Por Ana Beatriz Pérez Díaz
El 5 de octubre pasado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reunió a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México para rendir el informe “La transformación avanza”. Desde el discurso del Humanismo Mexicano y con el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, se refirió a los derechos sociales como la base del bienestar y colocó a la gratuidad de la educación superior como el eje de su gobierno para este nivel educativo. Sin embargo, la falta de recursos para concretarla la mantiene más cerca del anhelo que de la realidad, revelando los límites del actual modelo de bienestar y la retórica que lo sostiene.
Este contraste es evidente. Lejos del ideal de un Estado de Bienestar, el presupuesto para la educación superior acumulará, en ocho años, una reducción de 32 puntos porcentuales en términos reales; lo que equivale a una disminución cercana a los 83 mil millones de pesos[i]. A esto se suman los recortes presupuestales a las instituciones de educación superior federales y estatales que ya se vislumbran en el Paquete Económico 2026[ii]. Esta realidad contrasta con la inversión por estudiante que realizan países como Luxemburgo, Suiza y Noruega (25,000 dólares), frente a la que se realiza en México (5,000 dólares)[iii].
La narrativa de la gratuidad también está presente en el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE). Si bien se consideran objetivos y estrategias que apuntan a la equidad en la educación superior, tales como la expansión de la oferta, el acompañamiento tutorial, y una mayor participación de las mujeres en los campos de ingenierías y áreas científicas, no se refieren acciones explícitas para avanzar en su gratuidad. En el escenario más crítico, todo apunta a que en lo que resta del sexenio no se vislumbran intenciones reales de transformación.
En la Ley General de Educación Superior (LGES) la gratuidad se refiere a la eliminación progresiva de los costos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias en programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado. Según la SEP, el Fondo creado para este propósito debería tener una inversión de 23,403 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026[iv]. Como ha ocurrido desde 2022, el presupuesto destinado a este propósito ha sido de cero pesos.
Aunque existe un mandato normativo para la reducción de cuotas, los hechos revelan que no sucede así, pues los cobros continúan. Sin pretender generalizar y consciente de la necesidad de profundizar al respecto, se puede constatar que, según su portal institucional, la Universidad Autónoma de Nuevo León cobra $4,800.00 pesos por concepto de inscripción de primer ingreso a la Facultad de Ingeniería Civil[v]. Asimismo, la convocatoria de admisión a la Universidad Autónoma de Nayarit refiere que aquellos aspirantes que incumplan el pago de inscripción en los tiempos asignados serán considerados desertores del proceso.
El Humanismo Mexicano ha prometido ampliar derechos. No obstante, el derecho a una educación superior gratuita está lejos de lograrse. Más que una política, es un mito que revela las contradicciones del Estado de Bienestar.
