La confirmación de que la política de “abrazos no balazos” fue un fracaso corrió a cargo del Secretario de Seguridad durante su comparecencia en el Senado. Las cifras proporcionadas desmintieron la narrativa construida durante los seis años de López Obrador. En esta ocasión se habló de la reducción de los homicidios dolosos (lo que hay que asumir con cautela), del desmantelamiento de 1,500 laboratorios (que en el discurso lopezobradorista no existían), más de 35 mil detenidos (lo que no es creíble pues estaría colapsado el sistema penitenciario), incautación de toneladas de droga y decomiso de millones de litros de combustible provenientes del huachicol (ése que se presumió había ya terminado), entre otros indicadores relevantes. Ya sea que este golpe de timón se haya dado por la presión del gobierno de los Estados Unidos o por convicción, propios y extraños reconocen que hay un viraje en la política de seguridad que todos desean sea más realidad que propaganda. Porque estas cifras se dan en el contexto en el que las y los mexicanos siguen considerando el tema de la inseguridad como su mayor preocupación. Según la encuesta mensual de México Elige, 41.4 por ciento considera a la inseguridad como su principal problema y en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 63% de personas mayores de 18 años que viven en zonas urbanas se siente inseguro. El discurso oficial contrasta con la percepción ciudadana. La prueba es que, en la misma semana de la comparecencia, fueron asesinados dos líderes citrícolas —Bernardo Bravo en Michoacán y Javier Vargas en Veracruz— por denunciar el cobro de piso que exprime a ese sector agrícola. De acuerdo con EL UNIVERSAL, tan solo en la Tierra Caliente el crimen organizado se lleva al año una tajada de 3,600 millones de pesos producto de la extorsión a los limoneros.
Pero lo más grave está en el aumento de las desapariciones lo que lleva a pensar que, con el ánimo de mejorar la estadística, se esfuman los cadáveres para disminuir el número de homicidios. Una especie de “desaparecido el muerto, el homicidio no cuenta”. Para muestra basta un botón: durante el primer año del actual gobierno las desapariciones aumentaron un 77% con relación al último de López Obrador. El problema es tal que mientras el secretario comparecía, en la ONU se dio inicio al procedimiento para analizar si en México las desapariciones son generalizadas y sistemáticas por una sencilla razón: este hecho dejó de ser excepcional en nuestro país ya que no es normal que más de 134 mil personas hayan desaparecido, como no es normal que las madres, familiares y colectivos tengan que realizar la búsqueda sin apoyos oficiales o que las y los buscadores sean asesinados impunemente. La ecuación es sencilla: si disminuyen los homicidios dolosos pero las desapariciones aumentan, la violencia sigue siendo una espiral sin freno. Para acabarla de rematar, el presidente Trump al estilo de “con todo respeto” dejó caer de nuevo la afirmación de que México está gobernado por los cárteles. La realidad es que regiones enteras viven bajo el dominio de la delincuencia organizada, que nuestro país se ha convertido en una fosa común, y que el miedo sigue siendo un sentimiento dominante en una amplia mayoría de mexicanos. Algo que las cifras oficiales no pueden ocultar.
Política mexicana y feminista