El 9 de septiembre de 2024, en el último mes del gobierno de López Obrador, estalló la guerra civil entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos armados en Culiacán comenzaron desde esa fecha una espiral de violencia que sumió a la capital de Sinaloa y a sus habitantes en el horror y la anormalidad por el cierre de escuelas, comercios, el encierro de la población y la caída de la economía local. Hoy se cumplen siete meses y la violencia narca no ha podido o no ha querido ser controlada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por alguna razón no explicada, la presidenta no ha asumido de lleno la responsabilidad de acabar con esta guerra intestina del narco sinaloense y, a pesar de la presencia de su mediático secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se trasladó al estado en diciembre pasado --dos meses después de iniciado este gobierno-- las acciones federales, que presumen una disminución de la violencia en Culiacán, se han limitado a lograr algunas detenciones de integrantes de ambos cárteles, pero hasta ahora ninguna de las cabezas de Los Mayos o Los Chapos han caído ni se ha utilizado todo el poderío militar del gobierno y del Ejército mexicano para terminar con esta guerra que mantiene secuestrada la paz y la normalidad de una capital estatal.
El discurso oficial, que anuncia “detenciones” y operativos para “construir la paz” en Sinaloa, contrasta con la violencia que sigue afectando a los culiacanenses y a otros municipios del estado como Elota, Mazatlán, Concordia, Navolato, Choix, Rosario y El Fuerte, entre otros. Apenas el pasado lunes un comando armado de Los Chapitos ingresó a un Centro de Rehabilitación para drogadictos, en Colinas de San Miguel, asesinando a 9 personas que presuntamente trabajaban para Los Mayitos. A ese hecho se suma toda una cadena de episodios violentos en esta guerra que supera ya el medio año y que incluye asesinatos en la vía pública, cuerpos abandonados en vagonetas, la muerte de dos menores de edad, Alexander y Gael, la ejecución de policías locales y el pasado 3 de abril ataques con dron a grupos del Ejército.
Con todo y que los sinaloenses pasaron del miedo a la angustia y del encierro a moverse con toques de queda virtuales, la respuesta de las autoridades ya sea gobierno local o federal, no han utilizado toda la fuerza del Estado y mucho menos el poderío militar de las Fuerzas Armadas mexicanas para terminar la confrontación entre Los Chapitos y los Mayitos que siguen matando y sembrando el miedo entre los sinaloenses que claman desesperados por ayuda federal.
Incluso a finales de enero de este año, cuando cumplían ya casi 5 meses de la guerra narca, los sinaloenses, desesperados, se sublevaron y salieron masivamente a las calles para protestar y exigir la destitución y renuncia de sus autoridades locales ante la ineficacia para devolverles la paz y la tranquilidad perdidas. El asesinato de los dos menores Gael y Alexander, que murieron en un fuego cruzado de los narcos cuando viajaban en el auto de sus padres, fue el detonante para que miles de culiacanenses y de otros municipios del estado salieran a las calles a exigir un alto a la violencia y una acción real del Estado mexicano para garantizarles sus derechos y libertades que han sido conculcadas por la violencia de las armas.
Desde el Palacio Nacional y desde el Palacio de Gobierno estatal se desestimaron las demandas ciudadanas y se tachó de “movimientos políticos” las exigencias de los sinaloenses que tras varias movilizaciones comenzaron a desanimarse y desarticularon sus protestas mientras se resignaban a vivir en la completa anormalidad de un estado y su ciudad capital en guerra. Las pérdidas de vidas humanas y económicas se cuentan por miles, aunque no hay datos oficiales que las contabilicen, pero de acuerdo a organismos civiles los muertos en esta confrontación permitida y tolerada por el gobierno mexicano se cuentan ya en 1,200 en estos siete meses.
Las afectaciones económicas en Sinaloa, uno de los estados de mayor actividad económica en el país, incluyen en estos siete meses el cierre de negocios, comercios, cancelación de eventos y la disminución de la actividad económica estimada, tan sólo en la primera semana del conflicto, en 3,500 millones de pesos, según el Colegio de Economistas de Sinaloa, a lo que habría que sumar las 28 semanas transcurridas.
Casi 4 mil vehículos robados se reportaban hasta el pasado 30 de marzo, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, y hasta diciembre de 2024 el sector empresarial local reportaba la pérdida de 27, 424 empleos en el sector comercio y 21, 910 empleos en el sector primario, comparando ese último trimestre del año con las cifras del Inegi en 2023. Hasta el 9 de diciembre pasado 699 empresas habían cerrado sus puertas, según informes de la Secretaría de Economía local y para diciembre del año pasado se estimaban ya las pérdidas económicas para el estado en 18 mil millones de pesos y el crecimiento económico del estado seriamente afectado.
¿Qué es lo que le impide a la presidenta dar la orden contundente para que las Fuerzas Armadas mexicanas entren a sofocar y terminar con las dos facciones que han alterado y dañado la vida y la normalidad en Sinaloa? Un alto mando del Ejército que estuvo asignado a la guerra en Sinaloa respondió hace unos meses a una pregunta off the record sobre por qué no entraban con toda su fuerza y capacidad de fuego la Marina y Sedena a terminar con esta guerra: “Porque no nos dan la orden”, dijo escueta, pero claramente, el general.
Hace unas semanas una casa encuestadora de las de mayor prestigio en el país levantó una encuesta para preguntarles a los mexicanos si estaban o no de acuerdo en una intervención militar con ayuda estadunidense para atacar a los grupos del narcotráfico en el territorio mexicano. A la pregunta abierta sobre todo el país, las respuestas se dividían en un 60-40 la mayoría en contra de una injerencia extranjera en territorio nacional; pero cuando se les preguntaba si apoyarían dicha colaboración de Estados Unidos para pacificar a Sinaloa, más del 70% se decía a favor de que ocurriera.
¿Será que los mexicanos y en particular los sinaloenses ya perdieron la fe en su gobierno o saben que no se atreven a enfrentar abiertamente al narco y arrebatarle el poder que se les entregó el pasado sexenio? Por lo pronto la pregunta persiste, luego de siete meses de que Sinaloa está bajo el fuego de la guerra narca, ¿por qué no se decide la presidenta? ¿No quiere o no puede?
NOTAS INDISCRETAS… Tras filtrarse información de la SEC estadounidense de una investigación sobre lavado de dinero que involucraría a la ministra de la Corte y candidata al nuevo poder Judicial, Loretta Ortiz, y a su yerno Abel Chávez, la ministra en campaña respondió ayer con un mensaje en sus redes sociales acusando una campaña en su contra por la contienda judicial en marcha: “La nota publicada por El Financiero y que han replicado algunos medios de comunicación es reflejo del temor de aquellos que quieren que la justicia siga siendo para unos cuantos. Se resisten a la transformación del Poder Judicial, saben que vamos arriba en las preferencias de la gente y no les queda otra que la guerra sucia: la mentira; pero no les va a resultar, a partir del 1 de junio tendremos ministros, jueces y magistrados cercanos a la ciudadanía, y las y los mexicanos tendrán una presidenta de la Corte justa y honesta, una luchadora social, de nombre Loretta Ortiz”. ¿Qué tiene que ver la competencia judicial con las presuntas transferencias de dinero a Estados Unidos con las que vinculan a su familia y que estarían siendo observadas por la SEC? Ya veremos… La reacción furibunda en el gobierno federal, el Senado y en Morena para desmentir el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que documentó la aplicación del artículo 34 por la crisis de desapariciones que vive México, vuelve a la vieja lógica de atacar al mensajero sin atender el mensaje. Porque las declaraciones que al unísono lanzaron la Presidenta, la secretaria de Gobernación, la mayoría del Senado y hasta la dirigente nacional de Morena, en contra de las afirmaciones del Comité que encabeza Olivier de Frouville, cuya destitución y casi expulsión de México aprobaron 71 senadores morenistas, insisten en negar la existencia de “desapariciones forzadas” para aceptar solo las desapariciones cometidas por el crimen organizado. Pero se olvidan en el oficialismo que en muchos de los casos de desaparición, tan solo el más reciente escándalo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, involucran a policías estatales y municipales que, colaborando y en colusión con el narcotráfico, detenían, secuestraban y entregaban a jóvenes para ser llevados a campos de reclutamiento y adiestramiento para el sicariato, en donde a los que se resistían o se rebelaban los exterminaban. A eso se suman las miles de denuncias e historias de madres y familiares buscadoras que narran y documentan que a sus hijos, hermanos, padres o familiares “se los llevó la policía” o incluso en algunos casos se menciona también a cuerpos militares de seguridad. ¿Y entonces? ¿Hay o no elementos para documentar que integrantes de instituciones del Estado también han participado en esta crisis desbordada de desapariciones? Desde el oficialismo gritan enojados que no, pero el presidente del CED (por sus siglas en inglés) de la ONU dice que si hay elementos para activar el mencionado artículo 34 se llevará el caso de México y sus desaparecidos, forzados o no, ante la Asamblea General de la ONU… En el primer minuto de este miércoles entraron en vigor los aranceles del 104% de Trump a China, si es que no hubo acuerdo o negociación de último minuto. Hoy podría repetirse otra jornada negra y de caídas bursátiles en el mundo, a reserva de la posición y la respuesta de Pekin. Y si no imperó la cordura, el mundo entrará en una espiral descendente para las economías y en una era de incertidumbre y caos financiero… Los dados mandaron Serpiente Doble. ¿Quién detiene la caída?
