Justo cuando la tormenta política y diplomática en la relación con Estados Unidos arrecia, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum decidió reabrir el manoseado Caso Ayotzinapa, luego de su promesa a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a sus abogados de explorar una “nueva ruta” en las investigaciones en las que fracasaron los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que ninguno convenció sobre la veracidad y profundidad de sus indagatorias.
De la mano de la siempre alineada Fiscalía General de la República y su fiscal oficialista, Alejandro Gertz Manero, la Presidenta regresó a buscar la regateada verdad sobre el secuestro, desaparición y asesinato de los jóvenes estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”, justo al origen en donde todo comenzó aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Y en lo que algunos consideran un “distractor” para quitar la atención del golpeteo y asedio político y diplomático del gobierno de Trump a la administración mexicana, ayer comenzaron a ejecutarse nuevas órdenes de aprehensión en contra de personajes del ámbito estatal en aquellos hechos, que habrían alterado y torcido las pruebas y evidencias sobre lo que sucedió aquella fatídica noche cuando elementos de las policías municipales y estatales, con la omisión de policías federales y soldados y oficiales del Ejército mexicano, desaparecieron a los 43 normalistas.
La nueva línea de investigación que abrió la FGR apunta claramente a la hipótesis de que las autoridades municipales y estatales de Guerrero se coludieron no sólo para desaparecer a los estudiantes normalistas, asesinarlos y desaparecerlos junto con el crimen organizado de la región, sino que también alteraron pruebas, desaparecieron evidencias clave, como videos de cámaras de seguridad o de los momentos del secuestro, y desviaron de origen el curso de las investigaciones que terminarían enredadas y empantanadas en la llamada “verdad histórica” que después presentó la PGR de Jesús Murillo Karam.
La primer detenida y acusada en este nuevo intento por esclarecer el destino de los normalistas, fue la ex presidenta del tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, quien fue capturada ayer en su domicilio de Chilpancingo, Guerrero, acusada de haber ordenado la destrucción de videos que eran evidencia clave en el caso Ayotzinapa. La magistrada jubilada que ocupara ese cargo en 2014, con sus 79 años de edad sufrió una amenaza de infarto al momento en que entraron a su domicilio agentes de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Antisecuestros de la FGR y se puso tan mal que tuvo que ser llevada a su detención en una ambulancia.
Pero Lambertina es apenas la punta del iceberg de lo que busca rearmar la FGR sobre las primeras horas transcurridas tras el secuestro de los normalistas porque, ayer mismo, fuentes de la Fiscalía General confirmaron que el objetivo prioritario en esta nueva línea de investigación, es el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien se ubica como quien dio la orden para que se alteraran evidencias y se modificaran las escenas del delito con el fin de ocultar y proteger a los autores intelectuales y materiales de la desaparición y muerte de los normalistas.
Hay información que comentan fuentes de la FGR que señala que justo la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando ocurría la tragedia estudiantil, el gobernador perredista, Ángel Aguirre, estaba reunido con María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con quien el mandatario tenía una relación amorosa. Incluso aseguran que esa noche, mientras secuestraban y asesinaban a los 43, Aguirre y María de los Ángeles estaban juntos en la casa de Protur, del gobierno guerrerense, en el puerto de Acapulco, donde estuvieron por varias horas.
La tesis que reabre ahora la FGR y el gobierno de la presidenta Sheinbaum dista mucho de ser algo nuevo. Desde el inicio de este caso de desaparición forzada, se habló con insistencia del papel que jugaron las autoridades estatales en las primeras 24 horas de aquella noche trágica de Iguala. La responsabilidad del entonces gobernador Aguirre se llegó a comentar en reuniones de gabinete del gobierno de Peña Nieto y hubo incluso algunos colaboradores del entonces presidente que le sugirieron detener e investigar al mandatario estatal y a sus policías, pero Aguirre gozaba de cierta protección por parte de algunos miembros del gabinete peñista y nunca se actúo en su contra, a pesar de que ya desde entonces el CISEN había documentado su relación sentimental con María de los Ángeles Pineda, cuyos hermanos Alberto y Marco Antonio Pineda Villa habían sido parte del cártel de los Beltrán Leyva, hasta el año 2009 cuando fueron asesinados.
Ayer circulaban versiones de que Ángel Aguirre Rivero, político expriista que se pasó al PRD de la mano de Marcelo Ebrard, entonces Jefe de Gobierno del DF, y quien lo apoyó para ganar la gubernatura de Guerrero, ya se había fugado del estado y que alguien le habría avisado con anticipación de que se libraría orden de aprehensión en su contra.
Y algo que también empezaba a hacerse notar ayer es que, si de verdad la FGR va a escarbar en todos los actores que tuvieron que ver con aquella noche de Iguala, no sólo locales sino federales, habrá que ver qué dicen las investigaciones sobre el actual secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien aquel 26 de septiembre de 2014 estaba asignado como Coordinador de la Policía Federal en Guerrero. Periodistas como Anabel Hernández han sostenido en reportajes y comentarios que García Harfuch supo de la detención y secuestro de los 43 por parte de policías municipales de Huitzuco e Iguala, que los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, pero que no hizo nada para evitarlo, mientras que el hoy titular de la SSyPC sostiene que él no se encontraba en Guerrero en el momento de los hechos.
Veremos hasta dónde llega la tercera investigación del caso Ayotzinapa y si de verdad la presidenta Sheinbaum y su fiscal carnal intentan llegar a alguna nueva verdad sobre el destino y muerte de los 43 normalistas que ahora sí convenza a los padres de los estudiantes y a sus abogados, que terminaron renegando y descalificando tanto a Peña Nieto como a López Obrador por “engañarlos” con sus indagatorias, o si, como ya se especulaba ayer tras la reapertura del caso y la detención de la casi octogenaria magistrada, todo es más bien un distractor para tratar de quitarle el foco al asedio iniciado desde Washington en contra del gobierno de Sheinbaum y de la 4T.
¿Habrá algo nuevo bajo el sol en este regreso a los orígenes del manoseado y alterado Caso Ayotzinapa?
NOTAS INDISCRETAS…
Dicen que en la política mexicana cuando un funcionario o político tiene que salir a negar algo en los medios es por que sí es real lo que se intenta negar y esta semana el secretario Omar García Harfuch anduvo muy movido dando entrevistas en radio para explicar la entrega de la familia de Ovidio Guzmán a las autoridades estadounidenses como parte del acuerdo que el Chapito está negociando con el Departamento de Justicia. Pero en la entrevista que le dio a Joaquín López Dóriga llamó la atención que, además de hablar de esos temas, de pronto el periodista le preguntó sobre las versiones que circulan en el gabinete federal y que hablan de un pleito entre él y el secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla. “No, el general secretario, primero, es un hombre a quien yo respeto profundamente, tiene muchísimos más años en el servicio público que yo, es un hombre formado en el Ejército desde muy joven y lo que he recibido del general secretario ha sido un apoyo absoluto a la Secretaría de Seguridad. Una coordinación permanente. Todo lo trabajamos entre la Secretaría de la Defensa, de Marina y nosotros. No habría manera de tener diferencias o tener una mala coordinación. Todo lo operamos con el Ejército, con Guardia Nacional. Yo tengo la suerte de tener a un general secretario, un almirante secretario, que tienen muchísimos más años trabajando en el gobierno que yo, entonces la coordinación es extraordinaria, además de la amistad entre nosotros”, respondió el titular de la Seguridad federal. Si todo es miel sobre hojuelas y la coordinación y la amistad entre los militares y el secretario Harfuch es tan buena como él dice, ¿cuál es entonces la necesidad de tener que andar hablando de ella? Nomás es pregunta…En Tamaulipas, donde el gobernador Américo Villarreal salió ayer a negar que el gobierno de Estados Unidos le haya cancelado su visa a él y a sus familiares, lo que sí hay, por lo pronto, es cautela de varios alcaldes y políticos estatales que, en vía de mientras, han cancelado cualquier intento de cruzar la frontera estadounidense. Uno de ellos, nos dicen, es el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, uno de los amigos más cercanos del asesinado empresario huachicolero, Sergio Carmona, y quien aparece por su nombre en la ya famosa “Lista de Marco” del Departamento de Estado estadounidense. Erasmo, quien fuera diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto, fue el enlace entre Carmona y el entonces dirigente de Morena, Mario Delgado, para que el empresario huachicolero, acribillado en San Pedro Garza, Nuevo León, en 2022, se convirtiera en financiero de las campañas de candidatos morenistas a gubernaturas, alcaldías y diputaciones. Y aunque al alcalde morenista le gusta mucho viajar a la Isla del Padre, en Texas, por lo pronto ha cancelado cualquier viajecito al vecino país. Otra que frenó su precampaña como aspirante a la gubernatura fue la senadora Olga Sosa, una de las operadoras políticas y mediáticas del fallecido Sergio Carmona, y quien llegó a la senaduría precisamente por la influencia que sigue ejerciendo el empresario huachicolero que aún muerto, impulsó a Olga y a otros cercanos a través de su esposa Perla McDonald, quien se dice tiene todas las listas y teléfonos de Carmona Angulo, que comprometen a muchos morenistas. La senadora Sosa, dicen en Tamaulipas, por lo pronto aplicó aquello de “calladita te ves más bonita” y también canceló sus constantes incursiones al otro lado del Río Bravo, no vaya a ser que le pase lo que al alcalde de Matamoros, Alberto Granados, que la detengan, la interroguen y le cancelen su visa…Los dados mandaron Capicúa. Volvemos a lanzar el tiro.