Con muchos temores y dudas sobre su imparcialidad, equidad, transparencia y confiabilidad, así como no pocas evidencias de irregularidades, llegamos a la elección popular de lo que será un rediseñado Poder Judicial de la Federación.
Si ese rediseño es el correcto para limpiarlo de corrupción y acercarlo a la gente común o si es su destrucción y con ella el fin de la separación constitucional de los tres poderes de la unión al quedar supeditado y bajo control de los otros dos y, por lo tanto, la aniquilación del régimen democrático, ha sido el iracundo debate que domina la vida nacional desde que AMLO presentó la correspondiente iniciativa el 5 de febrero del año pasado y continuó tras su aprobación en el Congreso el 5 de septiembre, su promulgación el 15 de septiembre a dos semanas de que llegara al poder Claudia Sheinbaum y la implementación en los meses recientes del proceso electoral correspondiente.
Sin desestimar su importancia, ese debate ya es inútil. La reforma del Poder Judicial es ley y su rediseño habrá de hacerse conforme ésta lo marca. Se ha seguido el proceso aprobado para la selección de candidatos idóneos, no sin errores, y solo falta la última parte, elegir a quiénes.
Por eso se va a las urnas pasado mañana domingo.
Habrá de votarse la elección de nueve ministras y ministros de la Corte, dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quince de sus salas regionales; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces federales de distrito.
Prevalecen muchas dudas sobre las boletas electorales, sobre su resguardo y escrutinio, y en una primera instancia sobre el nivel de participación ciudadana precisamente por esas dudas, pero también por la innegable premura organizativa y las evidentes limitaciones presupuestales que se impusieron al INE.
En un escenario que no pocas voces consideran optimista, Guadalupe Taddei, la presidenta del órgano electoral estima una participación de entre trece y veinte por ciento, lo que quiere decir que serían entre 13 y 20 millones de votos porque la lista nominal de electores es de 100 millones de ciudadanos.
Pero hay escenarios aún más optimistas si nos atenemos a las más recientes encuestas: la de Buendía & Márquez para EL UNIVERSAL en la que 37% de los entrevistados consideran estar muy seguros de que irán a votar (esto es 37 millones de votos) y la de Enkoll para El País en la que 38% (38 millones de votos) dicen que es muy probable que lo hagan.
Un escenario así sería todo un éxito, aunque francamente se ve poco probable.
Si nos quedamos con el escenario de Taddei (entre 13 y 20 millones de votos), la elección judicial quedaría en el rango de sufragios emitidos en la consulta sobre revocación de mandato de AMLO el 10 de abril de 2022 (16 millones 502 mil votos, es decir, el 17.7% del padrón).
Hay quienes se aventuran, sin embargo, que el número de votos que se emitirán pasado mañana será similar al de la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes realizada el primero de agosto de 2021 que fue de 6.6 millones de sufragios, una participación de 7.11%.
Este dato, el de la participación ciudadana, es el único que tendremos pasado mañana al término de la elección judicial. Será producto de un ejercicio muestral en mil 644 casillas, según dio a conocer la presidenta del INE.
Esta información de contexto acaso ayude a responder el dilema: ¿votar o no votar?
Instantáneas:
1. ¿QUIÉN PRESIDIRÁ LA CORTE? Es obvio que las huestes de Morena y de la 4T han operado a favor de una determinada composición de lo que será el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mal harían su trabajo político si no, siempre y cuando no incurran, como lo han hecho en prácticas explícitamente prohibidas por la ley de inducción del voto como es el caso de los ya famosos “acordeones”. Pero incluso dentro del partido en el poder y el gobierno de Sheinbaum hay diferencias en cuanto a esa composición. Dos opciones que van más o menos así según hemos referido en este mismo espacio. Una con Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, María Estela Ríos González, Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García; y la otra con Yasmín Esquivel, Marisela Morales, Zulema Mosri, Dora Martínez Valero, Paloma García Villegas Sánchez Cordero, César Gutiérrez Priego, Sergio Molina, Ricardo Sodi Cuéllar y Eduardo Santillán. Habrá que fijar la atención en quien de todas ellas y ellos obtendrá el mayor número de votos, puesto que será quien presida el máximo tribunal. La disputa parece estar entre Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, las tres ministras en funciones.
2. LOS VIGILANTES. Uno de los aspectos más sensibles de la reforma judicial es el rediseño del sistema de vigilancia y sanción interna, con anterioridad a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que desaparecerá. El diseño de selección de candidatos ha suscitado múltiples preocupaciones desde la perspectiva de la independencia judicial y la arquitectura constitucional del Estado democrático de derecho. Este diseño institucional abre la puerta a que el TDJ sea utilizado para presionar o sancionar a jueces cuyas decisiones resulten incómodas para el gobierno en turno, comprometiendo así la autonomía del Poder Judicial. En este sentido, un minucioso análisis del organismo no gubernamental PROJUC, arroja resultados poco alentadores. De los 38 aspirantes evaluados, solamente 19 cuentan con carrera judicial, 19 con experiencia disciplinaria, 26 cuentan con trayectorias vinculadas al ámbito judicial, 21 presentan cuestionamientos públicos sobre su independencia política y seis presentan observaciones relevantes sobre su conducta ética. De todo lo anterior resulta que cuatro son perfiles no idóneos, 23 tienen reservas, 12 son perfiles idóneos y solamente tres obtuvieron una calificación perfecta de acuerdo con los criterios de evaluación: Liliana Hernández Hernández, Fany Lorena Jiménez Aguirre y Octavio Ávila Martínez.
3. EN LA RECTA FINAL. De acuerdo con la última encuesta disponible, parece haber una sorpresa en las candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): la abogada Ariadna Camacho se ubicó en segundo lugar de las preferencias, detrás de la consejera en funciones y candidata Verónica D’Gyves. Por lo visto dio resultado una intensa campaña de 60 días de difusión de contenidos y propuestas. Pronto veremos si Ariadna Camacho acaba de dar el campanazo
4. PODEROSO SUBSECRETARIO. Sergio Saide, el empresario regiomontano propietario del recientemente clausurado casino Jubileé de Naucalpan, Estado de México, alardea entre su círculo social de Monterrey que ese centro de apuestas al que ha promocionado como el más grande de América Latina, pronto será reabierto y estará en plena operación porque así se lo prometió un poderoso subsecretario de la SEGOB. La dirección general de Juegos y Sorteos depende orgánicamente de la subsecretaria de Gobierno, por lo que es muy posible que Saide se refiera a su titular, César Yáñez, hombre cercanísimo a AMLO. ¿O qué otro subsecretario podría ser? ¿Acaso Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración o Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos? Aquí le he informado en seguimiento de ese tema que el Jubileé Naucalpan abrió pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se abrirían nuevos casinos e instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez que revisara la licencia del nuevo casino, lo que dio lugar a que unos días después de su inauguración fuera clausurado por la mandataria mexiquense Delfina Sánchez. Ya veremos qué decisión pesa más, si la de la presidenta Sheinbaum o la de un colaborador de segundo nivel.
5. ¿LA IMAGINAN DE GOBERNADORA? La gestión de Abelina López, presidenta municipal de Acapulco ha estado marcado por la opacidad y el desgobierno. La Auditoría Superior de Guerrero le ha hecho observaciones por 900 millones de pesos, resultado del desorden administrativo con que ha utilizado los recursos públicos de la alcaldía y le ha requerido documentación que sustente las obras que se supone realizó con ese dinero. De los 85 municipios de Guerrero que fueron auditados por el órgano de fiscalización estatal, únicamente Acapulco no entregó la documentación correspondiente, porque la munícipe dice que no está obligada a rendirle cuentas a la auditoría estatal y que ella solamente entregara información sobre su gobierno a la Federación. Algo esconde en su cuenta pública 2023 porque sí respondió a las auditorías que le hicieron al ejercicio 2022 y solventó observaciones por 700 millones de pesos. Así la opacidad con que se conduce Abelina López quien, recordará usted, estuvo por completo ausente cuando Acapulco quedó devastado por el huracán Otis o anduvo de fiesta cuando el puerto se inundó por el huracán John. Es por todos conocido que anda en campaña desde hace años para ser la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero ¿Se la imaginan negándose a rendir cuentas como gobernadora? Su negativa a informar sólo alimenta la sospecha de que desvío esos recursos y por eso su claro desafío a cumplir con lo que la ley mandata.
Raúl Rodríguez Cortés
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