Yo estoy con Ucrania

Indudablemente hay un viraje significativo en la estrategia de combate al crimen organizado. La política de “abrazos no balazos” parece quedar atrás. Esto ha quedado claro con la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Pero no sólo. Decomisos, aseguramientos de armas, desmantelamiento de laboratorios de fentanilo (los que hace poco se decía no existían), detenciones de narcotraficantes que estaban a la vista, hablan de este cambio. Aunado a ello el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indica que la estrategia permisiva del sexenio pasado no prevalecerá en este. Todo esto merece sin duda el reconocimiento de las y los que pedían un cambio en la estrategia de seguridad, el problema es que responde en gran medida a las amenazas de Trump más que a una convicción propia. La entrega de estos criminales se da justamente unas horas antes de la reunión del gabinete de seguridad con el secretario Rubio y que el presidente de Estados Unidos informara que se aplicarían aranceles a partir del 4 de marzo pues consideraba que México y Canadá no habían hecho lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico. Y se da en condiciones confusas y con versiones contradictorias por lo inédito del procedimiento al grado de que la Presidenta —que es muy dada a presumir sus logros en las mañaneras— se abstuviera de opinar (no sin antes darle un raspón al poder judicial) y se le deslindara de esta decisión por las implicaciones jurídicas que conlleva haberlos trasladado y no extraditado. Jugó también la necesidad de aparentar que no actúa de manera sumisa frente a las exigencias del país vecino cuando en realidad está respondiendo a ellas.

Pero nadie en su sano juicio puede suponer que la máxima representante del Estado mexicano no haya tomado esta decisión. Es imposible que el gabinete de seguridad lo haya hecho sin su consentimiento. Tampoco es creíble el cuento de que fueron entregados, sin procedimientos legales de por medio, porque se tenía información de que serían liberados o sus procesos aplazados por el poder judicial. Ya la Judicatura se encargó de enmendarle la plana al secretario de seguridad pues de tener pruebas de sus dichos está obligado a presentarlas, pero el desmentido más contundente fue el que realizó el fiscal general (tal vez sin proponérselo) en la misma conferencia de prensa al declarar que este traslado se dio a petición del gobierno norteamericano. Esto se confirmó aún más con el comunicado de la Casa Blanca en el que informa que dichas acciones son consecuencia de una negociación que se da desde una posición de fuerza y en el que -hay que decirlo- no se le reconoce ni un ápice al gobierno mexicano. Mas claro ni el agua.

Por ello sin dejar de reconocer este hecho que podrá por el momento evitar la aplicación de aranceles no se puede obviar que el chantaje trumpista ha sido el principal motor de este viraje. No fueron las víctimas que siguen esperando justicia aquí en nuestro país. Ni tampoco los deseos de paz de este lado de la frontera. La amenaza pudo más que el clamor de un país asolado por la violencia, un país ensangrentado. El problema es que Trump no tiene llenadera.

Política mexicana y feminista

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