Por Víctor Carreón
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que la base de su proyecto económico es el principio de prosperidad compartida. Así, sostiene que el crecimiento debe mejorar la vida de todas las personas, especialmente aquellas que históricamente han estado excluidas de las ganancias sociales que ha generado la política pública y el crecimiento económico.
Un componente clave para garantizar esta prosperidad compartida es la inclusión financiera. Difícilmente una persona, sin importar su lugar de residencia, que no disponga de mecanismos de ahorro, crédito y seguros, podrá prosperar económicamente. En México, históricamente, la oferta de servicios bancarios se ha limitado a segmentos muy acotados de la población, por ello, apenas 49% de las personas mayores de edad en el país tienen una cuenta bancaria (ENIF, 2021), y dos de cada tres jamás han tenido un crédito formal.
Esta exclusión ha sido el resultado de un sector financiero dominado por las instituciones de banca múltiple. Nuestro sector tiene poco más de 50 de estas instituciones, aunque sólo cinco de ellas concentran más de 60% de los activos comerciales. Por ello, para garantizar esta prosperidad compartida se requiere una política pública que induzca mayor competencia en el sector, para que los productos y servicios financieros lleguen cada vez a más personas y a menores costos.
La innovación tecnológica que ha configurado un grupo de actores financieros disruptivos: plataformas de finanzas digitales y neobancos, es una alternativa. Estos jugadores permiten que una persona en una comunidad rural acceda a un préstamo personal sin acudir a una sucursal lejana, donde algunas ocasiones se requiere hasta una hora de trayecto para llegar a ella. O, pueden ofrecer esquemas de ahorro acorde a sus necesidades (por ejemplo, montos bajos y disponibilidad inmediata), con un rendimiento justo por su dinero. O, habilitar mecanismos de pagos digitales sin necesidad de una cuenta bancaria. O, emitir una tarjeta de crédito de acuerdo con su capacidad de pago.
La evidencia empírica muestra que la llegada de esas empresas digitales genera más competencia en los mercados. Un ejemplo de ello lo tenemos con la llegada de las SOFIPO digitales al mercado de tarjetas de crédito. Antes de su llegada, el promedio de tarjetas adicionales que las instituciones de banca múltiple otorgaron por trimestre, entre el segundo trimestre de 2012 y el tercer trimestre de 2021 fue de 39,961 tarjetas. Después, el promedio fue de 741,171 nuevas tarjetas entre el cuarto trimestre de 2021 y cuarto trimestre de 2023. Además, si agregamos las tarjetas otorgadas por los nuevos jugadores digitales en este último periodo, se alcanzan 1’085,230 tarjetas adicionales por trimestre. Si a este efecto positivo, le añadimos la mayor disponibilidad de oferentes, que ofrecen mejores términos y condiciones, así como productos más cercanos a las necesidades de las personas usuarias, la ganancia en bienestar social es contundente. Un ejemplo claro de prosperidad compartida.
Por lo tanto, un instrumento de política públicapara avanzar hacia una verdadera prosperidad compartida es una estrategia de autorizaciones a nuevas instituciones financieras para que puedan operar en el mercado financiero mexicano. Se requieren nuevos actores, poniendo en el centro de la política el bienestar de las personas, bajo un esquema sólido de supervisión y regulación. Es necesario que estos procesos de autorización sean ágiles, eficientes y con el menor costo posible. De no hacerlo, el principio de prosperidad compartida será una oportunidad más que se pierde en los laberintos de una regulación, rebasada por la innovación tecnológica y las necesidades de la población.
Presidente del Consejo Consultivo de Finanzas Digitales de México Exponencial
