La noticia de que Donald Trump ha demandado a varios medios de comunicación de su país por la información difundida respecto a él, presagia grandes peligros para la libertad de prensa en el mundo.
Estados Unidos se ha asumido como el referente respecto al derecho a la libertad en todos los ámbitos, tanto políticos como sociales. Por tanto, tiene gran significado que el derecho a la libertad de prensa esté a merced de quienes hoy ejercen el poder político.
El presidente Trump está exigiendo al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos que castigue con multas al programa televisado “60 Minutos”, -de la cadena CBS-, por sus críticas a su persona y por haber entrevistado a Kamala Harris durante la campaña presidencial, lo cual él consideró favoritismo hacia su contrincante.
Sin embargo, ya anteriormente había demandado a la agencia de noticias ABC News, que forma parte de la cadena de radio y televisión del mismo nombre y a Meta, el grupo que encabeza Zuckerberg, el fundador de Facebook.
La libertad de prensa, -como un derecho universal-, es un bastión de la democracia.
La transparencia es un valor fundamental para la vida democrática y ella se obtiene a través de la libertad de expresión, -y como parte de ella-, de la libertad de prensa.
La difamación y el daño a la reputación efectivamente no deben tolerarse. Sin embargo, una demanda debe estar bien documentada a partir de la veracidad o la falsedad del hecho que se ha difundido, y no de la subjetividad del daño emocional del sujeto que demanda.
Fuera de la restricción que significa la veracidad, la libertad de expresión y la libertad de prensa deben ser irrestrictas. Sin embargo, cuando el sujeto de la información difundida sea un personaje de la política o la administración pública, ninguna demanda debe proceder, pues los cargos públicos deben estar abiertos a una supervisión y evaluación pública continua. El funcionario exhibido debe estar obligado a dar las explicaciones pertinentes, pues la confianza es el requisito fundamental de su actividad.
Los políticos y los funcionarios públicos toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos, -así como de las instituciones privadas-, y por tanto, éstos deben ser vigilados sistemáticamente, como parte de la vida democrática.
Cuando un alto funcionario público demanda a un ciudadano, -o a un periodista-, su querella lleva tras de sí el peso de todo el estado y sus instituciones, lo cual evidencia un desequilibrio que vulnera la equidad jurídica y constituye un abuso contra los derechos humanos del demandado.
El show mediático que durante el sexenio del presidente López Obrador se realizaba en “Las Mañaneras”, denominado “Quién es quien en las mentiras” -, vulneró los derechos humanos de muchos mexicanos utilizando la retórica informativa.
Es urgente revisar la legislación referente a la libertad de expresión para proteger este derecho y evitar que éste sea manipulado por funcionarios públicos y entonces la ley sea incapaz de proteger jurídicamente a quienes ejercen el periodismo.
México frente a la ONU
El extrañamiento que hace la ONU a México por el tema de las desapariciones forzadas es una oportunidad y no un problema para el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Consideremos que la mayor responsabilidad por las desapariciones forzadas recae en el sexenio del presidente López Obrador, en el cual ella no participó pues se encontraba gobernando la Ciudad de México con buenos resultados en el tema de seguridad pública.
Si ella atiende a este requerimiento, -que jurídicamente el gobierno de México está obligado a responder-, ella quedará ante la opinión pública global como respetuosa del estado de derecho, como corresponde a todo aquel gobernante que merezca ser calificado como estadista.
México está obligado a respetar los requerimientos de la ONU puesto que por propia voluntad se adhirió a este organismo y aceptó respetar sus lineamientos y disposiciones.
De no aceptar, México podría estar enfrentando a la Corte Penal dentro de unos meses.
¿Y la oposición?
Frente a la coyuntura del creciente impacto de las desapariciones forzadas se abre una oportunidad de crear conciencia social y una cultura de respeto a los derechos humanos, señalando a los grupos delincuenciales como los autores de este grave problema que destruye familias.
Sin embargo, este gran esfuerzo debe ser detonado y nadie mejor para realizarlo que los partidos de oposición hablando mediáticamente a los familiares de las víctimas con una narrativa emocional y solidaria.
Sin embargo, la apatía campea en la oposición al grado que los diferentes partidos ni siquiera se han manifestado respecto a este grave tema.
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross
