Gabriela Pimentel Linares
Profesora investigadora – Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
La educación superior suele presentarse como una vía para transformar vidas y sociedades. Se ha evidenciado que tener estudios universitarios incrementa las oportunidades laborales, mejora los ingresos y abre puertas que, de otro modo, permanecerían cerradas, por lo que estudiar debería ser una de las vías más efectivas para la movilidad social, sin embargo, esta posibilidad tiene límites.
En las últimas dos décadas, la discusión al respecto ha incorporado dos conceptos que resultan centrales para entender los alcances reales de la educación superior: inclusión y equidad. Estos principios definen qué tan justa, accesible y transformadora puede ser la educación superior en una sociedad desigual. La comunidad internacional ha colocado este tema en el centro de la agenda global. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de la Agenda 2030 plantea la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas, así como oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. El desafío es entonces no solo que más personas accedan a la educación, sino que esta incluya a las poblaciones históricamente relegadas.
En México, las oportunidades educativas continúan distribuyéndose de acuerdo con el origen social: las personas de sectores sociales desfavorecidos se enfrentan a más barreras para ingresar y permanecer en las universidades, mientras que las personas con un estatus social más alto acceden a mejores instituciones y a programas educativos más valorados (Silva, 2020). Según la ENIGH 2022, únicamente 4.9% de quienes estudian un programa de licenciatura proviene del decil más pobre del país. Además, la estadística educativa del ciclo 2021-2022 muestra que solo 1.7% de las y los estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas se reconocen como hablantes de lengua indígena (SEP, 2023).
Cuando las posibilidades de estudiar y concluir una carrera universitaria son desiguales por razones económicas, culturales, de género o de origen social, los beneficios de la educación superior también se distribuyen de forma desigual, y la universidad, en lugar de ser un espacio que brinde oportunidades para todas y todos, puede convertirse en un impulso principalmente para quienes ya tenían mejores condiciones de partida, reproduciendo así las brechas sociales. Es por ello que es importante que las universidades tengan un enfoque explícito de equidad e inclusión para avanzar en la solución a las desigualdades que se pueden reproducir dentro de ellas.
Hace poco tiempo, un grupo de investigadoras de la UAM Xochimilco, llevamos a cabo el proyecto “Relaciones y tensiones entre la desigualdad y la educación y superior: políticas y propuestas para la equidad”, en el que identificamos los procesos y prácticas institucionalizadas, así como los aprendizajes organizacionales, tanto para la redistribución de los recursos, como para el reconocimiento y atención de las diferencias. Se evidenció que no existe una sola forma de concebir los principios de equidad e inclusión y que las acciones dependen del contexto de cada institución, el cual define sus valores, políticas y estrategias. Encontramos, por ejemplo, que algunas universidades relacionan más la equidad y la inclusión con programas y acciones dirigidas a personas con discapacidad, otras que hacen mayor énfasis en la gratuidad y el otorgamiento de becas a personas con menos recursos económicos, y otras con medidas dirigidas a erradicar la violencia de género. El proyecto también evidenció que, aunque las universidades reconocen la importancia de realizar acciones que promuevan la equidad y la inclusión entre sus comunidades, existen problemáticas y desafíos, como la necesidad de definir objetivos específicos al respecto, contar con mayores capacidades organizacionales, financiamiento adecuado y marcos institucionales sólidos.
La equidad y la inclusión no tienen un significado único, ni se traducen en una sola forma de actuar, pues implican la atención de las múltiples formas de desigualdad que se reproducen día a día en las universidades. Pero es fundamental que haya claridad en los objetivos que las universidades establecen al respecto de estos dos principios, reconociendo siempre que estos adquieren sentido en sus contextos específicos. Esto, en conjunto con la autoevaluación de las capacidades organizacionales y de los recursos disponibles, constituye la base para que las universidades desarrollen políticas integrales y lleven a cabo acciones específicas que atiendan la diversidad y las múltiples formas en las que se presenta la desigualdad en el ámbito de la educación superior. Solo así la universidad dejará de reproducir desigualdades y podrá ofrecer condiciones más justas para todas y todos.