Por Luis Montaño Hirose
En muchos ámbitos de la vida pública se piensa que la alternancia es la respuesta natural frente a la concentración del poder. La lógica parece simple: si el poder rota, se distribuye; y si se distribuye, se equilibra. En efecto, la alternancia puede funcionar como un mecanismo de contención para evitar que un grupo permanezca demasiado tiempo en una posición de decisión. Pero no todas las alternancias son iguales ni producen los mismos efectos.
Hay, al menos, dos formas distintas de alternancia y una variante más frágil de la segunda.
La primera es la alternancia formal, aquella que está establecida en las reglas. En la mayoría de las universidades públicas, por ejemplo, los directores o rectores sólo pueden ocupar el cargo durante un periodo determinado, incluida la posibilidad de reelección. Al terminar, deben dejar el puesto y otra persona lo ocupa. Este tipo de alternancia no depende de acuerdos personales ni de confianza entre los actores: simplemente está escrita en la norma. Su función principal es evitar la perpetuación en el poder. No elimina los conflictos, pero los encauza porque define tiempos, procedimientos y límites claros.
Sin embargo, incluso esta forma de alternancia tiene límites. Aunque cambie la persona en el cargo, puede ocurrir que quienes ocupan sucesivamente la posición pertenezcan al mismo grupo académico o a redes cercanas. En ese caso, la rotación existe en el papel, pero la conducción real del espacio cambia poco.
La segunda forma es la alternancia informal, que no está en los reglamentos sino en acuerdos entre colegas. Aparece cuando distintos grupos consideran conveniente turnarse ciertas responsabilidades para evitar tensiones o equilibrar la representación entre áreas académicas. En algunas divisiones universitarias, por ejemplo, se propone que en cada elección se alterne entre disciplinas distintas: un periodo un físico, el siguiente un matemático, después alguien de informática. En varios casos, ambos tipos de alternancia pueden combinarse ya que en el proceso formal, los grupos pueden introducir criterios informales para orientar la rotación.
El problema es que, al no estar normada la alternancia informal, ésta depende por completo de la voluntad de quienes participan. Puede proponerse, discutirse o incluso anunciarse, pero no existe un mecanismo que garantice su cumplimiento. Por eso muchas veces funciona más como gesto político que como práctica sostenida: sirve para expresar la intención de equilibrio, aunque no necesariamente lo produzca.
Existe incluso una variante más frágil de la alternancia informal, menos visible: la alternancia como equilibrio precario. Aparece cuando los grupos aceptan rotarse posiciones no porque confíen plenamente entre sí, sino porque reconocen que el desacuerdo podría volverse más costoso que el relevo temporal. En estos casos, la alternancia funciona como una forma mínima de convivencia: permite que distintos actores participen en la conducción, aunque las diferencias de fondo permanezcan. En su forma extrema, este principio puede llevar incluso a la insaculación, es decir, a la designación por sorteo.
¿Conviene siempre la alternancia? No necesariamente, depende de condiciones institucionales
La alternancia formal suele ser útil cuando la confianza entre los actores es baja, porque establece límites claros al ejercicio del poder. La alternancia informal, en cambio, sólo funciona cuando existe un terreno común: cierta coincidencia sobre lo que se considera legítimo o deseable para la institución. Cuando ese terreno compartido se debilita, la rotación deja de resolver los problemas y se convierte apenas en un mecanismo de coexistencia.
En las universidades, ese terreno común no siempre está dado. Aunque las diferencias entre grupos suelen tener un fuerte componente disciplinario, no se explican sólo por ello. Con frecuencia reflejan distintas maneras de concebir el trabajo académico, la misión social de la universidad, el valor del conocimiento y el papel de la gestión institucional. Lo que para algunos resulta plenamente justificable, para otros puede parecer cuestionable o incluso inaceptable.
En ese contexto, la alternancia puede ayudar a evitar conflictos mayores, pero difícilmente resuelve el problema de fondo. Las instituciones continúan funcionando: se toman decisiones, las actividades siguen y los proyectos avanzan. Sin embargo, la forma en que se participa cambia de manera casi imperceptible. La deliberación pierde fuerza, las intervenciones se vuelven más cautelosas y las decisiones empiezan a percibirse como algo dado, más que como el resultado de una construcción colectiva.
Por eso la discusión sobre la alternancia reaparece una y otra vez en la vida universitaria. No tanto porque sea la solución definitiva, sino porque señala que algo más profundo está en juego. La alternancia puede distribuir el poder durante un tiempo, pero no sustituye aquello que realmente sostiene la vida institucional: la existencia de criterios compartidos sobre qué decisiones son legítimas y por qué.
Cuando esos criterios dejan de ser claros o dejan de ser comunes, la alternancia ya no alcanza. Más que una solución, se convierte en un síntoma, haciendo surgir una pregunta más difícil: cómo reconstruir un espacio común en comunidades donde las maneras de entender la universidad se han vuelto cada vez más distintas. El reto no está solo en quién dirige, sino en volver a construir consensos que den legitimidad y sentido a las decisiones colectivas.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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