La historia oficial dice que la reforma arancelaria aprobada esta semana por las mayorías morenistas del Congreso, y que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación, es el resultado de “un análisis técnico profundo, realizado fracción por fracción durante varios meses”. Pero si se revisa la cronología real del proceso para definir, valorar y aprobar los nuevos aranceles a China, India y Corea del Sur, entre otros países asiáticos, la realidad es otra historia marcada por la improvisación, las prisas y la falta de análisis riguroso sobre el impacto que tendrán los nuevos impuestos a las importaciones orientales que alcanzan hasta 52 mil millones de dólares.
Todo comenzó cuando la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, presentó ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con el argumento oficial de que el país necesitaba equilibrar su balanza comercial con China y con otros “tigres del oriente” como India, Corea del Sur, Vietnam y Tailandia, además de Brasil.
Las presiones de Donald Trump para que México reduzca y controle las importaciones chinas, aparecían como fondo de la “decisión soberana” del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero las exigencias reales de sectores productivos nacionales como el textil, el automotor y varios más, para que se redujeran y ordenaran las importaciones chinas con las que no pueden competir por sus bajos precios, servían para justificar la medida arancelaria, que según Marcelo Ebrard protegerá hasta 300 mil empleos mexicanos.
La propuesta original incluía más de 1,460 fracciones arancelarias, lo que, en teoría, implicaba un trabajo técnico minucioso: revisión sectorial, impacto en cadenas productivas, sustitución de importaciones, efectos en precios y consideraciones inflacionarias. Durante las mesas de trabajo de la Comisión de Economía, transmitidas públicamente por el Canal del Congreso, se reiteró esa narrativa y los legisladores del oficialismo agradecieron a los funcionarios de Economía y se afirmó reiteradamente que la propuesta había sido “revisada fracción por fracción”, a lo largo de varios meses, y con ese discurso se buscaba legitimar políticamente una reforma de gran calado.
Sin embargo, apenas el proceso avanzó, el contenido empezó a cambiar de forma abrupta. Cientos de fracciones incluidas en la iniciativa original fueron eliminadas de un solo golpe, mientras que otras fracciones que no aparecían en la propuesta inicial fueron incorporadas posteriormente. Estos cambios no vinieron acompañados de nuevos estudios, criterios técnicos, metodologías públicas ni cuadros comparativos que explicaran las razones de fondo.
El siguiente hito fue la emisión del dictamen en la Cámara de Diputados. Para entonces, el documento ya no coincidía con la iniciativa original que supuestamente había sido analizada durante meses. Aun así, el dictamen fue aprobado por la mayoría morenista sin reservas, sin discusión técnica detallada y sin que se explicaran en el Pleno las diferencias sustantivas entre una versión y otra.
En la fase final del proceso, el dictamen fue objeto de ajustes adicionales bajo la conducción política del líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. En ese momento se introdujeron nuevas modificaciones al universo de fracciones y a diversas tasas arancelarias. De nuevo, sin reabrir el análisis técnico y sin que se hicieran públicos documentos que justificaran esos cambios. Si el estudio ya estaba concluido, resulta difícil entender por qué seguía siendo tan maleable y se seguían cambiando las tasas arancelarias, los productos y las justificaciones.
Y así, el pasado martes, el Senado de la República aprobó el decreto con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, también sin reservas y sin debate técnico de fondo. Con ello, el proceso legislativo quedó formalmente cerrado y el decreto fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación.
Hasta ayer viernes, la reforma no ha sido publicada en el DOF y no ha entrado en vigor, pero por la velocidad del trámite y la forma poco rigurosa y apurada en que se condujo, todo indica que la publicación ocurrirá en este mes de diciembre, con una entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026.
En medio de todo este proceso tan opaco y poco cuidado para medir los efectos que tendrá, hay un elemento que explica las prisas y el interés prioritario que le dio la doctora Sheinbaum y las bancadas de la 4T a esta reforma, aunque que no se reconozca abiertamente: el efecto recaudatorio. Incrementar aranceles no solo implica cobrar más por concepto de comercio exterior, sino también aumentar la base del IVA a la importación, ya que este impuesto se calcula sobre el valor aduanal incluyendo el arancel. Cada incremento arancelario significa, en la práctica, más arancel y más IVA.
Y si se toma en cuenta que los productos afectados por esta nueva ley representan cerca de 52 mil millones de dólares en las importaciones que entran al país, lo que equivale al 8.6% del total nacional, y que de las 1,463 fracciones arancelarias modificadas, 706 correspondientes a textiles, 249 productos de hierro y acero, 94 automóviles y partes y 81 a plásticos, no es tan difícil estimar a cuánto ascenderá el incremento que obtendrá el SAT por los nuevos aranceles al gigante chino y los demás países orientales.
Visto así, todo este proceso legislativo y económico, como la mayoría de las reformas al vapor aprobadas por la 4T, deja una conclusión incómoda: Lo que se presentó por el gobierno como un “análisis técnico sólido” terminó siendo un procedimiento acelerado, cambiante y opaco, con eliminaciones y adiciones masivas de fracciones, modificaciones de tasas sin explicación y ajustes políticos de último momento. Habrá que ver todavía cómo responden China, el resto de los tigres orientales y Brasil a las medidas arancelarias de México, que ya han sido cuestionadas desde Pekín y calificadas como “unilaterales”, y si la “decisión soberana” de México, azuzada por la Casa Blanca, no termina desatando una guerra comercial con los gigantes asiáticos y el gigante sudamericano.
NOTAS INDISCRETAS…
Apenas tiene una semana que se sentó en el cargo y la nueva fiscal, Ernestina Godoy, ya da color de cuál será su verdadera misión al frente de la FGR. Porque mientras la Fiscalía guarda silencio y no hace nada contra los escandalosos excesos y corruptelas de figuras encumbradas de Morena, ayer la Fiscalía Anticorrupción decidió judicializar el expediente integrado desde hace un año en contra de la académica María Amparo Casar, actual directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la que acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades por haber cobrado una pensión tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, que fue funcionario de Pemex en 2004. La acusación que formuló en 2024 el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, fue reactivada apenas llegó Godoy a la FGR y ahora se está citando a comparecer a la académica ante un Juzgado en el Reclusorio Oriente. Veremos en qué termina este proceso penal que le abren a una mujer crítica del gobierno, mientras a personajes del oficialismo bajo sospecha de corrupción y de cometer delitos graves, la fiscal no los toca ni con el pétalo de un citatorio y por el contrario, los abraza con cariño y agradecimiento…En Cuernavaca, el pasado miércoles, presentó su informe de Gobierno el alcalde José Luis Uriostegui. El edil, que logró reelegirse en 2024 postulado por el PAN, hizo un recuento de los avances logrados en servicios y seguridad en la capital morelense durante el primer año de su segundo periodo. Pero lo que más llamó la atención de los asistentes al informe, que se realizó en el histórico y majestuoso Palacio de Cortés, fue la presencia en el evento de la gobernadora de Morelos, Margarita González. Y es que la morenista no tuvo, en su arranque de gobierno, una buena relación con los opositores, entre los que se ubicaba al alcalde Uriostegui. Pero algo cambió en los últimos meses que a la mandataria morenista y al alcalde panista se les ha visto cada vez más cercanos. De hecho hace unos días, José Luis Uriostegui declaró a los periodistas morelenses que él no es militante del PAN y que a pesar de que ese partido lo postuló primero en 2021 y después para su reelección en 2024, no tiene interés en afiliarse al partido blanquiazul ni en volverse panista y más bien se define como “alcalde ciudadano”. Y si a ese deslinde del panismo, se le suma la asistencia de la gobernadora morenista a su alcalde, está claro que el alcalde de Cuernavaca cada vez se aleja más de la oposición y se acerca al oficialismo…Entre los sindicatos que apoyaron el festejo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, el pasado sábado, el que más personas llevó a la concentración fue el SNTE, que dirige el senador Alfonso Cepeda Salas. Más de 25 mil maestros acudieron al festejo corporativista de Morena, al que se sumaron también otros sindicatos y los acarreos desde los estados de la República. En el caso del sindicato magisterial, sin duda que a los maestros les ha ido bien en estos últimos años con los gobiernos de la 4T, pues llevan varios años logrando aumentos salariales del 10%, algo que pocos sindicatos y trabajadores pueden presumir en este país. Y como suele suceder, el magisterio reacciona en mucho a cómo los tratan los gobiernos y, por lo que se ve, en la relación que mantiene el SNTE y sus dirigentes con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, el sindicato más grande de México y de Latinoamérica, que alguna vez fue priista, que transitó muy bien con el PAN en sus dos sexenios, ahora sin necesariamente proclamarse como morenistas, claramente tienen una relación conveniente para ambas partes con el gobierno de la 4T…Escalera Doble mandaron los dados. Arranca el puente Guadalupe-Reyes y les deseamos lo mejor a todos los amables lectores.