A una semana de la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte, el Poder Judicial de Coahuila sigue dando ejemplos de cómo opera un sistema de justicia podrido.
Controlado por juzgadores de la vieja guardia priista, el Poder Judicial coahuilense que preside Miguel Felipe Mery Ayup, ha quedado en evidencia con el manejo del caso del empresario Arturo Gómez Lara, a quien se le vinculó con un proceso de venta de energía presuntamente fraudulento en el que asegura que no tuvo participación, según se lo informé aquí desde hace casi un año (14 de julio de 2024) en la columna titulada “Justicia y tráfico de influencias: el caso Torreón”.
A lo largo de ese proceso se han visto y comprobado graves irregularidades, entre otras la de llevar un asunto mercantil al ámbito penal, trasladar al imputado a una ciudad que no tiene relación con el caso, manipular el informe policial homologado, determinar una medida cautelar excesiva (prisión preventiva), negarse a entrevistar a dos testigos clave, desacatar la orden de un tribunal colegiado federal y tardarse más de un año en dar trámite a un amparo, por solo citar lo más relevante.
Todos estos hechos, de acuerdo con la defensa del empresario Gómez Lara, desnudan un montaje para presionar y amedrentar a su defendido, en una maniobra donde las influencias han sido factor clave para lograr ese objetivo.
Dos personajes controversiales del ámbito judicial aparecen en este entramado de corrupción: la jueza Sarahí Escobar Acosta, quien antaño fuera exhibida por otorgar amparos en Veracruz a exfuncionarios del exgobernador encarcelado Javier Duarte y el magistrado Alberto Flores de quien se sabe que tiene un despacho jurídico en Torreón manejado por su yerno para litigar asuntos en los que influye para que las resoluciones sean favorables a sus clientes.
La jueza Escobar Acosta se ha encargado de mantener en la congeladora la resolución del amparo solicitado por Gómez Lara para revertir la medida cautelar de prisión preventiva y el magistrado Flores ha dado todas las facilidades para que los abogados del despacho de su yerno, representantes de “Generación Industrial” (empresa demandante que es propiedad de Salomón Issa Tafich), puedan acceder a zonas restringidas del Centro de Readaptación Social de Torreón, haciéndose pasar como abogados del demandado para presionarlo.
Este caso ha sido expuesto en tres ocasiones ante la presidenta Claudia Sheinbaum en “la mañanera del pueblo” sin que hasta ahora se sepa que su gobierno haya tomado cartas en él.
El juez a cargo del asunto, José Samuel Borrego Rodríguez, retiró hace unos días la medida cautelar de prisión preventiva por instrucción de un tribunal federal, pero en ese mismo acto la volvió a imponer.
“Generación Industrial”, la parte acusadora, ha dicho a esta columna que solo ejerció su “legítimo derecho de defensa aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes con los que justificó una afectación a su patrimonio” y que “continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales y no en los medios de comunicación”.
Ahora sí que juzgue usted.
Instantáneas:
1. SOBRE EL CRIMEN DE TLALPAN. Se espera que mañana se den a conocer significativos avances de la investigación del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, cercanos colaboradores de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, cometido la mañana del martes 20 de mayo sobre la transitada Calzada de Tlalpan. El viernes pasado, después de recibir a las gobernadoras y gobernadoras que forman parte del sistema IMSS-Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió durante más de una hora en el Palacio Nacional con la jefa de gobierno, Clara Brugada, y con la fiscal general de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. Ambas funcionarias capitalinas, según pudo saberse, sostienen de acuerdo con sus análisis, que fue “una operación quirúrgica de alto nivel, perpetrada por una célula criminal especializada y altamente sofisticada, en el contexto de la confrontación entre el Estado y grupos delictivos que resienten la presión operativa y responden con actos espectaculares para ganar visibilidad”. De acuerdo con esta interpretación, no se trató de un episodio que refleje inseguridad generalizada y que equiparar la doble ejecución con una inseguridad cotidiana “confunde dos fenómenos que son distintos: la delincuencia común que muestra claras reducciones, y la violencia estratégica de grupos delictivos que busca influir en agendas políticas y mediáticas”. Ya veremos.
2. ACORDEONES Y VIDEOS. Una vez que ha quedado al descubierto la operación que se hace lo mismo desde el gobierno federal que desde estados gobernados por la oposición como Nuevo León para influir en la elección judicial, la presidenta Sheinbaum tuvo que deslindarse de esas prácticas en la conferencia mañanera del pasado viernes. A pesar de que la titular del Ejecutivo pidió que el INE y el TEPJF investiguen e inhiban prácticas como los ya famosos acordeones, es muy probable que esta semana se hagan públicos videos y audios en donde funcionarios de alto nivel como Leonel Cota, Esthela Damián y altos mandos de la SEGOB han estado “dando línea” a operadores políticos locales. ¿Será que en Palacio Nacional no están al tanto de lo que se opera en las oficinas de Bucareli?
3. EL ORQUESTADOR DEL “CULIACANAZO”. Al atacar a una patrulla del Ejército para evadir su captura, cayó abatido ayer en Navolato, Sinaloa, Humberto Figueroa Benítez alias “El Perris” o “El 27”, principal responsable de la seguridad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y por cuya captura el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de un millón de dólares. La información fue confirmada por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El sicario ya había evadido dos operativos de fuerzas especiales para su captura, uno en el municipio de Angostura y el otro en Culiacán. Tocó a “El Perris” orquestar la violenta reacción en la capital sinaloense tras la primera captura de Ovidio Guzmán López el 17 de octubre de 2019. Fue el llamado “culiacanazo” el que obligó a AMLO a ordenar la liberación de ese hijo de “El Chapo”. Ovidio fue posteriormente detenido el 5 de enero de 2023 y ocho meses después, el 15 de septiembre de ese año, extraditado a Estados Unidos.
4. OTRA DE CAL. Una Corte Civil de Florida en Estados Unidos sentenció al condenado por narcotráfico Genaro García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereyra a pagar al gobierno de México 749 millones de dólares y mil 740 millones de dólares, respectivamente, como reparación del daño que le ocasionaron mediante un esquema de defraudación que operaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los detalles del referido esquema fraudulento fueron informados ampliamente el mismo viernes por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. El punto aquí es que ese mismo día, un Tribunal Colegiado de Circuito de nuestro país resolvió amparar a la esposa de García Luna para que pueda utilizar libremente, pese a semejante adeudo, el sistema financiero mexicano. ¿De a cómo no?
5. LORETTA INCLINA BALANZA. A una semana de la elección judicial, la ministra en funciones Loretta Ortiz Ahlf muestra un avance en las preferencias no solo para permanecer en la Corte sino para presidirla con la obtención del mayor número de votos entre las contendientes. Con diferencias cerradas y de acuerdo con una reciente encuesta de “Electoralia”, Ortiz Ahlf lidera con 20% de la intención del voto frente a fuertes contrincantes como las también ministras en funciones Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa. El ascenso de Loretta Ortiz se ha dado conforme su conoce su amplia trayectoria amplia, sin escándalos y siempre con el objetivo de acercar al Poder Judicial con el pueblo, para poder impartir una verdadera justicia de acuerdo con los intereses de la gente. El 23% de los encuestados dijeron creer que Loretta Ortiz fungirá como la próxima presidenta de la Suprema Corte, seguida en la encuesta por Esquivel Mossa con 18% y Lenia Batres con 14%. Mientras que la también aspirante Paula García Villegas Sánchez Cordero obtuvo uno por ciento de las preferencias.
6. ADIÓS AL CLIENTELISMO. En la alcaldía Cuauhtémoc, al parecer, los formatos innovadores implementados por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega le están cayendo bien a sus gobernados. Después de varios años en los que solo conocían el clientelismo electoral en tiempos de campaña, ahora ven la cercanía con la autoridad que cotidianamente promueve la también activista, según se aprecia en las mediciones de varias casas encuestadoras. Programas como “Alcaldía en tus manos” y “Alcaldesa en tu casa” así como los consejos vecinales de seguridad, le han significado una oportunidad única y no registrada en la historia reciente de la alcaldía. El contacto directo con la alcaldesa y con su equipo de trabajo, así como la gestión inmediata de las necesidades de sus comunidades, han sido bien recibidos. De ahí que crezcan las calificaciones sobre el desempeño de Alessandra, quien ha dicho que piensa hacer la mejor gestión en la historia en el corazón de México.
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