Tiene razón Jesús Silva Herzog cuando escribe que la responsabilidad de la situación actual del país y de las decisiones que se toman son de la Presidenta, no de su equipo ni de nadie más. Comparto su postura porque, desde el feminismo, flaco favor se le haría a una mujer poderosa al convertirla en víctima cuando tiene puesta la bandal presidencial y en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo. Y esto viene a colación con relación a la postura que el gobierno asumió frente a la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que consideró que existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático en nuestro país, lo que amerita su discusión en la Asamblea General de ese organismo. La respuesta no pudo ser más desafortunada y la campaña puesta en marcha para desacreditar este informe y minimizarlo, terriblemente indolente. Unos días antes habían presentado una estadística con el único objetivo de desaparecer a los desaparecidos y a raíz de este informe la Presidenta y la maquinaria de propaganda del gobierno quisieron desacreditar primero a esta Comisión de la ONU y después pretendieron convencer con argumentos tan burdos como el de decir que muchos de los que están en esta categoría es “porque no quieren ser encontrados”. Lejos de ponerse en los zapatos de madres y familiares que buscan a sus familiares, de comprender y hacer suyo su dolor e impotencia, los descalifican y evaden su responsabilidad frente al hecho contundente de que, si bien es una situación que viene de antes, en los últimos años se ha incrementado brutalmente. En el sexenio de López Obrador se registraron más de 80 mil casos y en lo que va de este más de 19 mil. Y en lugar de asumir esta situación y tomar el toro por los cuernos e incluso darle la bienvenida a la ayuda internacional para enfrentarla, se habla otra vez de un ataque político y se niega esta realidad, queriendo colocar a la Presidenta como la víctima.
No, las víctimas son otras. Son las madres, los padres, las familias que viven con dolor, con angustia, y a veces con esperanza, la búsqueda de sus familiares. Detrás de cada estadística está una familia rota, una madre adolorida que como Brenda Valenzuela tiene la esperanza de encontrar a su hijo, Carlos Emilio, y que dice desgarradoramente “que duele aún más que quienes tienen la responsabilidad de encontrarlo lo hacen sin urgencia, sin la intención que esto exige”. Y frente a esto el gobierno pretende lavarse las manos, le carga el desaparecido al crimen organizado, como si no tuviera la obligación de proteger y asegurarle seguridad y paz a las y los mexicanos. Es cierto que en la actualidad una parte importante de las desapariciones son atribuibles a los cárteles. Pero también lo es que hay casos documentados atribuidos a las fuerzas armadas y policías y que son ellos los que instalaron en el imaginario social la idea de que el Estado es el responsable. Ahí está el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Por eso ahora es imperdonable que quieran vender otra historia, que no asuman que México tiene heridas profundas, que muchas regiones se han convertido en una fosa común, que hay una crisis humanitaria que exige una acción contundente y eficaz que parece que este gobierno no es capaz de dar.
Política mexicana y feminista
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