Poner fin a la corrupción y erradicar la inseguridad: tales son los dos clamores esenciales que resuenan entre la ciudadanía de cara a las próximas elecciones en México. Un gobernador tras otro va a parar a la cárcel, al concluir su sexenio, o se va de embajador, si pactó su inmunidad, pero esa es solo la punta del iceberg de la corrupción pública, además de que rara vez se recuperan los recursos desviados de los presupuestos municipales, de los Estados, o de organismos federales.
Para combatir la corrupción de manera más efectiva, deberíamos adoptar en México una ley similar a la que existe en otros países, y que en esencia protege e incluso recompensa a los alertadores de actos de corrupción. En Estados Unidos, son denominados "whistleblowers" (es decir, los que tocan el silbato). Si alguien posee información acerca de un acto de corrupción, ya sea la venta de bienes o servicios al gobierno a precios fraudulentos, o el saqueo y desvío de recursos presupuestarios, dicha persona puede alertar a las autoridades de fiscalización, gozando automáticamente de protección contra represalias y amenazas de despido mientras la denuncia es investigada. No solo eso: si se logra recuperar el botín, el informante recibe una recompensa, es decir, un porcentaje del monto sustraído. Para México, proponemos que dicho porcentaje sea del 10%.
Partimos de la certeza de que la corrupción estatal requiere de una cadena de compinches. El gobernador que roba del presupuesto cuenta con la complicidad del tesorero, y éste a su vez con la de funcionarios menores y operadores directos de las transacciones, etc. A estas cadenas de corrupción hay que romperlas por el eslabón más débil, es decir haciendo posible que cualquier persona con conocimiento del fraude lo pueda denunciar para recibir así una recompensa. Si el denunciante resulta ser un subalterno que detecta la maraña del fraude, queda automáticamente resguardado, ajeno a las amenazas de represalias. Incluso podría tratarse de uno de los eslabones de la cadena, quien de repente vislumbra un estímulo económico que lo incita a traicionar a sus cómplices. Para el gobernador o el secretario de Estado, cuya confianza en la complicidad de sus subalternos ya no es segura, la tarea de mantener la integridad de la cadena se torna muy difícil, ya que la complicidad se puede romper en cualquier instante.
En los Estados Unidos, las leyes para resguardar a los alertadores existen desde hace décadas y la ley de recompensas, también conocida como "False Claims Act", lleva más de 150 años en vigor. A veces se le llama la "Ley Lincoln", ya que tuvo que ser instaurada debido a la corrupción que asoló el país durante y después de la Guerra Civil. Los contratistas gubernamentales perpetraban estafas contra el gobierno federal, respaldados, por supuesto, por funcionarios corruptos. Para salvaguardar las arcas estatales, el presidente Abraham Lincoln logró la aprobación de esta ley que, en esencia, premia a aquellos que se atreven a denunciar actos de corrupción que conduzcan a la recuperación total o parcial del botín apropiado por individuos corruptos, ya sean funcionarios públicos o particulares.
¿Qué logra una ley de esta índole? Sencillamente, convierte a cada ciudadano en un vigilante de el hacer gubernamental. Por supuesto, las denuncias deben ir respaldadas con pruebas de los actos señalados, con el fin de evitar acusaciones infundadas. Pero este tipo de legislación realmente surte efecto: en las últimas dos décadas se han recuperado de esta manera miles de millones de dólares que habían sido estafados a la hacienda pública.
Un ejemplo relevante de que las leyes que protegen y recompensan a los informantes surten efecto es la aprobación, por parte del Grupo de los Veinte (al cual México pertenece), de trabajar en esta dirección desde 2012. Durante la reunión celebrada en Los Cabos, México, se incluyó el siguiente acuerdo entre las resoluciones del Grupo:
“Los países del Grupo de los Veinte que no tienen leyes de protección a los alertadores crearán e implementarán reglas para protegerlos, siguiendo los principios propuestos en el Grupo de Trabajo Anticorrupción (…) para asegurar que aquellos que señalan actos de corrupción, incluidos los periodistas, puedan ejercer su función sin ser reprimidos y protegiéndolos contra amenazas de acciones legales gubernamentales o privadas, cuando la denuncia se ha hecho de buena fe”.
La “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, promulgada en 2021, sólo prevé la existencia de un sistema de captura de denuncias, pero no especifica recompensa alguna. Es una ley sin garras ni colmillos. Tan es así que multitud de casos de corrupción se han dado a conocer por la prensa, como el desfalco de SEGALMEX, la desaparición de millones del programa La Escuela es Nuestra y fraudes en la CONADE, sin que hay ocurrido nada.
Algunos amigos, aunque concuerdan con la esencia de nuestra propuesta, lamentan que sea necesario ofrecer una recompensa para avivar las denuncias anticorrupción. Nuestra respuesta es simple: la experiencia estadounidense demuestra que la recompensa económica es un estímulo formidable para deshacer las cadenas de corrupción y compadreo. Si lográramos recuperar el 90% de lo arrebatado, una hazaña hoy inalcanzable cuando apenas alcanzamos el 5%, habríamos avanzado de manera sustancial. Esto, claro está, asume que las autoridades de fiscalización cumplan su deber y procesen a los rufianes.
La ley Lincoln funciona de la manera siguiente: un alertador que tiene conocimiento de un acto de corrupción gubernamental puede depositar una demanda sellada en la corte, en la que a nombre del gobierno demanda a las personas o empresas involucrada en el desfalco del gobierno. La demanda se mantiene secreta hasta que el gobierno decide adoptarla como propia y seguirla en las cortes. Aún si el gobierno decide no tomar acción o se retrasa en hacerlo, el demandante puede seguir con la demanda por su cuenta, “qui tam”, es decir, a nombre del gobierno. En caso de que se recupere el total o parte del dinero defraudado, el alertador recibe entre 15% y 25% de lo recuperado. En Estados Unidos existen despachos de abogados especializados en combatir la corrupción gubernamental, de manera que, si una persona no tiene el dinero necesario para costear la demanda, esos abogados llevan todo el proceso sin costo alguno a cambio de un porcentaje de la recompensa. En México despachos de abogados importantes seguramente adoptarían demandas bien fundadas.
La ley Lincoln funciona muy bien porque, primero, los alertadores quedan automáticamente protegidos por la ley y no se puede tomar represalias contra ellos. En segundo lugar se evita que cualquier persona haga acusaciones falsas o sin tener pruebas suficientes, porque en ese caso el gobierno desestima la demanda o no se puede convencer a un despacho de abogados serios de que lleve la demanda sin perspectivas de recibir un pago. No se puede hacer una demanda si se toman los datos de los diarios o una fuente pública, se debe tratar de información que de no ser denunciada pasaría desapercibida por el gobierno. La ley estipula que si un alertador colabora con el gobierno se convierte en testigo protegido del caso y puede lograr inmunidad, a menos que su participación haya rebasado un cierto umbral criminal. La ley funciona: más del 70% de los juicios llevados a cabo en Estados Unidos contra los defraudadores del Estado han tenido su origen en la "False Claims Act" mencionada.
