Este 11 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá en sus manos uno de los casos más polémicos y cuestionados del sistema penal mexicano. Se discutirá si Juana Hilda González Lomelí, señalada como una de las supuestas integrantes de la banda de secuestradores del caso de Hugo Alberto Wallace Miranda, continúa en prisión o si, por fin, se le concede su libertad, luego de 19 años de encierro y una condena de 78 años por un crimen que no cometió.
Juana Hilda ha pasado casi dos décadas en prisión, acusada de participar en el presunto secuestro y descuartizamiento de Hugo Alberto, ocurrido el 11 de julio de 2005. Hoy me atrevo a afirmar, con total convicción, que es inocente. Lo hago no solo por una cuestión de empatía y solidaridad, sino porque he tenido acceso directo a su expediente y puedo decir que conozco a profundidad su caso pues en marzo de este año La Cana[1], organización que dirijo, junto con Perteneces[2], encabezada por José Mario de la Garza, presentamos un Amicus Curiae[3] en el juicio de amparo directo 26/2022. En este documento detallamos las múltiples violaciones a derechos humanos que ha sufrido Juana Hilda, en uno de los procesos penales más arbitrarios y viciados que he conocido en mi trayectoria.
Toda la acusación se basa en la confesión de Juana Hilda, obtenida sin la presencia de un defensor y bajo tortura, lo cual ya fue confirmado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación 150VG/2024[4]. Esta confesión, lejos de ser prueba de culpabilidad, fue el punto de partida para construir toda una narrativa que incrimina a sus coprocesados y sostiene la versión impulsada por María Isabel Miranda de Wallace. En ella, Juana Hilda habría llevado a Hugo Alberto al cine, para después trasladarlo a su departamento, donde, con ayuda de César Freyre Morales y Jacobo Tagle Dobín, lo privaron de la libertad y posteriormente lo descuartizaron con una sierra eléctrica.
Para reforzar esta versión fabricada, las autoridades y la señora Wallace manipularon y amedrentaron a los testigos, quienes en sus primeras declaraciones afirmaron que ese día no ocurrió nada fuera de lo común. Incluso, señalaron que en el edificio “se escucha hasta el sonido de una moneda al caer” y, en consecuencia, un acto como el uso de una sierra eléctrica habría sido notoriamente perceptible. Sin embargo, tras presiones y amenazas, cambiaron su versión y afirmaron haber visto a tres personas con la caja de una sierra eléctrica y salir con maletas del lugar.
Algunos de estos testigos fueron incluso denunciados por el delito de falsedad ante autoridad, con el único objetivo de forzarlos a declarar algo que respaldara la hipótesis de la acusación. A esto, se suma la siembra de pruebas, entre las que destaca una mancha de sangre encontrada en el baño del departamento de Juana Hilda, que por increíble que parezca coincidió con el perfil genético de José Enrique del Socorro Wallace Díaz, padre adoptivo (no biológico) de Hugo Alberto.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo coincidir la muestra con una persona que no es su padre biológico? Por más enredado que parezca, está acreditado que el verdadero padre de Hugo Alberto es Carlos León Miranda, primo de la señora Wallace. Es decir, tanto las autoridades como la señora Wallace, manipularon la evidencia a tal grado que la muestra de sangre encontrada en el baño coincidió con una de quien no tiene relación biológica con Hugo Alberto.
Ante este panorama, es válido preguntarse: ¿por qué crear todo esto?, ¿qué motivó a la señora Wallace a inventar un secuestro, simular una muerte y fabricar una banda de culpables? Las investigaciones periodísticas, como las de Ricardo Raphael, apuntan a que Hugo Alberto tenía cuentas pendientes con un peligroso narcotraficante de la época, conocido como La Barbie, y que posiblemente se planeó su desaparición para protegerlo. Fingir un secuestro y asesinato habría sido, para la señora Wallace, un mal menor frente al ajuste de cuentas inevitable.
Este caso está plagado de irregularidades, contradicciones y violaciones flagrantes a los derechos humanos. La historia de Juana Hilda es la literalidad del efecto corruptor del Estado: tortura, arraigo ilegal, manipulación de pruebas, coacción a testigos, alteración de indicios, abuso de poder y una justicia que actuó bajo consigna política y mediática. A pesar de toda esta evidencia, ella sigue en prisión, y eso solo demuestra que en México, quien tiene poder, dinero e influencia puede torcer la justicia a su antojo.
Este 11 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la oportunidad de rectificar uno de los episodios más oscuros del sistema penal. Ministros, les pedimos que otorguen el amparo a Juana Hilda, se reconozca su inocencia y se le conceda la libertad inmediata. No como un acto de piedad, sino como el cumplimiento mínimo de justicia tras casi dos décadas de brutalidad institucional.
[1] Organización que trabaja con mujeres privadas de su libertad para buscar su reinserción en la sociedad, siendo uno de sus ejes Proyecto Libertad, mediante el cual defendemos a quienes no debería estar en prisión.
[2] Organización que trabaja por la defensa de los Derechos Humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y de personas privadas de su libertad.
[3] Documento técnico que terceros, grupos o instituciones interesadas en una controversia legal, pueden presentar a un tribunal sin ser parte del litigio, para proporcionar información u opiniones tecinas para colaborar en la resolución de la materia objeto del proceso por ser de trascendencia social o en los que se pretenda proteger derechos humanos.
[4] https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-03/RecVG_150.pdf
