La tradicional solemnidad de la SCJN ya se perdió. El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha informado los cambios protocolarios.
Sin embargo, eso es lo de menos frente a la nueva visión con que se impartirá la justicia.
Que el presidente de la SCJN defina que fueron legales los acordeones y que impugnará las sanciones impuestas por el INE a los beneficiarios de estos listados, es muy preocupante.
Que estos nuevos funcionarios judiciales antepongan sus ideas personales por encima de la ley, es aún más preocupante.
¿Cómo se impartirá la justicia a partir de un Poder Judicial que se siente más comprometido con sus electores que con la Constitución?
En un país donde el “estado de derecho” está siendo violentado continuamente y se necesita una voz que imponga orden dentro del Poder Judicial, -invocando a la institucionalidad-, le damos la bienvenida a un activista cuya prioridad son los derechos indígenas.
De ningún modo se cuestiona el valor de su compromiso con este sector de nuestra población que tradicionalmente ha sido marginado del desarrollo y relegado socialmente.
Sin embargo, su nuevo cargo como presidente del máximo tribunal del país, -y cabeza del Poder Judicial-, exige al ministro Hugo Aguilar una visión totalmente incluyente, pues es responsable de garantizar el acceso a la justicia, -no sólo para los indígenas-, sino para todos los grupos sociales, independientemente de condicionantes étnicas, culturales, sociales, educativas y de cualquier índole.
Debe dejar de priorizar los temas reivindicatorios y asumir su compromiso con todos y cada uno de los más de 130 millones de mexicanos. Por tanto, su comunicación debe hacer referencia a la necesidad de garantizar certeza jurídica para todo el país.
Por otra parte, esta renovación del Poder Judicial Federal trae consigo nuevos riesgos, pues los filtros para garantizar la idoneidad de los nuevos funcionarios judiciales para ejercer el cargo que asumirán el primero de septiembre fueron tan básicos que no nos aseguran que la justicia sea mejor que antes, y menos aún que se abata la impunidad.
La carrera judicial, -que hoy ha sido relegada como medio de ascenso laboral para priorizar en su lugar a la popularidad-, antes era una garantía de experiencia básica.
Ahora la curva de aprendizaje supondrá una parálisis en la resolución de viejos casos, de gente recluida sin sentencia durante años.
Los cambios no garantizan mejoría ni evolución.
La libertad de muchos inocentes hoy recluidos se verá retrasada, con todo lo que esto implica. La gente pobre y sin capacidad de pagar un buen abogado, generalmente termina olvidada en los penales. En cambio, los delincuentes con el dinero robado consiguen un abogado que les tramita una rápida libertad.
El costo social de esta reforma será muy alto para la población vulnerable, ahondando las injusticias que el candidato López Obrador en campaña prometió resolver.
Indignante
Indignante lo que está sucediendo en Campeche.
Ojalá algún reportero de los que asisten a las mañaneras tomase la representación del gremio periodístico y le preguntase a la presidenta ¿Cuál sería su posicionamiento frente a la represión en contra de la prensa en Campeche?
La presidenta Sheinbaum ha reiterado que no existe censura en el país. Sin embargo, el Consejo Electoral de Campeche ha estado violando el artículo 7 de nuestra Constitución, el cual garantiza la libertad de expresión.
Tres periodistas más de esa entidad federativa fueron obligados a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores por haber cuestionado su imagen pública.
Por primera vez en lo que va de este siglo una autoridad impone abiertamente un censor que revise el trabajo de un periodista, y eso sucedió en Campeche.
Carne de cañón
El descubrimiento de que dos sicarios abatidos en Sinaloa tenían reporte de desaparición en Jalisco nos exhibe una triste y grave realidad, que es el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de los grupos criminales, ya sea por secuestro directo o a través de engaños al ofrecer oportunidades laborales.
¿Cuántos de los que participan en actividades de la delincuencia organizada están en contra de su voluntad, realizando las tareas más peligrosas? … ¿La tercera parte de ellos? … ¿La mitad?
A final de cuentas son víctimas de esclavitud laboral y si no escapan es porque les puede costar la vida en condiciones de violencia extrema y tortura.
El Estado Mexicano debiera tratarlos como víctimas si existiese un reporte de desaparición firmado por sus familiares cuando se descubre su ausencia. Sin embargo hoy, -o son asesinados en enfrentamientos con autoridades o con cárteles enemigos-, o terminan encarcelados, con la vida destrozada.
La Comisión Nacional de Búsqueda debiese crear un protocolo cuando se descubran estos casos. Por sus orígenes en estos casos existen altas posibilidades de reinserción social a través de una nueva identidad que los ponga fuera de peligro de ser localizados por el grupo delincuencial.
La iglesia en manos de Lutero
Pablo Gómez utilizó a la UIF, -no para perseguir a las grandes fortunas de la delincuencia organizada-, sino de los opositores a este régimen. Su actuación siempre fue política.
Por tanto, que él sea quien coordine la reforma electoral, es poner a “la Iglesia en manos de Lutero”. Nada garantiza que trabaje a favor de la democracia, sino para perpetuar indefinidamente a este régimen del que ha vivido desde hace años.
Esa encomienda debe otorgársele a quien garantice un trabajo confiable. La credibilidad debe ser el principal atributo de quien asuma esta responsabilidad.
Reforma electoral
El objetivo de la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum parece ser la generación de ahorros, no el blindaje de las elecciones para que cada vez sean más transparentes y confiables.
La eliminación de los cargos plurinominales, la disminución del número total de legisladores y la reducción del presupuesto otorgado a los partidos sigue teniendo como objetivo el ahorro.
Sin embargo, en la práctica todo gira alrededor de ahorrar morralla mientras el gobierno dilapida grandes fortunas.
Sin embargo, no se toca el tema verdaderamente crucial, el más importante: Cómo impedir la intromisión del crimen organizado en las elecciones.
El mayor riesgo para la democracia es la intervención del crimen organizado.
Libro "La libertad de expresión...la visión jurídica"
Como una aportación al análisis del tema “libertad de expresión” la Academia Mexicana de la Comunicación AC, a través de los miembros de su Consejo Asesor Jurídico, -grupo presidido por el Mtro. Luis Raúl González Pérez-, ha editado un libro titulado “La libertad de expresión… la visión jurídica”.
Cada capítulo fue desarrollado por cada uno de los miembros de este grupo.
La coordinación editorial estuvo a cargo de la Dra. Hilda Nucci González.
Habrá una versión impresa para legisladores, prensa y ámbito académico y la versión electrónica, -tanto en formato e-book como en PDF-, estará disponible gratuitamente para quien quiera obtenerla.
A partir de la fecha de su lanzamiento, se divulgará la ubicación para obtener la versión electrónica.
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