A propósito de los acontecimientos en Venezuela y de las declaraciones de Donald Trump sobre México se ha invocado el concepto de soberanía que más parece una frase hueca que una respuesta eficaz frente a la situación crítica que se enfrenta. Se invoca a la unidad frente a cualquier agresión externa pero el problema central sigue sin reconocerse y enfrentarse. La condición de vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro país frente a su principal socio comercial es resultado de la estrategia fallida de “abrazos no balazos”, pero sobre todo de la relación de la política con el narcotráfico. Este es el tema que el oficialismo se niega a abordar y aceptar a pesar de las múltiples evidencias de la participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales, del financiamiento ilegal a campañas políticas, y de la incidencia directa en gobiernos locales. Mientras esto no se enfrente, estamos en condición de debilidad frente a un presidente que considera que la presencia de los cárteles en México pone en riesgo la seguridad del país que gobierna y que no actúa apegado al derecho y las normas internacionales, sino con el ya conocido “no me salgan con que la ley es la ley” que, paradójicamente, es una de las máximas preferidas del oficialismo.
Hablar de soberanía en esta condición se convierte más en un acto propagandístico que en una visión de Estado. Porque no se puede decir que nuestro país es soberano si hay regiones enteras secuestradas por el crimen organizado. Si las y los mexicanos no pueden transitar con tranquilidad por las carreteras, si predomina el miedo y la violencia, si todos los días desaparecen personas, si los jóvenes son levantados y obligados a actuar como sicarios. El primer acto de independencia tendría que ser liberarnos de este yugo, de estas cadenas que nos oprimen y que nos impiden actuar con libertad. La primera acción contundente sería romper con ese pacto criminal que nos tiene sometidos a intereses que no son los de la patria y colocarse al frente como estadistas y no como líderes de un movimiento que representa tan solo una parte del país.
Más grave aún es que no se entienda el momento y que frente a los riesgos se siga apostando por la división y la polarización. Escoger este momento para impulsar una reforma electoral sin consenso con todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil en nada abona a los objetivos de fortalecer a México. La única visión que parece imperar es la de conservar el poder a toda costa sin que el mismo se someta a un escrutinio democrático en condiciones de equidad e imparcialidad. Una reforma electoral que —por lo que hasta ahora se conoce de la propuesta— no atiende como punto central este financiamiento ilegal. Se llenan la boca con abaratar las elecciones porque saben que tienen abierta esa llave ilícita, ese caudal de dinero y de votos cautivos que les aporta el crimen organizado en las vastas regiones y estados en los que el único imperio es el de su ley. No se puede entonces llamar a la unidad si, por un lado, esos intereses siguen intocados y, por otro, se ataca y se divide con una reforma electoral que como se ha dicho lo que pretende es “desaparecer la escalera democrática con la que llegaron al poder”.
Política mexicana y feminista