En Crimen y castigo, Fiódor Dostoievski explora las profundidades de la moralidad humana y la lucha interna entre el crimen y la salvación. La novela sigue la vida de Rodión Raskólnikov, quien, luego de cometer un delito, enfrenta las consecuencias de su acto. Con ello, Dostoievski hace que reflexionemos sobre el sistema judicial y la búsqueda de justicia en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal parecen difuminarse.
El caso de Ismael Zambada, conocido como “El Mayo", trae consigo planteamientos similares acerca de la justicia, pero desde una perspectiva distinta. Lo que está generando el debate es que aquí no se trata de un individuo que busca redimirse, sino de un presunto delincuente con décadas de historial en el narcotráfico, quien hoy apela a la legalidad y al derecho internacional para exigir su repatriación.
Recordemos que fue detenido el 25 de julio del año pasado en El Paso, Texas, y que enfrenta 17 cargos relacionados con el tráfico de drogas. Ante esto, su equipo legal ha movido todas las piezas posibles para evitar la pena de muerte y, recientemente, dirigió una carta al Gobierno de México argumentando que su extradición violó la soberanía nacional.
En la misiva, su defensa señala que fue trasladado ilegalmente y sin un proceso de extradición formal, advirtiendo, incluso, que si el Gobierno federal mexicano no interviene en su favor, las relaciones bilaterales con Estados Unidos (EU) podrían verse afectadas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su postura: este caso no se trata de la defensa de un presunto delincuente, sino de garantizar la legalidad y el respeto a las instituciones mexicanas.
Con total transparencia, confirmó que la carta fue recibida y que el caso está siendo analizado por la Fiscalía General de la República. También subrayó que cualquier decisión se tomará con base en el respeto irrestricto a la ley y en la defensa de la soberanía nacional.
El equipo legal de Zambada, encabezado por el abogado Clark Eugene Birdsall, apela a tratados internacionales para respaldar su solicitud, como el Tratado entre México y EU para prohibir los secuestros transfronterizos, firmado en 1994, pero que nunca fue ratificado por el país vecino.
También cita la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Su argumento principal radica en que la captura de Zambada y su entrega a las autoridades estadounidenses fueron ilegales y que, por tanto, su repatriación es un derecho legítimo.
No obstante, hay aspectos fundamentales que no pueden pasarse por alto. La legalidad no es un concepto que pueda usarse a conveniencia. El Estado mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanas y ciudadanos en el extranjero, pero eso no significa que esté obligado a aceptar chantajes ni actuar en contra de los principios jurídicos que rigen nuestras instituciones.
La forma en que Zambada fue trasladado a EU debe ser revisada en los tribunales, no en los medios ni a través de presiones políticas. Además, este no es el primer caso en que un presunto delincuente mexicano alega violaciones a sus derechos para evitar enfrentar la justicia en la Unión Americana.
El caso de Humberto Álvarez Machain, en 1990, sentó un precedente cuando fue secuestrado en Guadalajara, México, por agentes de la DEA y trasladado a El Paso, Texas, y la Corte Suprema de EU determinó que esto no violaba el tratado de extradición entre ambos países. Sin embargo, el Gobierno federal lo consideró una afrenta a la soberanía mexicana, lo que llevó a una disputa diplomática.
La Presidenta Sheinbaum, respecto al caso Zambada, aseguró que no permitirá que se convierta en un precedente de impunidad ni en un instrumento de presión para erosionar la relación bilateral, reiterando que cualquier decisión será tomada en el marco de la ley y con respeto absoluto a nuestra soberanía.
Además, este asunto debe entenderse en un contexto más amplio. La legalidad es la piedra angular de cualquier sociedad democrática. No es un concepto negociable, no puede haber excepciones ni tampoco concesiones basadas en amenazas o chantajes. Si algo ha quedado claro con la llegada de la Cuarta Transformación es que en México las decisiones las toma el pueblo a través de sus instituciones.
De ahí la importancia de la propuesta de reforma constitucional impulsada por la mandataria, que busca modificar los artículos 19 y 40 de la Constitución, a fin de blindar nuestra soberanía frente a injerencias extranjeras, así como endurecer las penas para quienes participen en el tráfico de armas, un problema que ha exacerbado la violencia en el territorio nacional.
Es momento de cerrar filas con la Presidenta y fortalecer nuestras instituciones. En el Congreso respaldamos sus decisiones, e impulsaremos estas reformas. México enfrenta el reto de consolidar un Estado de derecho que no ceda ante chantajes, porque la legalidad no es negociable y la soberanía nacional, tampoco.
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