Por lo visto y dicho durante la semana que termina sobre el presunto “narco rancho” de Teuchitlán, Jalisco pareciera que ni la presidenta Sheinbaum ni el fiscal general Gertz ni los partidos de oposición y tampoco la sociedad civil aprendimos las dolorosas y políticamente costosas lecciones que ha dejado desde hace diez años la irresuelta desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por sus recientes declaraciones puede inferirse que la presidenta Sheinbaum tiene claro que el hallazgo de pilas de zapatos y ropa así como de restos óseos y estructuras parecidas a crematorios hecho por el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” en el llamado rancho Izaguirre, desvendó la herida abierta e infectada de los desaparecidos en México (120 mil reconocidos por el Estado), lo que demanda de su gobierno todo el apoyo a las víctimas, exige una investigación objetiva que lleve a la verdad sin lugar a dudas y obliga a deslindar esos objetivos cruciales de las insultantes maniobras del oficialismo y la oposición de derecha para imponer sus narrativas de lo ocurrido.
Esto es, avanzar en la investigación de los hechos sin permitir que esa tarea se contamine de las filias y las fobias políticas que, como en Ayotzinapa, hicieron abortar todos los intentos de esclarecimiento y descarrilaron muy tempranamente al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero Sheinbaum, por lo visto, no ha logrado hasta ahora imponer ese deslinde.
Se entiende que la gravedad del hecho y los ataques que genera contra su gobierno presionan para una pronta y contundente respuesta.
El hallazgo de los “Guerreros Buscadores” fue el 5 de marzo y Sheinbaum le entró al tema en la mañanera hasta cinco días después, inmersa como estaba en la agenda informativa de los aranceles de Trump.
Para entonces y de la mano con la furia y frustración comprensibles de los buscadores, la opinión pública ya tenía un veredicto comprado a la narrativa opositora: es un campo de reclutamiento, entrenamiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿Tal es la realidad? La presidenta dijo que es la narrativa impuesta por los críticos de su gobierno y que mañana rebelará quiénes son.
Pero ¿qué tal que resulta que si lo es? Hay datos oficiales que permiten suponerlo.
De acuerdo con la SEGOB, entre 30 mil y 40 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 17 años son reclutados forzadamente por la delincuencia organizada para ser entrenados y cometer actos de extrema violencia. Los más expuestos viven en 50 municipios de 18 estados. Eso significa que más de la mitad de los estados de la república tienen presencia del crimen organizado y que unos 250 mil niños en el país son vulnerables a tales reclutamientos por la creciente presencia criminal, la pobreza, el abandono, la violencia familiar y la falta de oportunidades. Las formas de reclutamiento van desde las invitaciones de otros menores hasta las convocatorias a ocupar vacantes falsas de trabajo y amenazas de todo tipo.
Mientras tanto crece el reclutamiento de mujeres para la trata: setecientas el año pasado, aunque se sabe que no se denuncia más de 90% de ese delito que se ha convertido para la mafia en uno de los más rentables, sino es el que más, según información del el Museo Memoria y Tolerancia.
En medio de todas esas tensiones, Sheinbaum ofreció que el fiscal general Gertz daría toda la información del caso el pasado miércoles 19 de marzo. No dijo gran cosa: confirmó que hay evidencia de restos óseos, pero no de actividades de cremación y culpó al gobierno de Jalisco de la custodia irregular del predio que había sido ubicado y cateado en septiembre pasado por la Guardia Nacional con la detención de diez personas y la liberación de dos secuestradas.
El viernes pasado el rancho Teuchitlán se abrió a la prensa y a los buscadores. Dijeron que fue un montaje para los medios. Sheinbaum, para entonces, ya había caído en la provocación y les dijo “carroñeros e hipócritas”.
Así las cosas, el caso se mediatizó y politizó más, en detrimento de la búsqueda objetiva de los ocurrido.
¿Se está construyendo una “verdad histórica” como la creada para Ayotzinapa? Esa la mató Gertz el 30 de junio de 2020. Ahora, por cosas de eso que llaman karma ¿le tocará encontrar o construir la “verdad histórica de Teuchitlán?
Instantáneas:
1. MÁS DEL CÁRTEL DE LA INSEGURIDAD. Sobre la columna del viernes pasado acera del llamado cártel de la inseguridad, me hacen saber que en el Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación mantienen bajo la lupa y muy bien documentado cómo los millonarios contratos que gobiernos estatales e instituciones públicas han dado a Seguritech como su proveedor de tecnología de seguridad, les han permitido a los socios de la empresa Ariel Picker Schatz y Daniel Esquenazi un nivel de vida que incluye mansiones en Vail, Los Cabos y hasta 184 hectáreas de viñedos en Guanajuato. Llama la atención que aun así buscan un nuevo contrato por tres mil millones de pesos en Morelos, en un proceso licitatorio a cargo del secretario de Seguridad del estado, Miguel Ángel Urrutia. ¿Será posible después del desastre en Jalisco? Porque la empresa de marras operó los sistemas de videovigilancia, incluido los de Teuchitlán. Fueron contratados por el gobierno de Enrique Alfaro sin que se lograra contener la inseguridad y la violencia. No parece haber justificación para premiarla con otro negocio.
2. OTRA DE RECOMENDADOS. No dejan de brincar sorpresas en el escándalo de corrupción que protagoniza Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) por la detectada y frenada adquisición con sobrecosto de trece mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos para este año. Resulta que el aún director de BIRMEX, Iván Olmos Cansino -cuya cabeza estaría por rodar para ser sustituido por el exsecretario particular de Claudia Sheinbaum y diputado federal Carlos Ulloa, quien ya pidió licencia para dejar su curul- contrató entre otros directores de área a Miguel Ángel Buenrostro Vera, sobrino (nepote en italiano) de Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno a la que se le encargó la investigación de este presunto delito que por su monto es equivalente al cometido en SEGALMEX durante el gobierno de AMLO.
3. TRATO DE MARCHA. En medio de la transición en la titularidad de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, su todavía jefe de Administración y Finanzas, Jorge Trejo trata de adjudicar contratos a empresas afines a sus intereses, como sucede con el proceso No. IA-06712-006000988-N23-2025 relativo al servicio integral de limpieza de instalaciones. Los requisitos fueron arbitrariamente cambiados en la junta de aclaraciones, presidida por el funcionario hacendario Héctor Gervasio Jiménez, imponiéndose candados para favorecer a un único proveedor que quedará, aun y cuando su oferta económica presente un precio máximo que representará un sobrecosto para Hacienda.
RaulRodriguezC
