El 1 de junio de 2025 marcará un punto de inflexión en la historia institucional de México: por primera vez, la ciudadanía elegirá de manera directa a quienes integrarán órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y de los estados. Más de dos mil seiscientas plazas —entre juezas, jueces, magistraturas y ministras o ministros— estarán en juego en una jornada que inaugura un nuevo paradigma en la relación entre sociedad y justicia. No se trata únicamente de una reforma procedimental, sino de un cambio de fondo en la forma de concebir el acceso y control ciudadano sobre uno de los poderes del Estado.
Sin embargo, este paso inédito ha despertado comprensibles dilemas entre sectores amplios de la población. En estos días previos a la elección, las redes sociales, medios de comunicación y foros ciudadanos se han convertido en espacios de discusión sobre si acudir o no a las urnas, cómo informarse y qué criterios utilizar ante la magnitud del proceso. Las preguntas no son triviales. Y entre todas ellas, dos destacan por su centralidad: ¿qué justicia queremos?, y en consecuencia, ¿qué jueces queremos?
Responder a la primera interrogante exige ir más allá de los manuales jurídicos. La justicia que queremos como sociedad no puede limitarse a la aplicación estricta de normas, sino que debe aspirar a ser accesible, transparente, eficaz y cercana a la realidad de las personas. Queremos una justicia que resuelva, no que postergue; que escuche, no que se aísle; que garantice derechos, no que los obstaculice. Una justicia que sea vivida cotidianamente como una herramienta de equidad, no como un privilegio.
La segunda pregunta, íntimamente relacionada, nos conduce a los perfiles judiciales. ¿Qué jueces queremos elegir este 1 de junio? Necesitamos juristas técnicamente competentes, sí, pero también éticamente sólidos, independientes en sus decisiones, sensibles al contexto social y comprometidos con los principios constitucionales.
Estas reflexiones surgen en un contexto en el que muchas personas sienten que se encuentran, simbólicamente, entre Escila y Caribdis. Como en la mitología griega, donde los marineros debían navegar entre dos monstruos marinos —uno que devoraba desde la costa y otro que arrastraba desde las profundidades—, la ciudadanía percibe que cualquier decisión puede implicar un riesgo: votar podría ser interpretado como una validación de un proceso aún en construcción; no votar podría abrir la puerta a que intereses ajenos al bien común definan la integración del Poder Judicial.
Sin embargo, el abstencionismo no es neutro. Y si la justicia es un bien público que nos concierne a todas y todos, entonces participar en su construcción —aun dentro de los márgenes disponibles— no solo es un derecho, sino una forma de corresponsabilidad
democrática. La elección judicial ocurrirá, y sus efectos perdurarán. La decisión pendiente no es sobre el proceso, sino sobre nuestra voluntad de incidir en él.
Además, votar no implica adhesión incondicional. Participar en democracia es también una manera de vigilar, de señalar, de exigir. Y en esta nueva etapa institucional, hacerlo con información, sentido crítico y conciencia cívica puede marcar una diferencia sustantiva. La presencia de plataformas ciudadanas, comparadores de perfiles y espacios de análisis contribuye a fortalecer la capacidad del electorado para tomar decisiones razonadas y estratégicas, es decir; para informarse, decidir y participar.
En suma, el momento exige madurez democrática. No se trata de optar entre blanco y negro, sino de navegar —como Ulises— entre tensiones reales, eligiendo con firmeza y responsabilidad. Frente a la pregunta de qué justicia queremos, la respuesta no puede ser otra que una justicia viva, que funcione, que proteja y que repare. Y esa justicia empieza por la pregunta de quiénes queremos que la impartan.
Este 1 de junio, tenemos tiene la oportunidad de contribuir a dar forma al Poder Judicial del mañana. Porque una justicia verdaderamente democrática se construye con participación, con conciencia y con la convicción de que los derechos deben ser defendidos también, desde las urnas.
