El 7 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva 31/2025, convirtiéndose en el primer tribunal internacional en pronunciarse sobre la existencia de un derecho humano autónomo al cuidado.
El Tribunal afirmó que este derecho tiene tres dimensiones: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. El razonamiento se construyó desde una interpretación evolutiva y pro persona de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y colocó al cuidado en el centro de la arquitectura de los derechos fundamentales. El mensaje fue claro: sin cuidado, no hay existencia digna ni ejercicio efectivo de otros derechos.
La Corte no se limitó a enunciar principios. Estableció obligaciones para los Estados: legislar en la materia, asignar recursos presupuestales, garantizar condiciones de igualdad y revertir la histórica distribución desigual del cuidado, que recae principalmente sobre las mujeres. Al hacerlo, visibilizó lo que ha permanecido oculto por siglos: el cuidado no es una tarea privada ni un asunto doméstico, sino una condición estructural de la democracia y la igualdad sustantiva.
Pocos días después, en la Ciudad de México, se celebró la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres. Allí se aprobó el Compromiso de Tlatelolco, una hoja de ruta para la próxima década. Entre sus acuerdos destacan: reconocer el cuidado como derecho humano, visibilizar a mujeres en toda su diversidad, e incorporar una inversión equivalente al 4.7% del PIB regional para consolidar sistemas integrales de cuidados. La apuesta es ambiciosa: colocar al cuidado como el cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a la salud, la educación y la seguridad social.
Si se observa con detenimiento, la Opinión Consultiva y el Compromiso de Tlatelolco conforman un binomio inédito: por un lado, un fundamento jurídico internacional vinculante; por el otro, una hoja de ruta política regional. Sin embargo, la experiencia muestra que el tránsito de la norma a la práctica es siempre complejo. En América Latina, la distancia entre proclamación y aplicación suele llenarse con programas asistenciales limitados, más que con auténticas políticas de Estado.
El problema de fondo es la persistente trampa de género: las mujeres realizan tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Esa desigualdad limita sus oportunidades educativas, laborales y políticas. Al mismo tiempo, el aporte económico del cuidado —tanto remunerado como no remunerado— sigue invisibilizado en las cuentas nacionales. Reconocer el cuidado como derecho exige redistribuir responsabilidades, modificar patrones culturales y respaldar este cambio con recursos públicos suficientes.
En el caso de México, la discusión cobra especial relevancia. Si bien se ha avanzado con la creación del Sistema Nacional de Cuidados, este aún se encuentra en construcción. Resulta indispensable reflexionar sobre la necesidad de legislar en torno a las licencias por causa o concepto de cuidado, la ampliación de las licencias de paternidad y el reconocimiento de esquemas que garanticen a todas las personas tiempo, recursos y espacios para ejercer el derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. De lo contrario, el Sistema corre el riesgo de convertirse en una promesa institucional sin efectos reales en la vida cotidiana.
La CEPAL ha recordado que invertir en cuidados no es un gasto, sino una inversión. Podría generar más de 30 millones de empleos y un incremento del 20% en los ingresos tributarios de la región. A pesar de ello, la austeridad fiscal y las inercias patriarcales continúan relegando el tema.
La Corte Interamericana ha dado el sustento jurídico. La CEPAL y ONU Mujeres han delineado la hoja de ruta política. El reto es ahora de los Estados: transformar declaraciones en leyes, compromisos en presupuestos y discursos en políticas públicas efectivas.
El cuidado, concebido como derecho humano autónomo, redefine la manera en que entendemos la igualdad. Sin su garantía efectiva, la paridad, la inclusión y la democracia sustantiva seguirán siendo incompletas. El desafío es monumental: pasar del reconocimiento formal a la construcción de un verdadero Estado de Bienestar del Cuidado.
