Morena enfrentará este año y el próximo la arriesgada disyuntiva de mantenerse en el poder con la mayoría legislativa que le permite reformar la Constitución sin la necesidad del consenso de las otras fuerzas políticas, o perderla en su actual escenario de desgaste donde no es remoto que pierda presencia en el Congreso o en diversos estados de los diecisiete que renovarán gubernaturas y en las que será decisivo el arraigo y arrastre de las candidatas y candidatos que postule.
Es inocultable que el partido-movimiento fundado por AMLO hace poco más de once años (9 de julio de 2014) arrastra un fuerte desgaste no solo en su imagen, sino en la intención del voto que, si bien aún encabeza, muestra una tendencia sostenida y consistente a la baja.
No podía ser de otra manera con escándalos que pusieron en entredicho dos principios fundamentales de Morena y sus gobiernos: la austeridad y la honestidad.
Así las cosas, vimos pasar en 2025 el lujoso viaje a Tokio de Andy López Beltrán y acompañantes, las costosas vacaciones en España de los diputados Pedro Haces y Ricardo Monreal, las del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a Portugal y el viaje en avión privado a Nueva York del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.
Pero también atestiguamos hechos escandalosos de corrupción e inseguridad como el del huachicol fiscal en el que resultaron involucrados altos mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos dos contraalmirantes que resultaron ser sobrinos políticos del extitular del ramo con AMLO, Rafael Ojeda Durán; la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien resultó ser al mismo tiempo el capo del cártel de La Barredora y que fue nombrado por el hoy líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López; el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y, presumiblemente la de al menos otros dos mandatarios estatales y el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico cuya construcción y operación fue encargada a la Marina.
De manera que lo que podría diluir un sufragio de castigo es que la dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, postule candidatas y/o candidatos que garanticen votos, no los que son compromisos de la cúpula morenista.
Alcalde, entonces, debería optar por candidaturas de liderazgos locales y de arraigo (origen del movimiento) y hacer a un lado por lo pronto la llamada reforma contra el nepotismo que legalmente entraría en vigor en 2030, pero que la actual dirigencia de Morena quiere hacer valer desde las próximas elecciones de 2027.
Esto debilitaría candidaturas que por su arraigo garantizarían el voto ciudadano. Tal es el caso de Guerrero, donde dejarían fuera al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual mandataria Evelyn Salgado (quien por mucho encabeza las encuestas), para favorecer a la cuestionada munícipe de Acapulco, Abelina López.
El tema, por otro lado, tiene efectos en sentido contrario y da lugar a otras complicaciones para Morena. En Zacatecas, por ejemplo, la disposición contra el nepotismo inhabilita la candidatura de Saúl Monreal Ávila, cuya influyente familia en la entidad pretextaría que por esa razón buscaría la postulación de partidos aliados como el PT o el Verde y debilitaría al expresidente municipal Ulises Mejía, quien ahora encabeza las encuestas.
También en Quintana Roo, la gobernadora verde Mara Lezama impulsa como sucesor para que le cuide las espaldas al senador Eugenio Segura y desdeña el fuerte arraigo en el estado de Rafael Marín Mollinedo, actual director de Aduanas; mientras que en San Luis Potosí, el también verde Ricardo Gallardo está decidido a garantizar su protección e impunidad al imponer a su cónyuge, Ruth González Silva, para quien promovió como antídoto contra la reforma antinepotismo un cambio a la legislación local (la Ley Esposa) que establece que para el próximo proceso electoral solo podrán ser postuladas mujeres. Todo esto para dejar fuera de la contienda a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Así está Morena en su encrucijada.
Instantáneas:
1. OTRA PEMEX FAKE. La información de que Pemex decidió “patear” hasta por ocho años el pago a sus proveedores no solamente es imprecisa, sino que estrictamente es falsa. Confunde, no sé si voluntaria o involuntariamente, y pone en duda el señalamiento hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum de que la petrolera liquidaría “en meses” sus adeudos con proveedores. La información publicada omite referirse al Fondo Ónix, que es un vehículo financiero del gobierno federal, administrado por Banobras, que no se fondea con recursos presupuestales, sino con capital de bancos privados. Su función es simple: adelantar pagos a proveedores y contratistas de Pemex, absorber el riesgo de liquidez inmediata y ordenar el pasivo de la petrolera sin asfixiar su operación. De manera que el proveedor presenta su factura, Banobras valida y el fondo paga, mientras que el proveedor cobra sin esperar ocho años, ni financiar a Pemex ni quedar atrapado en la cadena de pagos. La deuda, en todo caso, se traslada al Estado, que se compromete a reponer esos recursos al fondo a largo plazo. Ahí es donde aparecen los famosos ocho años. Lo que Pemex reportó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) no es un diferimiento de pago al proveedor, sino el plazo para restituir al Fondo Ónix los recursos ya utilizados. Es una estrategia de financiamiento.
2. VIOLENCIA A LA BAJA. Ya se volvió costumbre entre los opositores al gobierno de la 4T afirmar que son mentiras los datos que sustentan los pocos buenos resultados de los que puede presumir el gobierno. Es el caso de los datos sobre seguridad dados a conocer ayer en la mañanera de Sheinbaum: los homicidios dolosos bajaron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. El dato da señales de que el cambio en la estrategia de seguridad empieza a notarse de manera clara, aunque parezca poco frente al tamaño del problema. Lo que queda claro es que la estrategia de seguridad ha centrado su atención en tres tipos de delitos: los homicidios (que hoy registran el nivel más bajo en nueve años), los de alto impacto (respecto a los cuales se ha detenido a 32 mil personas), y los robos con violencia. Sin embargo, la reducción de estos delitos no ha impactado significativamente la incidencia delictiva total, en buena medida porque el delito más frecuente es el robo que, en algunas de sus modalidades, junto con la desaparición de personas, siguió en aumento durante los últimos seis meses.
3. FAVORITISMO. Abre el año con otro presunto caso de favoritismo y compadrazgo a la hora de asignar contratos públicos. Es ahora el director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Pablo Israel Escalona Almeraya, quien debe poner orden en su dirección de administración, donde Álvaro Lomelí Covarrubias busca adjudicar los servicios de limpieza y seguridad de la dependencia simulando una licitación que no sigue lo establecido en el contrato marco vigente publicado por SHCP. Hablamos de un contrato de 300 millones de pesos.
@RaulRodriguezC
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