¿Qué le ofrecen al país quienes van a disputar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión el próximo 2 de junio?
Empezaremos en esta entrega con Xóchitl Gálvez y la coalición “Fuerza y Corazón por México” que conformaron PAN, PRI y PRD.
Su oferta -plasmada en la plataforma electoral que registró ante el INE- propone revertir prácticamente todo lo realizado por AMLO:
Restituir las estancias infantiles (subrogadas), revivir ProMéxico (institución de promoción del comercio exterior creada por Felipe Calderón), reformar totalmente a Pemex, reestablecer los fondos y fideicomisos extinguidos, revisar con lupa las llamadas obras insignia de este gobierno (aeropuerto Felipe Ángeles, trenes Maya e Interoceánico y refinería de Dos Bocas), reemplazar los libros de texto gratuito de la “nueva escuela mexicana” y rectificar lo hecho con el sistema de salud, por citar algunos ejemplos.
Además, enfatiza en lo que fueron promesas de campaña incumplidas por López Obrador: regresar al Ejército a sus cuarteles y consolidar una guardia nacional completamente civil.
Pero más allá de esa paradoja, la plataforma electoral de la coalición opositora contiene un diagnóstico bastante objetivo de la situación política del país, aunque con opiniones incompletas y sesgadas en lo que a economía se refiere.
Al pretendido carácter de “cuarta transformación” (del tamaño de las tres que la precedieron: Independencia, Reforma y Revolución) que el actual gobierno ha dado a sus políticas y decisiones, la alianza opositora le contrapone un término de similar profundidad histórica: la “restauración de la República”), sin precisar -claro- que aquella del siglo XIX siguió de la imposición extranjera de una monarquía.
El caso es que los estrategas de Xóchitl plantean la restauración de la “República de la Democracia”. La pregunta es si efectivamente, como afirman, ha sido destruida. Y asumiendo un cuestionable sí, considera que las reformas electorales que condujeron la “transición mexicana” enfatizaron en mejorar las normas de la competencia política y de acceso al poder, sin atender la necesaria adecuación del antiguo régimen de gobierno para fortalecer la gobernabilidad democrática.
Dice el documento: “las iniciativas electorales fueron incapaces de superar la máxima antidemocrática propia del antiguo modelo político: el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo”.
De ahí que proponga una “reforma del poder” fundado en un “pacto social de poder ciudadano” que atenúe la actual polarización y que tenga como principalísimo componente el gobierno de coalición pretendido por la alianza PAN-PRI-PRD con la sociedad civil, si es que ésta es realmente considerada.
El gobierno de coalición es una figura más propia de los regímenes parlamentarios. En el nuestro, presidencialista, implicaría la conformación de un gabinete partidistamente plural. Que se recuerde, solo hay un caso que se acerca a ese escenario, el del priista Ernesto Zedillo quien incorporó a su equipo cercano como procurador general al panista Antonio Lozano Gracia, sin los resultados esperados.
No hay, por otra parte, experiencias de ese tipo en el sistema presidencialista y federalista estadounidense que ha sido el modelo seguido aquí desde los tiempos de los liberales de la Reforma en el siglo XIX.
La propuesta económica, por otra parte, no reconoce lo logrado en términos de estabilidad “macro” y se compromete construir una “economía social de mercado”, impulsar la “reindustrialización de México” y aprovechar al máximo la localización cercana o nearshoring.
En lo social, anuncia el diseño de una política destinada al fortalecimiento de la clase media e iza como principal bandera la implementación del ingreso básico universal (IBU), mecanismo que mediante ingresos públicos (mayoritariamente impuestos) subsidia un ingreso garantizado para todas las personas que son residentes legales del país que lo distribuye. Son transferencias directas de dinero como ocurre con los actuales programas sociales que -asegura el documento- serán mejorados y consolidados.
Y en seguridad, promete “enfrentar al crimen organizado con estrategias efectivas (no precisa cuáles) y promete presupuesto a las instituciones de seguridad equivalentes a 1.7% del PIB, promedio de los países que conforman la OCDE.
Ya revisaremos en próximas entregas la plataforma electoral de la coalición “Sigamos haciendo Historia” y la de Movimiento Ciudadano.
Instantáneas:
1. LOS NIÑOS ARMADOS DE GUERRERO. La Fiscalía del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción a menores de edad, tras conocerse la fotografía publicada por EL UNIVERSAL el pasado jueves 25 de enero de niños armados con rifles y presentados como policías comunitarios para defenderse de los grupos criminales que operan en la entidad. Las autodefensas en estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca han protagonizado historias lamentables, pero esta de los veinte niños armados en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, muestra de lo que son capaces algunos líderes de esos grupos armados. Los líderes de la policía comunitaria de Ayahualtempa, Luis Morales y Antonio Toribio, quienes forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC), fueron -según lo investigado- los que obligaron a los niños a posar con armas. Pero hay un posible fondo político en este asunto del que mucho se habla en Guerrero: la difusión de las irritantes imágenes como una medida de presión al gobierno del Estado. Es innegable la violenta inseguridad que prevalece en la entidad, pero el reconocimiento de tales hechos va acompañado de la pregunta ¿qué se hace para enfrentarla o de plano la autoridad es omisa?
Así lo preguntamos y la respuesta que recibimos de Guerrero es que el gobierno estatal lleva meses de intervención en la zona no solo enfrentando a los grupos delincuenciales con una mayor presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía y fiscalía estatales; sino también con obra pública como pavimentación de calles, construcción de aulas, pintura de casas y programas sociales. Habrá que esperar los resultados que deberán ser muy prontos pues así lo exige la situación en Guerrero.
2. REFUERZOS EN GUANAJUATO. A donde también fue enviado apoyo contra la inseguridad y la violencia fue a León, Irapuato y Celaya, municipios con la mayor incidencia delictiva en Guanajuato. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 550 efectivos integrantes de la “Fuerza de Tarea Conjunta México” ya fueron desplegados “para revertir los índices delictivos, así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública”
3. CADENA DE REVESES. Proyectos de sentencia de la Corte hechos públicos y ya listados para su discusión a partir del próximo 9 de abril, se enfilan a revertir al menos 11 reformas de AMLO aprobadas por la mayoría de Morena y aliados en la “sesión exprés” del pasado viernes 28 de abril. Tres ministros y una ministra alegan en sus respectivos proyectos “violaciones graves en el proceso” legislativo. De sumar el pleno de la Corte ocho de sus once votos, quedarían invalidadas, entre otras, las reformas que permiten a los militares operar al mismo tiempo una aerolínea (Mexicana de Aviación) y varios aeropuertos, así como el control del espacio aéreo, además de obtener asignaciones ferroviarias por tiempo indefinido. También podrían quedar invalidadas las extinciones del Insabi y la Financiera Rural, las modificaciones de la Ley Minera y la nueva ley del Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología.
@RaulRodriguezC
