El buque mercante con bandera de Hong Kong SEASPAN RAPTOR, atracó el pasado sábado 22 de abril en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Zarpó días antes -según se tiene registro- del puerto de Busan, Corea del Sur, pero algunos de sus contenedores habían sido cargados en el puerto chino de Qingdao, en la costa del Mar Amarillo, sin que se tenga claro hasta ahora cómo fueron trasladados del puerto chino al puerto coreano.
Desde Busan, el SEASPAN RAPTOR inició una travesía por el océano Pacífico que lo llevó a fondear el 19 de abril en el puerto de Manzanillo y tres días después en el de Lázaro Cárdenas, donde fue sometido a los protocolos de revisión y seguridad de las autoridades mexicanas.
Iniciados éstos, los perros marcaron algo en uno de los contenedores. Fue entonces que entro en acción personal de Marina del laboratorio de alta especialidad dedicado a detectar sustancias ilícitas. A la tarea se sumaron especialistas de los laboratorios de la aduana de Lázaro Cárdenas y de la Cofepris.
Fue de esa manera que el pasado jueves 4 de mayo, se detectó un cargamento de origen chino con 600 bultos de 35 kilos cada uno, de un material denominado “resina de combustible”, contaminado de fentanilo y metanfetaminas. Estamos hablando de un aseguramiento de más de veinte toneladas, gran parte del cual es fentanilo en micro pastillas, de acuerdo con reportes internos de la Semar.
El buque, de 330 metros de eslora (longitud) y 48 metros de manga (ancho), siguió su camino y solo quedaron asegurados contenedor y droga, la cual -decíamos- no se sabe cómo llegó del puerto chino de Qingdao al coreano de Busan, lo que “es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para enmascarar de dónde o por dónde vienen los contenedores”, dijo el viernes pasado AMLO al confirmar el aseguramiento.
Para él, este aseguramiento es la prueba ofrecida a la República Popular China de que el fentanilo nos viene ilegalmente de allá, aserto que el gobierno Pekín negó, luego de que lo señalara AMLO en respuesta a la insistente acusación estadounidense de que el fentanilo se “cocina” en laboratorios clandestinos instalados en México.
La Marina asegura categóricamente que nuestro país no produce fentanilo y que en los frecuentes aseguramientos de laboratorios no han encontrado evidencia de que tengan capacidad para generar, por ejemplo, los cien grados centígrados requeridos para la fusión de la droga.
Con ese argumento y otros que evidencian en imágenes que se trabaja sin la protección de guantes o máscaras, con una droga cuya producción también es mortal, respondió el almirante secretario José Rafael Ojeda Duran a los reportajes de 4News y Sky News que reprodujo el canal mexicano Imagen TV con la hipótesis de que México sí produce fentanilo.
Que sea o no así parece en términos prácticos una discusión absurda que distrae la colaboración requerida para solucionar el grave problema. Es un hecho que el fentanilo y/o sus precursores transitan por aquí, normalmente venidos de oriente, hacia el enorme mercado estadounidense, donde sus propias mafias participan en el negocio de la distribución.
Lo que no hay que perder de vista son los intereses aviesos de fondo: 1. Meternos a la creciente conflictiva chino-estadounidense y 2. Reforzar en Estados Unidos como parte del debate preelectoral, que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones terroristas y justificar así, de acuerdo con sus leyes embudo, intervenciones armadas en nuestro territorio.
Instantáneas:
1. LAS SANCIONES QUE VIENEN. Se espera que pasado mañana martes en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debata la iniciativa de ley que no solamente propone designar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas y con ello abrir la puerta al uso de su fuerza militar para combatir al narco en Nuestro país. También implicaría otras sanciones como la suspensión de corresponsalías de bancos mexicanos en Estados Unidos, restricciones a la cooperación bilateral y prohibición de nuestras importaciones. Esto lo advirtió vía Twitter el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, al confirmar que los representantes republicanos ya presentaron la correspondiente iniciativa de ley H.R.2 sobre la Ley de Seguridad Nacional 2023.
2. PLAN B. El pleno de la Corte iniciará mañana la discusión sobre las demandas de inconstitucionalidad de la primera parte del llamado Plan B Electoral. El proyecto de sentencia a cargo de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán plantea considerar inconstitucionales las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por francas violaciones al proceso legislativo. Para la declaración de inconstitucionalidad de ambas leyes se requiere de ocho de los once votos de los integrantes del pleno, mismos que parecen ya estar garantizados si nos atenemos al sentido de recientes votos de los jueces constitucionales. La decisión de discutir el asunto mañana fue tomada por el pleno de ministros en reunión privada del jueves pasado, luego de que la Corte recibiera y rechazara la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de atender primero, y por orden de prelación, impugnaciones anteriores a la Ley General de Comunicación Social que estaban en manos de la ministra Loretta Ortiz, quien retiró so proyecto de sentencia luego de que el pleno decidiera entrarle la a la primera parte del Plan B por la premura que marcan los tiempos electorales para 2024.
3. ATORADOS están en el INE algunos de los nombramientos de los directivos que operaran con el Consejo General que encabeza Guadalupe Taddei. Caso sensible y crucial es el de quien será el nuevo secretario ejecutivo del órgano electoral. Taddei propone a quien durante años ha sido su mano derecha, Flavio Cienfuegos, un especialista en administración pública. El problema es que Cienfuegos, director de Administración del IMSS al inicio de este gobierno, fue enunciado por el entonces director del instituto, Germán Martínez por presuntas irregularidades y omisiones que afectaron la adquisición y abasto de insumos médicos, al menos en una de las delegaciones del Seguro Social. La designación de Cienfuegos o de quien quede al frente de la secretaría ejecutiva del INE requerirá del voto de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.
4. QUE DECIDAN LOS REPARTIDORES. ¿Sabía usted que China encabezó el ranking de los países con mayor volumen de facturación por servicios en línea de entrega de comida a nivel mundial en 2022? El gigante asiático supera en más del doble a los ingresos registrados por Estados Unidos, que ocupa la segunda posición de la lista con aproximadamente 63 millones de dólares, según los últimos datos del Digital Market Outlook de Statista. México se encuentra en el lugar catorce con mil 817 millones de dólares. El delivery en México es un sector que ha beneficiado a miles de personas y que ha permitido que repartidores, y también conductores, puedan contar con un ingreso adicional que les permita continuar con estudios, pagar deudas, pagar colegiaturas. Sin embargo, la Unión de Trabajadores por Aplicación (UNTA) continúa intentando materializar una reforma laboral, entablando diálogos con autoridades donde no estaban presentes los verdaderos representantes de las y los repartidores mexicanos. La UNTA fue constituida por los dueños de Transporte Norte de Sonora y Bicentenario RFM, empresas que ya quebraron y cuyas actas constitutivas fueron utilizadas por la UNTA para cumplir con los requisitos solicitados por la STPS, de Luisa María Alcalde, para registrarse como sindicato. Esto significa que, además de su origen fraudulento, la UNTA representa a transportistas, un gremio que no ve con buenos ojos a las aplicaciones y sus trabajadores independientes y que tiene intereses en que desaparezcan. Basta con recordar lo que David Esquivel, líder de este sindicato y conocido como El Santanero, afirmó sobre los repartidores que han fallecido por accidentes automovilísticos: "Pinches pobres muertos repartidores. Olvídense de los muertos ¿Por qué no hacen su sindicato?" La industria mexicana del delivery no puede estar sujeta a los intereses de unos cuantos que únicamente quieren obligar a los repartidores a sindicalizarse para sacarles cuotas. Ojalá tanto legisladores y funcionarios, como la propia Luisa María Alcalde, se den cuenta de este potencial riesgo.
@RaulRodriguezC raulrodriguezcortes.com.mx