Qué descaro de la mayoría de MORENA y sus aliados en la cámara alta. Por iniciativa del presidente del Senado, -Gerardo Fernández Noroña-, pretenden realizar un extrañamiento en contra de Olivier Frouvilleu, -presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada, -de la ONU-, por su declaración de que en México las desapariciones de personas suceden de modo sistemático en todo el territorio.
Es cierto que la desaparición forzada no la practican hoy ni el Estado Mexicano, ni el Gobierno, y que este fenómeno no inició durante el gobierno de López Obrador. Sin embargo, sí podemos asegurar que creció de forma exorbitante por la negligencia del gobierno anterior.
Por otra parte, desafortunadas las declaraciones de la presidenta de MORENA, -Luisa María Alcalde-, al responder a los cuestionamientos del más poderoso organismo internacional, -como lo es la ONU-, victimizando al gobierno de México y acusando a esta prestigiada institución internacional de tener “orientación política e ideológica… pues no les gustan los gobiernos progresistas cercanos a la gente”.
Afirmar que de “2018 a la fecha el Gobierno de México no desaparece personas ni viola derechos humanos, y tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad”, es un distractor para ocultar una verdad incuestionable: el fracaso de la política obradorista “abrazos no balazos”, de la cual ella también fue responsable durante poco más de un año, en que fungió como secretaria de gobernación, el segundo cargo gubernamental más importante de México y que además es responsable de la seguridad interna de nuestro país, así como de coordinar al gabinete presidencial.
Efectivamente, el gobierno de México no desaparece personas: lo hace la delincuencia. Sin embargo, las declaraciones de Olivier Frouvilleu no culpan al gobierno de ser el autor material ni intelectual, sino de haber sido indolente y tolerante frente a este fenómeno delincuencial y no haber llevado a cabo las acciones que constitucionalmente debe realizar. El gobierno federal cuenta con la infraestructura militar necesaria para combatir con eficiencia y efectividad a la delincuencia, pero por una decisión política del presidente López Obrador, -comandante supremo de las Fuerzas Armadas-, el gobierno de México se abstuvo de realizar lo que está obligado a hacer.
Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, sólo podemos decir que están fuera de contexto.
Este organismo ha permanecido ausente del acontecer nacional desde que ella tomó el cargo, y sin embargo, hoy frente a los cuestionamientos de la ONU responde retadoramente, recriminándole no haberse manifestado en contra de la “guerra sucia” cuando muchos guerrilleros que operaban en México fueron eliminados hace más de 50 años, entre los años sesenta y mediados de los setenta. Esta declaración representa otro distractor para minimizar la gravedad de la crisis de desapariciones forzadas, -evidentemente realizadas por criminales-, pero toleradas con indiferencia por los últimos gobiernos, principalmente el anterior al actual.
López Obrador, quien estuvo más preocupado por los derechos humanos de los delincuentes que por los de las víctimas acusó a las madres buscadoras de pretender dañar a su gobierno.
La negligencia ha sido el mayor pecado del Estado Mexicano y ello no debe quedar impune.
Amenazas desde el poder
La amenaza del gobernador Armenta, de Puebla, en contra del periodista Rodolfo Ruíz, -director de e-Consulta-, a quien pretende que lo investigue la fiscalía de justicia del estado para “ver qué le encuentra”, representa el regreso de la censura gubernamental. La fiscalía no tiene nada que investigar si no hay un delito. La simple amenaza ya es intimidación y violencia contra todo el gremio periodístico.
Ser funcionario público, inequívocamente exige ser tolerante ante cuestionamientos respecto al funcionamiento de su gobierno, lo cual es un derecho ciudadano, -y por tanto-, susceptible de ser interpretado por la prensa.
Seguramente se le ha estado asesorando equivocadamente. Ojalá reflexione. Sin embargo, es urgente revisar y replantear el alcance de la libertad de prensa a partir de la legislación.
Acciones valen más que mil palabras
Atrapada en una retórica narrativa que contrasta con sus acciones, -guiadas éstas por un fuerte sentido común, matizado con sensibilidad política-, la presidenta Sheinbaum parece debatirse entre los dictados de la ideología de su partido y las exigencias de la “realpolitik”.
La política de hoy es de coyunturas y circunstancias y la ideología hoy constituye un lastre.
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