Por Fernando Carrera
Hoy, cada día, más de 15 millones de niñas y niños en México enfrentan una crisis silenciosa: la obesidad infantil. No se trata solo de un problema de salud. Es una amenaza directa a su bienestar, a su desarrollo y, en última instancia, a la economía del país.
Por décadas los entornos alimentarios en México han favorecido el excesivo consumo de productos no saludables, atentando contra la infancia y la salud pública de todo un país. Las consecuencias están a la vista: enfermedades crónicas, menor desarrollo físico y cognitivo, y enormes costos que terminamos pagando todos.
En México, la obesidad ya cuesta el 5.3% del PIB, el impacto más alto entre todos los países de la OCDE. La evidencia demuestra que aplicar un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas podría generar ahorros de hasta 821 mil millones de pesos en una generación. Son recursos que no se pierden en hospitales ni en medicamentos, sino que se traducen en una mejor calidad de vida, menor ausentismo laboral y mayor productividad.
Los impuestos saludables funcionan. En ciudades de Estados Unidos, los impuestos a las bebidas azucaradas recaudan más de 134 millones de dólares al año, que luego se invierten en programas de primera infancia, bibliotecas, espacios recreativos y acceso a alimentos saludables. Un impuesto bien diseñado no solo protege la salud: construye comunidades más fuertes y equitativas.
México no es un espectador pasivo. Al contrario, hoy es un referente mundial en la lucha contra la obesidad infantil, como reconoce UNICEF en su más reciente informe sobre nutrición. Gracias a políticas pioneras como el etiquetado frontal de advertencia, la prohibición de alimentos ultraprocesados en las escuelas y la regulación de la publicidad dirigida a la niñez, el país ha demostrado que el cambio es posible.
Hace unos años, las y los diputados de México dieron un paso histórico al aprobar estas medidas. Gracias a ello, cada vez más niñas y niños eligen agua sobre refrescos, frutas y verduras sobre frituras. Ese cambio cultural empezó con decisiones valientes desde el Congreso.
Hoy tienen nuevamente la oportunidad de hacerlo. Fortalecer el impuesto a las bebidas azucaradas no es una medida aislada: es una inversión en el futuro de México. Es una política que considera el interés superior de la niñez, mejora la eficiencia del gasto social y genera beneficios económicos tangibles para el país.
Pensemos por un momento en Michelle, una niña de primaria en la Ciudad de México, que en su escuela aprendió a elegir agua en lugar de refresco. Sus esfuerzos, su energía y su futuro valen la pena ser respaldados. Cada decisión que tomemos para proteger a niñas como Michelle es un acto de amor por México.
Porque cada gota de bebida endulzada que evitamos hoy es una vida más plena mañana. Proteger la salud de la niñez es invertir en la inteligencia, la alegría y el futuro del país. No hay causa más justa ni inversión más rentable que cuidar la vida y los sueños de nuestra infancia.
Representante de UNICEF en México
