Abril Acosta
Ricardo Reza
Una de las discusiones más incómodas pero necesarias en la vida pública es la relacionada con quiénes dirigen las instituciones del Estado. En educación, este debate adquiere una relevancia particular, pues no se trata únicamente de administrar recursos o coordinar estructuras burocráticas (cuestiones ya de por sí complejas), sino de conducir procesos formativos que involucran saberes, prácticas pedagógicas, trayectorias estudiantiles y condiciones de trabajo docente, cuyos efectos no son inmediatos, sino acumulativos y de largo plazo sobre el desarrollo social, productivo y democrático.
La evidencia comparada abona en esta reflexión. Un estudio ya clásico de David E. Lewis (2007) basado en la evaluación de programas federales en Estados Unidos, muestra que los organismos dirigidos por funcionarios nombrados políticamente obtienen resultados sistemáticamente peores que aquellos encabezados por funcionarios de carrera. Entre cinco y seis puntos menos en indicadores de desempeño, especialmente en los rubros de resultados y gestión programática. Lo que mejora el desempeño no es la experiencia política, el paso por el sector privado o un mayor nivel educativo, sino la experiencia previa, conocimiento en el sector y permanencia en el cargo. La conclusión es contundente: la profesionalización administrativa y técnica importa, y mucho.
Este fenómeno se inscribe, además, en lo que se ha denominado la captura de los puestos públicos: una práctica legal pero estructuralmente dañina, mediante la cual los cargos se asignan por cercanía política más que por mérito, lo que debilita la profesionalización del servicio público, desincentiva a los cuadros técnicos y vacía de contenido a las políticas públicas (Merino, 2013).
A la luz de esta evidencia, el nombramiento de perfiles sin trayectoria en el ámbito educativo, como el de Francisco Garduño al frente de la Dirección General de los Centros de Formación para el Trabajo el 19 de enero pasado (y otras designaciones similares en el ámbito educativo), puede verse como un problema de capacidades institucionales y de justicia en las designaciones públicas. Optar por perfiles ajenos al ámbito educativo ignora el mérito y la experiencia en el campo y envía un mensaje preocupante: la trayectoria profesional y el conocimiento especializado no son criterios relevantes para ocupar posiciones estratégicas. El problema, por tanto, deja de ser meramente técnico y se convierte en uno político y ético, pues erosiona la idea de un servicio público basado en reglas impersonales, mérito y responsabilidad frente al interés general. Cuestionar estos nombramientos es una exigencia democrática básica. Si se espera que la educación contribuya al desarrollo y a la igualdad, la idoneidad de quienes la dirigen no es negociable.
ricardoa.rezaf@gmail.com
Referencias:
Lewis, D. E. (2007). Testing Pendleton's Premise: Do Political Appointees Make Worse Bureaucrats? The Journal of Politics, 69(4), 1073-1088. https://cdn.vanderbilt.edu/t2-my/my-prd/wp-content/uploads/sites/411/2018/07/pendletonspremise.pd
Merino, M. (2013). La captura de los puestos públicos. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 58(219), 135-156. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182013000300006