La actuación del primer fiscal general de la República ha sido hasta ahora más que decepcionante. No sólo porque el fiscal Alejandro Gertz Manero no ha sabido ser el fiscal autónomo que define la Constitución y ha terminado siendo un apéndice del régimen de la 4T, exactamente igual que los anteriores procuradores, sino porque a la Fiscalía tampoco la dotaron de los recursos, la tecnología y los cambios con los que pudiera modernizar y mejorar la procuración de justicia para los mexicanos, y en esencia lo único que vivimos los mexicanos en los seis años que lleva existiendo la nueva institución es un cambio de letra: la F por la P, para que ahora diga FGR, aunque en esencia siga actuando igual que la extinta PGR.
La que se suponía que era el eje federal para lograr una reforma integral al sistema de procuración de justicia en México, terminó siendo la misma dependencia burocrática, vertical e ineficiente que siempre ha existido y de aquel diseño original que realizaron expertos y organizaciones de la sociedad civil en 2018, hoy lo que sobrevive es una Fiscalía General de la República a modo no de las necesidades de justicia de los mexicanos, sino de su titular Gertz Manero, quien en 2021, con el apoyo de la mayoría de Morena logró reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía y concentró todo el poder revirtiendo la autonomía de los fiscales de corrupción y de combate a la delincuencia organizada que quedaron sometidas e ineficientes.
Ni siquiera se le destinaron a la FGR los recursos presupuestales que necesitaba para su modernización y para introducir tecnología de punta en sus procesos de investigación, documentación y criminalística, de tal modo que continuaron con los mismos vicios del Ministerio Público, los mismos rezagos en la investigación de delitos y la misma ineficiencia en la integración de las averiguaciones previas que son constantemente rechazadas por los jueces por errores. Es decir, que con un cambio sólo cosmético y de nombre, prevaleció viva la misma estructura de la antigua PGR, con todo y sus vicios, corrupción e ineficiencia.
Lo más grave de todo esto es que al fracasar el modelo federal de una Fiscalía autónoma y modernizada, también se condenó al fracaso de la mayoría de las fiscalías estatales que terminaron también representando solo un cambio de nombre y una autonomía también de nombre que, los pocos fiscales que se atrevieron a ejercerla y desafiaron a los gobernadores estatales, terminaron despedidos, acusados y hasta encarcelados.
Pero la causa principal del fracaso del nuevo modelo de procuración de justicia hoy vigente en México estuvo, como siempre suele pasar, en las personas que encabezan las instituciones. Alejandro Gertz Manero, que llegó con toda la experiencia previa como funcionario federal y local en materia de seguridad, con un futuro económico más que resuelto por sus herencias familiares y la fortuna que acumuló como rector de una Universidad privada, tenía todo para haberse convertido en el primer fiscal realmente autónomo e independiente que, al tiempo que modernizara y cambiara para bien la procuración de justicia en México, se volviera también un contrapeso y un fiscalizador directo de los tres poderes de la unión, tal y como se lo mandata la Constitución.
Pero muy lejos de eso, el fiscal se plegó desde el principio a los designios y caprichos del expresidente López Obrador y en vez de serle leal al cargo y al juramento constitucional que hizo, prefirió ser un apéndice más del poder presidencial apareciendo en cuanto acto lo invitaba el presidente y utilizando la plataforma de propaganda de la Presidencia de la República para informar de su actuación. En seis años del pasado gobierno, Gertz se dedicó más a litigar sus asuntos familiares, persiguiendo a su cuñada por un pleito de herencias, que a mejorar el desempeño y la atención de las denuncias de los mexicanos.
Y para ir a tono con la política federal de los “Abrazos, no balazos”, Gertz Manero y la FGR prácticamente abdicaron de su responsabilidad de investigar, perseguir y detener a los narcotraficantes y capos de la droga, algo que por mandato de ley debe realizar la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que, por instrucciones del fiscal se omitió hacer y se dejó en manos del Ejército y la Guardia Nacional.
Es conocida una anécdota según la cual el fiscal Gertz Manero, en 2019, recién llegado al cargo, presidía una reunión con su equipo de trabajo y cuando el entonces director de la AIC, Omar García Harfuch, le comenzó a presentar un informe sobre detenciones importantes de integrantes del narco, el doctor lo interrumpió y le preguntó: “A ver, a ver, por qué hizo usted esas detenciones, quién se lo ordenó”, a lo que García Harfuch respondió: “Pues porque ese es mi trabajo en la AIC y es lo que hacemos, detener delincuentes”. Y la respuesta del fiscal a su subalterno dejó muy clara cuál sería la política de la FGR: “No, pues sépase que eso ahora no nos interesa, no ande deteniendo gente, esa política ya cambió”.
En su embelesamiento y cercanía con el expresidente, el fiscal se convirtió en un operador del gobierno que recibía indicaciones y peticiones del exconsejero jurídico Julio Scherer, hasta que las diferencias personales los enemistaron y empezaron a acusarse mutuamente. Pero la salida de Scherer del gobierno no impidió que el fiscal siguiera cercano a Palacio Nacional y que acatara todos y cada uno de los asuntos que le interesaban al gobierno, mientras desechaba o de plano ignoraba denuncias por corrupción, negligencia y otros delitos en contra de funcionarios y políticos de la 4T como el doctor Hugo López-Gatell, la secretaria Rocío Nahle o el gobernador Cuauhtémoc Blanco, entre muchos otros protegidos por la FGR.
Con la llegada de la presidenta Sheinbaum, el doctor Gertz se sintió amenazado ante los rumores de que buscarían removerlo de su cargo y buscó como pudo a la mandataria electa para garantizar su permanencia, lo que le fue concedido, aunque no se sabe si hasta 2028 cuando termina su encargo. Y como decía el clásico, si amor con amor se paga, Gertz pagó replicando hasta ahora el mismo modelo de sumisión y cercanía con la Presidencia de la República que ha mantenido desde que lo eligió el Senado para ese cargo en 2019.
Todavía el jueves pasado el fiscal apareció en la mañanera en Palacio Nacional, donde habla como si fuera un empleado más del gabinete, para anunciar la investigación del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde madres buscadoras encontraron evidencias de un lugar de adiestramiento, tortura y crematorios clandestinos. Lo hizo a petición de la presidenta y en su intervención, Gertz Manero cuestionó –igual que lo había hecho la doctora antes- que las autoridades estatales de Jalisco, que encabeza el gobernador emecista Pablo Lemus, no se hayan dado cuenta de lo que pasaba en ese campo de exterminio.
Con ese antecedente, ya validando desde antes la posición del gobierno federal, tal y como lo hizo recientemente en el caso de Sinaloa y la extracción del Mayo Zambada, hoy el doctor Gertz Manero presentará su informe sobre lo que pasaba en el tristemente célebre rancho de Teuchitlán. Para no verse tan obvio le pidió a la presidenta dar su conferencia en la FGR y no en la mañanera, aunque para el caso será lo mismo, porque ya ayer se filtraban a la prensa versiones de que el fiscal dirá que no hay evidencias de cremaciones masivas o asesinatos en el rancho y que sólo encontró restos humanos de tres personas.
Es decir, que si alguien esperaba una investigación autónoma y a fondo de los horrores que ocurrieron en esos crematorios clandestinos, pues que se espere sentado, porque el fiscal Gertz Manero no hará sino validar la narrativa oficial que desde el comienzo desacreditó el hallazgo de las Madres Buscadoras de Jalisco y se aferró a la versión, con todo y sus medios y periodistas militantes, de que “todo es una campaña de calderonistas”. Si acaso con el informe que hoy presente la FGR se confirmarán dos cosas: que finalmente sí tenemos un “fiscal carnal” y que México, en los tiempos de la cacareada “transformación”, sigue siendo el país donde pasa todo, pero al mismo tiempo, según la visión y la versión oficial, “no pasa nada”.
NOTAS INDISCRETAS… Sobre los apuros del director del IMSS, Zoe Robledo, y la causa por la que se rumora su salida inminente del instituto, nos cuentan que tiene que ver con un hermano suyo que se metió a hacer negocios en el IMSS-Bienestar. La información habría llegado a oídos de la presidenta Sheinbaum y sería la causa por la que lo removerían. A eso se suma que la crisis de medicamentos en el sector salud ya le estalló a la presidenta que ya incumplió su primera promesa de que el 15 de marzo se surtirían la mayoría de las claves médicas, pero hasta la fecha las denuncias de faltantes de medicamentos en IMSS, ISSSTE y el nuevo IMSS- Bienestar son tantas y tan evidentes que ayer el subsecretario Eduardo Clark tuvo que reconocer el incumplimiento y se justificó diciendo que encontraron corrupción en la compra consolidada apuntando a funcionarios menores de Birmex a los que no identificó nunca y se limitó a decir que ya habían sido cesados mientras la doctora anunciaba que podría haber hasta sanciones penales. El caso es que en medio de todo ese entuerto está metido también el IMSS y su director que, nos insisten, “no llegará a cargar los peregrinos” este año”… "No está en aguas nacionales de México”, respondió ayer la presidenta cuando le preguntaron sobre el barco Destructor USS Gravely que se encuentra navegando en aguas internacionales del Golfo de México, para “apoyar en la lucha contra el narcotráfico”. Pues si no está en aguas mexicanas y seguramente no lo estará, pero eso no impide que un barco cargado con misiles de largo alcance esté posicionado en el Golfo y listo para cualquier instrucción de su presidente. Eso no es algo ni normal, ni menor como lo quiso comentar la presidenta, porque al final los misiles Tomahawk que carga ese barco de la Marina estadunidense son de largo alcance y se pueden perfectamente lanzar desde las aguas internacionales… Los dados repiten otra Serpiente. Caída libre.