¿Puede el combate a la extorsión convertirse en política pública medible, articulada y, sobre todo, visible en vez de mera aspiración de seguridad? ¿Estamos preparados individual, empresarial e institucionalmente para denunciar y reconocer una oportunidad en el incremento de carpetas de investigación?
La extorsión ha sido un delito con cifras artificialmente bajas. Todos los organismos delictivos la usan. El subregistro no significa ausencia sino falta de intención por reportar ministerialmente. Las razones han sido estudiadas por el INEGI: miedo, desconfianza, pérdida de tiempo o una aparente inutilidad frente al costo de lo perdido.
El reto, en realidad, es grande y fue expuesto durante el Foro “Buenas prácticas en materia de seguridad por un México en paz”, convocado por la Coparmex. Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Justicia, afirmó que la extorsión —en sus formas directas e indirectas— genera pérdidas anuales por más de 21 mil millones de pesos; en el caso de pequeños negocios la afectación puede ser hasta de 50 por ciento, según Armando Zúñiga, vicepresidente de Comunicación. El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra fue más allá al considerar que este delito “tiene de rodillas a miles de empresarios”.
¿Opciones para levantarse? Los mismos empresarios lo indicaron: trabajar intensamente gobierno y sociedad.
Desde lo institucional hay avances. Por ejemplo, el consenso para aprobar la Ley General de Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum; en la Ciudad de México, a instancias de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reformó el Código Penal con el objetivo, entre otros, de abatir el subregistro y transparentar el fenómeno delictivo.
Es cierto, las denuncias aumentaron, pero también subieron las detenciones: en 65 por ciento este 2025 respecto al año previo, como detalló la mandataria local al rendir su Primer Informe de Gobierno.
Combatir la extorsión exige construir confianza institucional y crear canales de comunicación garantes del anonimato y de respuesta efectiva. Ahí se inscribe una de las innovaciones de la capital nacional: la Línea Antiextorsión 55 5036 3301, donde las denuncias son anónimas, seguras y canalizadas a unidades especializadas en la investigación de extorsiones. El anonimato es un mecanismo de protección psicológica y jurídica que devuelve poder a la víctima. Por supuesto está la regenerada 089 donde es posible el reporte anónimo.
En ese modelo integral, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) suma a sus 83 mil 414 cámaras la conexión voluntaria a la red de videovigilancia de dispositivos privados de empresas, comercios y asociaciones, como la ANTAD, OXXO, la Asociación de Hoteles de la CDMX o Walmart.
Hay desafío, pero hay acción.
@guerrerochipres