En El mercader de Venecia, William Shakespeare da vida a una de las reflexiones más inquietantes acerca el poder del contrato y la fragilidad de la justicia. El personaje del prestamista Shylock exige como garantía de pago una libra (casi medio kilo) de carne del cuerpo de Antonio, el mercader.
Así, lo que comienza como un acuerdo comercial se transforma en una amenaza contra la vida, revelando cómo los instrumentos legales pueden convertirse en armas de abuso cuando no están equilibrados por principios éticos.
La obra plantea un dilema que sigue vigente. El tribunal de Venecia, en su afán por respetar el contrato, está a punto de permitir una mutilación “legalmente justificada”. Shakespeare nos recuerda que la justicia no reside únicamente en el cumplimiento formal, sino en la capacidad de proteger a la persona más vulnerable frente al poder institucional.
Lo anterior ilustra la realidad del sistema financiero actual. Millones de mexicanas y mexicanos se topan con un sistema que debería ser un aliado, pero termina siendo un adversario, al enfrentar productos financieros que nunca solicitaron, cláusulas que no comprenden y obstáculos que les impiden ejercer sus derechos.
En nuestro país, el sistema financiero avanza rápidamente. El número de tarjetas de crédito bancarias pasó de 8.8 millones, en 2021, a 13.6 millones, en 2024. Eso significa que hoy el 16 por ciento de la población adulta cuenta con una.
A ello se suman las tarjetas departamentales, que ya alcanzan los 19.6 millones. Esta expansión, aunque positiva en términos de inclusión financiera, también desató prácticas que ponen en riesgo la confianza ciudadana: emisión de plásticos sin consentimiento, cancelaciones trabadas y cargos indebidos.
El problema de las tarjetas no solicitadas es muy grave. Con promociones agresivas o ventas disfrazadas, las personas reciben plásticos que nunca pidieron, convirtiéndose, de un día para otro, en deudoras potenciales.
Lo que sigue son cargos automáticos, historial crediticio afectado y la sombra de un adeudo que nunca eligieron. Sumémosle el calvario que representa cancelar una tarjeta: trámites presenciales, requisitos confusos y tiempos excesivos.
En 2024, la CONDUSEF recibió más de 6 mil quejas relacionadas con obstáculos para cancelar productos financieros. El derecho a cancelar está reconocido en la ley, pero en la práctica se esfuma entre burocracia y desinformación.
Esta situación no puede continuar. La confianza en el sistema financiero depende de que las reglas sean claras, justas y aplicables. Por eso, presentamos una iniciativa que busca cerrar la puerta a las prácticas abusivas y hacer realidad lo que hasta hoy solo existe en el papel.
Actualmente, el artículo 10 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que una persona usuaria puede cancelar su tarjeta en cualquier momento, incluso por medios electrónicos.
Sin embargo, la norma no fija plazos, no obliga a ofrecer canales de cancelación equivalentes a los de contratación ni asegura la entrega de comprobantes. En pocas palabras, reconoce el derecho, pero no garantiza su ejercicio.
Nuestra propuesta corrige esas omisiones: establece que las instituciones deberán habilitar mecanismos presenciales, telefónicos y digitales para cancelar, con un botón directo y visible en aplicaciones y portales en línea.
Además, fija un plazo máximo de tres días hábiles para concluir el trámite, sin comisiones ni penalizaciones, y obliga a entregar una constancia física o digital que certifique la terminación del contrato.
El segundo eje de la propuesta de reforma es aún más importante, porque se trata de frenar la emisión de tarjetas sin consentimiento. Aunque el artículo 18 Bis exige conocimiento del clausulado, no ha impedido que los bancos y tiendas coloquen plásticos en manos de personas que nunca los solicitaron.
Por eso proponemos un nuevo artículo: el 18 Bis 11, que declare nula de pleno derecho cualquier tarjeta emitida sin consentimiento informado, verificable y consciente. Esto significa que la persona usuaria no adquirirá obligación alguna; que los bancos no podrán generarle cargos ni afectar su historial, y que los cobros indebidos deberán reembolsarse de inmediato.
En términos jurídicos, esta previsión refuerza el principio fundamental de la autonomía de la voluntad: ningún contrato es válido sin consentimiento libre e informado. Así se cierra la puerta a los abusos y se garantiza que la gente siempre conserve la última palabra.
La iniciativa no busca frenar al sistema financiero, sino fortalecerlo, ya que un sistema que respeta a sus usuarias y usuarios es más confiable e incluyente. Si las personas saben que no serán sorprendidas, que sus derechos estarán protegidos y que podrán cancelar sin obstáculos, confiarán más en el uso de los servicios bancarios y departamentales.
El crecimiento del sistema financiero no debe sostenerse sobre la base de prácticas engañosas. Al contrario, solo podrá consolidarse si garantiza transparencia, respeto y equilibrio. México necesita instituciones financieras que entiendan que las personas usuarias no son clientes cautivos ni carne de contrato, sino ciudadanas y ciudadanos con derechos.
Coordinador de los diputados de Morena
X: @RicardoMonrealA
