Es indudable que el tema de la seguridad será crucial en este proceso electoral del 2024. De ahí la importancia del acto simbólico que realizó Xóchitl Gálvez en Fresnillo, donde la candidata opositora le mandó un mensaje de aliento a las y los cientos de miles de víctimas cuyos familiares han sido asesinados por el crimen organizado o han desaparecido en este que ya es el sexenio más sangriento de la historia. Sin embargo, en el caso de las dos candidatas encuentro una ausencia significativa o una visión que está lejos de resolver una de las grandes asignaturas pendientes que es el acceso a la justicia. Cómo lo dijo la ministra Norma Piña, desde cada uno de los poderes es necesario construir aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos y eso necesariamente toca a la justicia. Una candidata nos promete una cárcel de alta seguridad como salida cuando alrededor del 40% de las personas privadas de su libertad son inocentes, la mayoría de estos reclusorios federales están subutilizados, mientras prevalece el hacinamiento y hasta el autogobierno en los del fuero común. La candidata oficialista nos ofrece sin chistar que acompañará la reforma/ocurrencia que propone elegir por voto a los operadores del sistema judicial. Ambas en una lógica punitiva ajena a lo que establece el artículo primero de la Constitución: el enfoque de derechos humanos.
Muy lejos está el humanismo de lo que ha hecho este gobierno en materia de justicia. Dejemos a un lado la persecución de opositores utilizando los mecanismos de procuración de justicia y el uso del teléfono rojo para intervenir flagrantemente en el poder judicial. Me refiero al incremento en el catálogo de delitos graves como si esto resolviera el problema de la delincuencia y garantizara acabar con la impunidad y que el interés sea buscar la verdad, es decir no quien la hizo sino quien la paga. Pensar que con un gran reclusorio de alta seguridad se está resolviendo el problema es ignorar lo más importante: que las cárceles del fuero común están abarrotadas, que se abusa de la prisión preventiva como medida cautelar, que se degrada el procedimiento abreviado para que las personas se declaren culpables para salir pronto de la cárcel no sin antes haber aportado su cuota de cash, que se ha tergiversado la figura de testigo protegido para dar impunidad a cambio de mentiras, que en los ministerios públicos locales prevalece la carga excesiva de trabajo, que no hay reinserción social, que no se juzga con perspectiva de género, que hay personas con años y años sin sentencia, que no existe una política pública de preliberación a la que obliga la nueva ley de ejecución penal, y que los jueces de primera instancia están lejos de asumir un control de constitucionalidad y privilegiar otras medidas cautelares antes de mandar a la gente a la cárcel.
No es con una nueva cárcel o con elección de los juzgadores como resolveremos el problema de la delincuencia y tampoco de la justicia. Una visión progresista supone privilegiar la justicia restaurativa, una renovación radical del ministerio público, la aplicación de la ley y una mirada más amplia, multidisciplinaria, que nos permita atacar las causas, pero las verdaderas.