A partir de una serie de artificios, el Congreso de la Ciudad de México abrió la posibilidad de que la actual fiscal pueda permanecer en su cargo cuatro años más. Para ello nombró un Consejo Ciudadano presidido por un respetable jurista, Jorge Nader Kuri, que se ha visto obligado a abrir un espacio para escuchar opiniones. Inventar un delito para acompañar una venganza personal como fue en el caso de Alejandra Cuevas, hubiera sido razón suficiente para que en ese momento dejara su cargo, y debiera ser un argumento muy poderoso para ni siquiera discutir su reelección. Bastaría también con la reciente intención de mantener al fiscal de Morelos a toda costa en la cárcel, sólo por sus diferencias con el gobernador morelense y el propio presidente.
A esto puedo sumar el hecho de que la Fiscal Godoy durante cuatro años ha encubierto a quien falsificó una licencia que fue el pretexto para que se me aplicara la prisión preventiva arguyendo que con ella se comprobaba que mentía sobre mi domicilio y podía darme a la fuga. Los responsables de emitir este documento oficial apócrifo no han sido castigados, lo que en la práctica es un encubrimiento y obstrucción de la justicia. Pero me interesa sobre todo hacer énfasis en los múltiples casos que conocí y que son clara expresión del abuso de poder de la fiscalía de la ciudad, en la que los ministerios públicos sin ningún pudor agravan delitos menores para que las personas vayan a la cárcel y luego les piden se acojan al procedimiento abreviado a cambio de un módico pago lo que en realidad significa una extorsión.
Una fiscal mujer que no se preocupa porque se procure justicia con perspectiva de género, a la que no le llama la atención que se siga criminalizando a las mujeres y que se pida la cárcel para muchas inocentes que son separadas de sus hijos e hijas contrariando con ello normas internacionales como las reglas de Bangkok, no merece encabezar tan importante institución. Tampoco si se trata de alguien que usa su cargo para encubrir a quienes son de su corriente política, pero que acelera los procesos para presentar culpables. Tal es el caso del colegio Rebsamen y la Línea 12 del Metro. En el primero, la directora por ser dueña fue sentenciada de manera expedita y la exdelegada de Tlalpan premiada con la Jefatura de Gobierno y ahora la candidatura presidencial. A diferencia de esto, a pesar de la muerte de 27 personas en el metro, los encargados de darle mantenimiento a esa red de transporte y que permitieron que se desviaran esos recursos para una precampaña ilegal no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa. Al contrario, la principal responsable fue merecedora del bastón de mando. Se llama justicia selectiva.
La Ciudad de México, el corazón de la República, no necesita una fiscal que utiliza a la institución para intereses personales y políticos y, mucho menos, que pide la cárcel para gente inocente y encubre a quienes le conviene y tienen las manos manchadas de sangre. Les toca a las y los diputados de la oposición la enorme encomienda para que esto no suceda. Está en sus manos empezar a saldar la enorme deuda que se tiene con la justicia en nuestra ciudad. Muy pronto lo sabremos.