se espera actúe de manera imparcial, mientras que la segunda limita a seis meses los recursos de revocación sin garantía fiscal y aplican recargos de hasta 2.07 % en caso de mora. Con esto, el Estado acorta los tiempos legales para recuperar créditos firmes y evita el uso del amparo como vía de dilación. Se estima que los créditos fiscales en litigio ascienden a 2.4 billones de pesos, y el SAT espera recuperar hasta un billón bajo el nuevo marco jurídico.
En total, la Ley de Ingresos 2026 proyecta entre 6.4 y 6.5 billones de pesos de ingresos tributarios, suficientes —según estimaciones oficiales— para financiar los compromisos del presupuesto: pensiones para mujeres de 60 a 64 años, construcción de 1.8 millones de viviendas, el programa Médico Casa por Casa y un aumento de 6.4 % en educación, los proyectos de infraestructura, entre otros.
Me parece acertada la estrategia de haber transformado el andamiaje jurídico para más adelante estar en condiciones de proponer una reforma fiscal que asegure los recursos a más largo plazo. La prueba estará en que se logre una cantidad significativa de pagos de créditos fiscales de los grandes deudores.
Profesora jubilada de la Facultad de Economía de la UNAM, e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS caceps@gmail.com