El pasado 24 de octubre se cumplió el octogésimo aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Este hecho adquiere especial relevancia en el contexto actual, caracterizado por la necesidad de reafirmar la eficacia jurídica e institucional como condición indispensable para la efectividad de los derechos humanos, recordando que estos no se garantizan mediante declaraciones simbólicas, sino a través de estructuras jurídicas y políticas que aseguren su cumplimiento real.
En ese marco, el Pacto para el Futuro adoptado los días 22 y 23 de septiembre de 2024 durante la Cumbre del Futuro celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, no inauguró una nueva agenda internacional, sino que reafirmó —aunque de forma no explícita— una verdad históricamente sostenida por los movimientos feministas y sociales: el cuidado no constituye un ámbito privado ni una responsabilidad individual, sino un bien público esencial y una condición estructural para la sostenibilidad de la vida y de los derechos humanos.
La proclamación del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, establecida mediante la Resolución A/RES/77/317 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 24 de julio de 2023, constituye una expresión concreta de esta transición civilizatoria.
El cuidado ha dejado de concebirse como un acto doméstico o una obligación individual de carácter moral, para reconocerse como una responsabilidad colectiva que compromete por igual al Estado, al mercado, a las comunidades y a las familias. Esta reconfiguración paradigmática redefine la noción misma de bienestar social y de ciudadanía al situar la sostenibilidad de la vida en el centro de la acción pública. La premisa es tan sencilla como radical: sin cuidado, la vida democrática se vuelve insostenible.
En América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha formulado una propuesta estructural: la sociedad del cuidado, entendida como un modelo de organización social que coloca la sostenibilidad de la vida y del planeta en el núcleo del desarrollo.
No se trata de una ética asistencial ni de una política compensatoria, sino de una economía política de la interdependencia, donde el bienestar colectivo depende de la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las comunidades. Invertir el 4.7 % del PIB regional en cuidados —según proyecciones conjuntas de la CEPAL y la OIT (2023)— generaría más de 30 millones de empleos formales, aumentaría en más de diez puntos la participación laboral femenina y elevaría la recaudación tributaria en casi una quinta parte del costo de inversión. Cuidar, por tanto, no constituye un gasto, sino una inversión estratégica que multiplica bienestar, igualdad y crecimiento económico.
Esta visión se consolidó en México durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2025), que dio origen al Compromiso de Tlatelolco. El documento establece una década de acción (2025-2035) destinada a reorganizar los sistemas de protección social en torno al cuidado y reconoce tres derechos interdependientes: cuidar, ser cuidado y el autocuidado. Asimismo, exhorta a los Estados a garantizar financiamiento sostenible, fortalecer los marcos normativos y promover la corresponsabilidad social entre familias, comunidades, mercado y Estado. Con ello, la igualdad deja de ser un ideal discursivo para convertirse en una política pública medible y sujeta a rendición de cuentas.
En el ámbito jurídico internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Opinión Consultiva 31/2025, consolidó el cuidado como un derecho humano autónomo y lo vinculó directamente con la efectividad de otros derechos fundamentales. El Tribunal identificó tres obligaciones estructurales de los Estados: legislar, presupuestar y redistribuir las responsabilidades históricamente feminizadas del cuidado. La decisión redefine el contenido material de la dignidad humana: sin cuidado no hay vida digna, y sin vida digna no puede haber democracia sustantiva.
En el plano nacional, México se encuentra en un punto de inflexión. Durante la LXIV Legislatura (2018-2021), la Cámara de Diputados aprobó una minuta para reformar los artículos 4° y 73° de la Constitución, con el propósito de reconocer el derecho al cuidado digno y mandatar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, el Senado no la ha dictaminado, perpetuando un vacío normativo entre el reconocimiento formal y su implementación efectiva.
En la LXVI Legislatura, iniciada en 2024, se presentó una iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, respaldada por la Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional DIF. El proyecto prevé la creación de una Junta Nacional, una Asamblea Consultiva y registros estatales orientados a coordinar políticas públicas, profesionalizar al personal y garantizar el acceso universal a los servicios de cuidado. No obstante, el dictamen continúa pendiente, lo que evidencia la distancia persistente entre el derecho reconocido y el derecho ejercido.
Esa brecha entre reconocimiento normativo y ejecución presupuestal revela una de las tensiones centrales del constitucionalismo social contemporáneo: los derechos sin presupuesto son promesas sin poder. Como advierten Stephen Holmes y Cass Sunstein en El costo de los derechos, todo derecho implica gasto público; sin financiamiento, los derechos carecen de existencia real. En materia de cuidados, esta afirmación adquiere especial fuerza: sin inversión sostenida, sin licencias laborales equitativas y sin infraestructura territorial, el derecho al cuidado se reduce a una retórica sin capacidad transformadora.
La convergencia entre el Pacto para el Futuro, la Opinión Consultiva 31/2025 y el Compromiso de Tlatelolco abre una oportunidad histórica para construir un nuevo constitucionalismo social del cuidado, capaz de traducir el consenso internacional en capacidad estatal. Ello exige legislar con enfoque de género, territorializar las políticas públicas y establecer presupuestos plurianuales que garanticen continuidad, sostenibilidad y equidad.
El aniversario de la ONU nos devuelve a una verdad estructural: El cuidado es la base invisible que sostiene la equidad, la inclusión y la ciudadanía. Solo un constitucionalismo que cuida puede garantizar una democracia que iguala.