Mientras el México del horror aflora en Zacapu con el hallazgo de una fosa clandestina en la que se encontraron 1,600 dientitos de leche, mientras el dolor invade a padres y madres de cinco bebés que murieron en las instalaciones de un hospital en Durango a causa de una bacteria, mientras desde las Naciones Unidas el presidente de Estados Unidos dice que nuestro país es el epicentro de la violencia de los cárteles, el oficialismo está preocupado por controlar la crítica y la sátira, censurar a los memes, y evitar que las y los mexicanos con doble nacionalidad puedan contender por la presidencia y gubernaturas. Su indolencia no tiene límites. No se ponen en los zapatos de quienes escarban la tierra con el único afán de encontrar a sus familiares desaparecidos y, mucho menos, de los que han tenido que enterrar a sus hijos recién nacidos porque con sus decisiones han colapsado el sistema de salud pública del país. Lamentablemente en estos casos la destrucción cobra vidas, significa muerte. Y no es suficiente una disculpa para encubrir esta negligencia criminal. Ya no basta con culpar al pasado o con enarbolar la soberanía con discursos huecos que no resuelven los grandes problemas nacionales.

Evaden constantemente la responsabilidad que conlleva gobernar y, más aún, estar al frente de un país. Es inaudito que para justificar la violencia que asola a Sinaloa se señale como causa la detención de un criminal, abogando por una “pax narca” que significa que el Estado mexicano abdica de su responsabilidad de proteger y dar seguridad. Que es preferible una paz simulada porque los grupos criminales controlan la plaza que hacer uso de toda la capacidad que se tiene para combatirlos. No menos grave es la situación en la que tienen al sistema de salud. Y lejos de corregir optan por entregar espejitos a la gente sin resolver el problema del desabasto de medicamentos y la falta de insumos y condiciones para que el personal médico realice su labor. Desaparecieron el seguro popular y dejaron a amplios sectores de la población sin capacidad para enfrentar una enfermedad catastrófica y sus decisiones han llevado a un resultado absolutamente neoliberal: 6 de cada 10 mexicanos tienen que acudir a farmacias o consultorios privados por necesidad y casi quince millones estén a merced de las aseguradoras que cuentan con la protección oficial y sin mayor regulación que impida sus abusos. Los datos son contundentes: en 2018 la población sin acceso a la salud eran 20 millones, en 2024 este número ascendió a más de 44 millones. En ese mismo período los hogares con gastos catastróficos aumentaron en un 64%.

La sombra de quienes han muerto por la política criminal del oficialismo recuerda su ineptitud y negligencia: los cientos de miles que murieron a causa del Covid y cuyas muertes eran evitables, los que perecieron o desaparecieron por la política de “abrazos no balazos” que no fue otra cosa que un cheque en blanco para el crimen organizado. Y aún ahora los que mueren por falta de medicamentos y tratamientos o los que pierden la vida por la violencia. En pocas palabras, en nuestro país —con el morenismo— la muerte y el dolor han asentado sus reales. Sus siglas se escriben con M de muerte.

Política mexicana y feminista

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