Entre algunos de los integrantes del gabinete presidencial hay nerviosismo tras el golpe de autoridad que dio Claudia Sheinbaum al separar a Alejandro Gertz Manero de la FGR cuando aún le faltaban dos años para concluir el período constitucional para el que fue designado.
Lo que por corrección política se comunicó como renuncia fue en realidad una destitución, pero lo que por lo visto no se cuidó fue la corrección legal pues resultó muy forzado que los senadores consideraran una asignación diplomática como la causa de fuerza mayor que exige la Constitución a quien solicita su dimisión del cargo o es destituido.
El caso es que Gertz se va porque ya era un obstáculo para la imprescindible coordinación de la FGR con las fiscalías locales y el gabinete de seguridad, a cuyas tempraneras juntas en el Palacio Nacional prácticamente había dejado de asistir.
Gertz se va no porque haya destapado escandalosas cloacas de corrupción de la 4T que la desprestigian y deberán ser sancionadas, sino porque se le atribuye filtrar o permitir que se filtrara la información de las investigaciones, lo que utilizaba pata fortalecer su posición en el cargo y llegar al extremo de actuar por la libre justificándose en la autonomía de la FGR.
Fue ese el caso del criterio de oportunidad que sin platicarlo con la presidenta Sheinbaum convirtió en testigo protegido a Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso Miss Universo, acusado y confeso de los delitos de huachicol, narcotráfico y tráfico de armas, y a quien le vendía información hasta por dos millones de pesos la fiscal Maricarmen Ramírez, especializada en delitos en materia de hidrocarburos dentro de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de la FGR
El manotazo presidencial respecto al exfiscal general Gertz Manero coincidió con el permiso por tiempo indefinido para atender una cirugía de espalda que el Senado concedió al canciller Juan Ramón de la Fuente, secretario de despacho cuyo desempeño tampoco ha sido muy bien visto en el primer año del gobierno de Sheinbaum.
Por otra parte, y no obstante que ya se levantaron los paros y los bloqueos de campesinos y transportistas en carreteras y aduanas, al acordarse cambios en la iniciativa de reforma a la ley de Aguas, no cesan las críticas al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, por haber dejado crecer ese problema.
De él se dice que podría ser relevado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, siempre y cuando pierda la protección de la influyente titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez Sierra, quien por cierto encabeza al grupo harinero Minsa que junto con el gigante Maseca conforman un duopolio que, a no dudarlo, es capaz de manipular los precios del maíz.
En los corrillos políticos tampoco deja de decirse que, si la presidenta Sheinbaum ya emprendió con Gertz acciones de orden y control, podría zafarse de una vez de otra de las herencias de AMLO en la operación política y relevar a Rosa Icela Rodríguez de la secretaría de Gobernación.
Incluso se barajan nombres para el despacho de Bucareli como el del propio secretario Seguridad, Omar García Harfuch, aunque hay otros que se quieren meter en esa carrera que tiene en la mira el 2030 como Alfonso Durazo, quien ya quiere dejar atrás la gubernatura de Sonora.
Inquietud en los bancos
Hace unos días, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones a los bancos Mifel y Base por incumplimiento de las normas contra lavado de dinero lo que, a no dudarlo, ha generado nerviosismo en el sector financiero del país.
Resulta que ambas entidades recibieron multas que suman casi 30 millones de pesos, por irregularidades relacionadas con una serie de omisiones administrativas ocurridas entre los años 2020 y 2021.
Como era de esperarse, este asunto generó severos cuestionamientos en el sector, pues cabe recordar que días antes, la Cámara de Diputados aprobó vía fast track una reforma que prohíbe el cobro de comisiones y cargos por tarjetas de crédito no solicitadas por las personas usuarias.
Otro factor que tampoco tiene contentos a los banqueros es una nueva jurisprudencia aprobada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con los juicios contra bancos por cargos no reconocidos en tarjetas y cuentas, donde los bancos serán quienes presenten pruebas sobre quién autorizó dichas operaciones, es decir, los clientes ya no serán llamados a declarar.
Por lo pronto, Mifel fue sancionado con 21 multas que suman más de 20 millones de pesos relacionadas con información incompleta en operaciones de transferencias internacionales y otras omisiones en reportes administrativos.
Por su parte, Banco Base recibió multas por diversas omisiones de información, de verificación o de sistematización en sus reportes de 2020, así como la remisión de reportes de transferencias internacionales con errores en su información. Acumuló multas por poco más de 8 millones de pesos.
Se avecinan días de tensión para el sector financiero donde las reglas del juego cambian rápidamente, lo que de seguro dará lugar a respuestas de las instituciones financieras mexicanas y estará bajo la lupa de las de Estados Unidos.
La crisis estructural del campo
La situación en el campo mexicano es crítica y esa es la razón de los bloqueos carreteros y aduanales, el paro general de actividades y otras manifestaciones de protesta de los productores agropecuarios y transportistas de al menos veintidós estados del país, apenas levantados el jueves pasado tras largas horas de negociación.
La crisis estructural del campo, marcada por un desequilibrio entre la pujante agroexportación de producción selectiva catapultada por el T-MEC y la depauperada producción de granos básicos como el maíz -concentrada por un duopolio empresarial y otros grandes productores que dejan prácticamente afuera a 4.1 millones de pequeñas unidades de producción- se ve claramente en las demandas de quienes hoy protestan:
Mejorar precios de garantía, frenar lo que llaman importaciones desleales (básicamente sacar al maíz y otros granos básicos del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá), que el gobierno los compre a granel directamente al productor, que abra bodegas estatales para acopio, que frene las reformas que promueve en la Ley Federal de Aguas (sobre todo la que impide a los productores heredar las concesiones federales del líquido) y que garantice seguridad en las carreteras y ponga un hasta aquí a las extorsiones de la delincuencia organizada que elevan hasta 20 por ciento los costos de producción.
Se trata, en suma, de una tormenta perfecta: costos crecientes, depauperación de campesinos, dependencia de importaciones y ahora protestas masivas.
En las mesas de diálogo abiertas para encontrar soluciones, mucho quedó a deber el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, a grado tal que tuvo que entrarle al quite la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien le ha dejado esa papa caliente a su subsecretario César Yáñez.
Reunida en Bucareli el lunes pasado con los líderes de la protesta campesina y de transportistas, la secretaria de Gobernación alegó motivaciones políticas detrás de los bloqueos. Y claro que las hay si entendemos lo político como el modo en que debe ser gobernada una sociedad o administrado el poder para que ésta decida quién obtiene qué, cuándo y cómo. Pero la funcionaria, al parecer, se fue con la definición común y hasta peyorativa de lo político: un proceder calculado para obtener ventajas personales o de grupo incluso mediante la manipulación y el engaño.
No es el caso con la protesta campesina y de transportistas, como sí lo es en la inducida y pagada campaña que se pretendió hacer pasar como un grito de rebeldía juvenil espontáneo de la llamada Generación Z.
Siempre habrá motivaciones políticas, unas como estas últimas y otras como las anteriores.
El caso es que la presidenta Sheinbaum no parece estar nada contenta con este conflicto que muestra malestar social y advierte del peligro de llevarnos a un colapso alimentario. Incluso se habló esta semana de prescindir de los servicios de Berdegué y relevarlo por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
Pero la influyente titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez Sierra, defiende al actual secretario de Agricultura e insiste en mantenerlo en el cargo.
Esta joven abogada y empresaria heredó de su padre Raymundo Gómez Flores un imperio familiar en la industria agroindustrial, sobre todo a través de Grupo Minsa (acrónimo de Molinos Industriales de Nixtamal), el segundo mayor productor mundial de masa para tortillas y una participación de 20 por ciento en el mercado mexicano.
El líder mundial es Maseca (Gruma), con una participación de 65 por ciento en el mercado nacional, de la familia del empresario regiomontano Roberto González Barrera, también dueña de Banorte.
Maseca y Minsa son señalados por los campesinos en paro y bloqueos de manipular el precio del maíz, lo cual niegan ambos grupos empresariales.
¿Cómo se llegó a conformar ese duopolio? Ya le contaré en próximas entregas.
Instantáneas:
1. EL RELEVO. El artículo 21 de la Ley Orgánica de la FGR establece que en caso de ausencia temporal o definitiva del fiscal general (por renuncia, destitución o cualquier otra causa), el cargo de interino o encargado del despacho será asumido inmediatamente por el titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Cristina Gutiérrez Durruti ocupó esa posición hasta el pasado jueves 27 de noviembre, día de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quién la relevó por Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la presidencia. De esa manera entró de inmediato al relevo, sin que esté impedida de participar en el proceso de designación de la persona que estará al frente de la FGR para un nuevo período de nueve años. El Senado, por mayoría calificada, decidirá quien será de la terna que envíe la Presidencia de la República.
2. RANKING DE SENADORES. Llamó la atención que de acuerdo con evaluación de LaEncuesta.mx sea Félix Salgado Macedonio el senador de Morena más popular con 71.3% de reconocimiento ciudadano, por encima de la senadora también guerrerense Beatriz Mojica, que queda en un lejano segundo lugar con 48.2%. El trabajo del apodado “Toro” también está bien calificado con 22.55%. Estos datos evaluadores los informa el polémico senador a Morena, su partido, como parte de los argumentos de por qué debe ser el candidato guinda al gobierno guerrerense. Sobre todo, ante la insistencia de la lideresa nacional morenista Luisa María Alcalde de aplicar desde 2027 la ley contra el nepotismo que se aprobó para entrar en vigor en 2030. Salgado Macedonio dice que no es nepotismo suceder a su hija en la gubernatura, ya que no es una designación sino la elección popular de un cargo.
3. MÍNIMOS. La presidenta Sheinbaum dará a conocer mañana en la conferencia mañanera el aumento al salario mínimo aplicable al primer día del año entrante. Se espera también que dé a conocer el acuerdo con formalizaría la semana laboral de 40 horas.
4. COMO ARANCEL. En Quintana Roo, el debate sobre el derecho que deben pagar los visitantes internacionales ha tomado un cariz inesperado. Lo que originalmente se concibió como un instrumento vinculado al uso de infraestructura pública estatal, ha terminado por distorsionarse hasta operar, en los hechos, como un arancel que encarece la entrada al destino e introduce cargas desproporcionadas al sector turístico formal. Actualmente, el derecho tiene un costo nominal de 280 pesos, pero debido a su operación mediante concesionarios, plataformas y terceros, el monto real que pagan muchos turistas asciende a 525 pesos resultado de cargos por servicios y comisiones completamente ajenos a su naturaleza. Esta diferencia de prácticamente el doble ilustra cómo un instrumento fiscal pierde legitimidad cuando se permite que intermediarios lo encarezcan sin control institucional.
5. CONTROLADORES AL ZÓCALO. Ante la negativa de Hacienda de liberar más recursos para la contratación de más controladores de tránsito aéreo, el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), José Alfredo Covarrubias, convocó a una manifestación en el Zócalo de la CDMX el próximo miércoles 3 de diciembre. Asegura Covarrubias que los controladores ya están desesperados por la carga laboral a la que están siendo expuestos. Explicó que muchos entran a trabajar a las siete de la mañana y que al llegar las nueve de la noche les avisan que deben quedarse porque a lo mejor habrá más operaciones nocturnas y si se van son amenazados de enfrentar un proceso legal.
@RaulRodriguezC
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